Bruselas blindará a Bélgica ante demandas por usar activos rusos para Ucrania
La Comisión Europea ha ofrecido a Bélgica amplias garantías jurídicas y financieras para que no cargue en solitario con las posibles consecuencias de emplear activos rusos congelados en territorio europeo como respaldo de un préstamo de hasta 140.000 millones de euros a Ucrania, según un escrito remitido por Ursula von der Leyen a las capitales de la UE y filtrado a la prensa. El Ejecutivo comunitario se compromete a que los Estados miembros asuman los riesgos derivados de eventuales demandas rusas, incluso cuando se levante la inmovilización de los activos, y extiende ese paraguas a los conflictos que puedan surgir del tratado bilateral de inversiones entre Bélgica y Rusia de 1989.
Más allá del uso de los activos rusos, Von der Leyen plantea en el mismo documento otras dos vías alternativas de financiación que implican recurrir directamente al dinero de los Veintisiete —mediante subvenciones o préstamos respaldados por el presupuesto comunitario— para garantizar que Kiev reciba el apoyo necesario aunque el plan sobre los activos siga encallado por las reservas belgas.
El préstamo de “reparaciones”
La propuesta estrella de la Comisión es un gran “préstamo de reparaciones” de hasta 140.000 millones de euros, diseñado para apoyarse en los beneficios generados por los activos del Banco Central de Rusia inmovilizados en la UE, en lugar de confiscar directamente el principal. Bruselas defiende que este esquema permite ayudar de forma sostenida a Ucrania sin cruzar las líneas rojas legales que muchos Estados miembros consideran infranqueables.
El plan se apoya en los intereses y rendimientos que producen esos activos, mayoritariamente depositados en la cámara de compensación Euroclear, con sede en Bruselas. Los beneficios acumulados se utilizarían para cubrir el coste del préstamo y sus eventuales pérdidas, de modo que el impacto directo sobre los presupuestos nacionales se reduzca al mínimo.
Temor a demandas rusas
El principal obstáculo procede de Bélgica, que teme convertirse en el objetivo prioritario de eventuales demandas rusas en tribunales nacionales e internacionales, al concentrarse en su territorio una parte sustancial de los activos congelados. El Gobierno belga advierte de que cualquier movimiento percibido por Moscú como una confiscación encubierta podría desencadenar litigios prolongados y costosos.
En su carta, Von der Leyen trata de desactivar ese bloqueo ofreciendo un compromiso explícito: los demás Estados miembros compartirán los riesgos derivados de posibles represalias rusas «también después de que se levante la inmovilización de los activos». De esta forma, se intenta asegurar a Bruselas que no quedará expuesta en solitario a reclamaciones futuras una vez que termine el régimen de sanciones.
El papel de Euroclear
La posición belga está estrechamente ligada al peso de Euroclear, el depositario internacional de valores con sede en Bruselas que custodia la mayor parte de los activos soberanos rusos congelados en la UE, valorados en más de centenares de miles de millones de euros según distintas estimaciones. Solo en 2023, Euroclear obtuvo beneficios de varios miles de millones gracias a la gestión de esos fondos.
Dado que las ganancias de los activos se generan físicamente en Bélgica, cualquier intento de canalizarlas hacia Ucrania abre la puerta a que Rusia dirija sus acciones legales contra la jurisdicción belga y contra la propia Euroclear. Ese riesgo jurídico y reputacional explica la insistencia del Gobierno de Bart De Wever en exigir garantías sólidas de reparto de responsabilidades antes de levantar su veto.
Tratado bilateral con Rusia
Otra pieza sensible del rompecabezas es el tratado bilateral de inversiones entre Bélgica y Rusia, firmado en 1989, que protege a los inversores de ambos países frente a expropiaciones y cambios regulatorios discriminatorios. Los juristas temen que Moscú pueda invocar ese acuerdo para impugnar el uso de los activos congelados y reclamar compensaciones millonarias.
La Comisión asegura en su carta que las garantías ofrecidas cubrirán también los riesgos ligados a ese tratado, de forma que posibles indemnizaciones o sentencias adversas no recaigan exclusivamente sobre el presupuesto belga. En paralelo, Bruselas ha sugerido a Bélgica y a otros Estados con acuerdos similares que estudien la posibilidad de denunciar o revisar esos tratados para reducir la exposición a futuras demandas.
Opciones alternativas de financiación
En caso de que el esquema basado en los activos rusos no logre el consenso necesario, Von der Leyen plantea dos opciones adicionales. La primera pasa por que los Estados miembros aporten subvenciones directas a Ucrania, prorrateadas entre las capitales en función de su peso económico. La segunda consiste en que la Unión emita deuda conjunta en los mercados con el respaldo de su propio presupuesto, para después canalizar los fondos hacia Kiev en forma de préstamos.
La presidenta de la Comisión subraya que estas alternativas pueden combinarse con el uso de los beneficios de los activos rusos, pero asume que resultan políticamente más difíciles de vender en unos Estados miembros sometidos ya a fuertes presiones fiscales por el aumento del gasto en defensa y energía. Aun así, Bruselas insiste en que el mensaje estratégico debe ser claro: el flujo de apoyo financiero a Ucrania no puede quedar a merced de un solo instrumento.
Calendario y presión política
En su misiva, Von der Leyen advierte de que es necesario alcanzar un compromiso político antes del próximo Consejo Europeo de diciembre, para poder empezar a desembolsar fondos a Ucrania a partir del segundo trimestre de 2026. La Comisión avisa de que, sin un acuerdo sobre el uso de los activos rusos, los Estados miembros tendrán que recurrir a más transferencias nacionales o a nuevos empréstitos conjuntos si quieren cubrir las necesidades financieras de Kiev para los próximos años.
El pulso entre Bruselas y Bélgica se ha convertido así en una prueba clave de hasta dónde está dispuesta a llegar la UE en el terreno financiero y jurídico para sostener a Ucrania. El diagnóstico que emerge de la carta es claro: o se comparten los riesgos derivados de los activos rusos, o los Estados miembros deberán pagar más de su propio bolsillo. En ese equilibrio entre solidaridad interna y presión externa del Kremlin se decidirá la arquitectura del próximo gran paquete de ayuda europea a Kiev.