EEUU mata a cuatro supuestos ‘narco-terroristas’ en un ataque a un barco en el Caribe
El Mando Sur estadounidense afirma que la embarcación transportaba drogas por una ruta conocida de narcotráfico y que fue alcanzada en aguas internacionales, en el marco de la nueva operación militar ‘Southern Spear’.
Estados Unidos ha confirmado que cuatro hombres murieron en un nuevo ataque contra una embarcación que el Pentágono describe como un «barco narco» en el mar Caribe. El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó de que un componente de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un «ataque cinético letal» contra el navío en aguas internacionales, tras determinar que transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes. El golpe forma parte de la recién bautizada operación ‘Southern Spear’, el despliegue con el que la administración Trump dice combatir a los «narco-terroristas» en el hemisferio occidental.
Según fuentes del Departamento de Defensa citadas por medios estadounidenses, se trata del vigésimo ataque contra una embarcación acusada de transportar drogas desde que comenzó la campaña aérea en septiembre, con un balance de al menos 80 fallecidos y dos supervivientes repatriados. Estas acciones se enmarcan en la escalada militar de Washington en el Caribe y el Pacífico oriental, apoyada en el despliegue de nuevos buques de guerra, entre ellos el portaaviones USS Gerald R. Ford, y han abierto un intenso debate jurídico y político sobre su ajuste al derecho internacional.
Operación en aguas internacionales
En su comunicado, SOUTHCOM explicó que la unidad actuó tras recibir inteligencia que «confirmaba» que la embarcación «participaba en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba drogas». El ataque, descrito como un «lethal kinetic strike», se produjo en aguas internacionales del mar Caribe, lejos de las costas de cualquier país, según la versión oficial.
Los cuatro ocupantes del barco, identificados por los militares como «varones narco-terroristas», murieron en la acción y no se registraron supervivientes. Washington no ha hecho públicos ni la nacionalidad de los fallecidos ni la localización precisa del ataque, un patrón que se ha repetido en la mayoría de las operaciones de esta campaña, lo que dificulta la verificación independiente de los hechos y la identificación de las víctimas.
La nueva operación ‘Southern Spear’
El ataque se integra en la operación ‘Southern Spear’, presentada oficialmente este jueves por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, como una misión para «defender la patria, eliminar a los narco-terroristas de nuestro hemisferio y frenar las drogas que matan a nuestro pueblo». Bajo este paraguas se agrupan los ataques lanzados por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear en el área de responsabilidad de SOUTHCOM.
Según Hegseth, la campaña combina medios tripulados y sistemas autónomos —incluidos drones— para localizar y destruir embarcaciones que Estados Unidos vincula a carteles y grupos designados como organizaciones terroristas, como el Tren de Aragua venezolano o la guerrilla colombiana del ELN, aunque Washington ha ofrecido pocos detalles públicos sobre la inteligencia que sustenta esas acusaciones.
Veinte ataques desde septiembre
El último bombardeo eleva a 20 el número de ataques contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico desde el inicio de la campaña, el 1 de septiembre, cuando un primer barco procedente de Venezuela fue hundido con 11 muertos, según el propio presidente Donald Trump. Desde entonces, la operación se ha extendido tanto por el Caribe como por el Pacífico oriental, frente a las costas de Venezuela, Colombia y otros países de la región.
De acuerdo con un recuento elaborado a partir de datos del Pentágono y agencias de prensa, los ataques han causado al menos 80 fallecidos y han destruido 21 embarcaciones, dejando apenas dos supervivientes, que fueron trasladados a buques estadounidenses y posteriormente repatriados. Algunas operaciones se han desarrollado en coordinación con marinas de la región, como la de la República Dominicana, que recuperó un cargamento de un millar de kilos de cocaína tras uno de los bombardeos.
Debate legal y de derechos humanos
La ofensiva ha desatado críticas de expertos de la ONU y organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la legalidad de usar fuerza letal en aguas internacionales contra sospechosos de narcotráfico sin un proceso judicial ni pruebas públicas. Un grupo de relatores de Naciones Unidas ha calificado estas acciones como posibles «ejecuciones extrajudiciales» y ha pedido a Washington que detenga los ataques y permita investigaciones independientes.
La administración Trump sostiene, por el contrario, que se trata de una «conflicto armado no internacional» contra «combatientes ilegales» vinculados a carteles, lo que, a su juicio, habilitaría el uso de fuerza militar sin necesidad de que exista una amenaza inmediata. Juristas y diplomáticos advierten, sin embargo, de que esa interpretación ampliada de la guerra contra las drogas puede sentar un precedente para el empleo de drones y misiles en otros escenarios, al margen de los marcos tradicionales de seguridad colectiva.
Impacto regional y reacciones políticas
Los ataques se producen en paralelo a un fuerte despliegue naval estadounidense en el Caribe, con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford y escoltas que elevan a unos 15.000 los efectivos en la zona, según estimaciones de prensa estadounidense. Washington presenta este dispositivo como una operación centrada en el narcotráfico, pero varios analistas lo interpretan también como una presión directa sobre el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
En la región, las reacciones están divididas. Gobiernos como el de Guyana han respaldado la presencia militar de Estados Unidos, mientras que el eje formado por Venezuela, Cuba y Nicaragua denuncia una «ofensiva imperialista». En Europa, Francia ha alertado de que las operaciones estadounidenses «vulneran el derecho internacional» y pueden desestabilizar el Caribe, y varios medios han informado de que el Reino Unido ha congelado parte del intercambio de inteligencia con Washington para no verse implicado en los ataques, extremo que Estados Unidos niega.
Lo que está en juego
El Pentágono defiende que los ataques han contribuido a cerrar la ruta caribeña de la cocaína, elevando el coste del tráfico y mermando los ingresos de organizaciones criminales, aunque la administración no ha presentado datos públicos detallados que permitan comprobar ese impacto. Al mismo tiempo, organizaciones humanitarias y expertos advierten de que la destrucción de embarcaciones en alta mar, sin transparencia sobre quiénes viajaban a bordo, puede estar provocando víctimas civiles, incluidos pescadores y migrantes, y empujando a los grupos criminales a rutas más peligrosas.
El nuevo ataque contra el barco señalado como «narco» en el Caribe ilustra la normalización de la fuerza letal en la lucha antidroga estadounidense y anticipa que la operación ‘Southern Spear’ será, más que una acción puntual, una campaña sostenida con efectos imprevisibles para la seguridad y la estabilidad en el Caribe y América Latina. El desenlace de este pulso entre la lógica militar y las garantías del derecho internacional marcará, en buena medida, los límites de la próxima fase de la guerra contra las drogas.