El Senado de EE.UU. aprueba un acuerdo clave para reabrir el Gobierno tras 40 días de parálisis
Después de más de un mes de cierre administrativo, el Senado estadounidense dio un paso decisivo al aprobar por 60 votos a favor y 40 en contra un proyecto de ley para reabrir el Gobierno federal. La medida pone fin a una de las crisis más largas en la historia reciente del país y allana el camino para el restablecimiento de los servicios públicos.
El Senado de Estados Unidos ha logrado romper el bloqueo político que mantenía paralizado al Gobierno federal durante 40 días. En una votación ajustada, con 60 votos a favor y 40 en contra, los senadores aprobaron el avance de un acuerdo bipartidista que permitirá reabrir temporalmente la administración y ofrecer un respiro a los cientos de miles de empleados públicos afectados por el cierre.
Ocho miembros del grupo demócrata se unieron a los republicanos para desbloquear el procedimiento tras más de una docena de intentos fallidos desde septiembre. La legislación, que deberá ser ratificada por la Cámara de Representantes antes de llegar al escritorio del presidente Donald Trump, autoriza la financiación del Gobierno hasta el 30 de enero e incluye disposiciones para revertir despidos recientes de empleados federales, garantizar los pagos atrasados y evitar nuevas terminaciones durante el periodo de transición.
Sin embargo, el texto no incorpora una de las principales demandas del bloque demócrata: la extensión de los créditos fiscales vinculados al Affordable Care Act (la reforma sanitaria de Obama). Ese punto se someterá a una votación independiente prevista para la segunda semana de diciembre.
La aprobación en el Senado representa un respiro político y económico tras semanas de incertidumbre que habían afectado el funcionamiento de agencias federales, la actividad económica y la moral de millones de familias. Durante el cierre, numerosos servicios públicos —desde parques nacionales hasta trámites de seguridad social y programas alimentarios— se vieron suspendidos o severamente limitados, mientras que los empleados federales continuaban sin recibir salario.
La presión aumentó en los últimos días ante el riesgo de un impacto mayor sobre el crecimiento económico. Diversos analistas estiman que cada semana de cierre le cuesta al país entre 0,1 y 0,2 puntos del PIB, un factor que aceleró la necesidad de llegar a un consenso.
El acuerdo, aunque temporal, refleja la fragilidad del equilibrio político en Washington. A pocos meses de las elecciones legislativas parciales, la pugna entre demócratas y republicanos por el control presupuestario y las políticas fiscales amenaza con reactivarse una vez expire el nuevo plazo. Aun así, la votación ha sido interpretada como una señal de que ambas partes reconocen el coste político de prolongar el bloqueo.
Para el presidente Trump, que deberá firmar la ley una vez sea aprobada por la Cámara de Representantes, el reto será convertir este avance en un triunfo político y evitar nuevos enfrentamientos con la oposición. Fuentes de la Casa Blanca indicaron que el mandatario valora positivamente el acuerdo, pero insistirá en la necesidad de revisar “prioridades de gasto” en las próximas negociaciones.
Por su parte, los sindicatos federales celebraron el acuerdo como “una victoria para la sensatez”, recordando que más de 800.000 trabajadores públicos se han visto afectados por la falta de pago o la suspensión temporal. Organizaciones empresariales también aplaudieron el movimiento del Senado, considerándolo un paso esencial para restaurar la confianza económica.
A falta del voto final en la Cámara y de la firma presidencial, el acuerdo marca un punto de inflexión en una de las crisis políticas más prolongadas en décadas. No obstante, el carácter provisional del pacto mantiene abiertas las tensiones sobre la gestión presupuestaria y el papel del Estado federal, anticipando un diciembre de intensas negociaciones en el Capitolio.