El Senado de EE.UU. aprueba la ley para desclasificar los archivos de Epstein

El voto del Senado, anunciado por el líder de la mayoría Chuck Schumer con la frase «ningún senador ha presentado objeciones», culmina un proceso acelerado que ha sorprendido incluso a la Casa Blanca, que esperaba más resistencia en la Cámara Alta. La ley busca poner fin a años de opacidad en torno a la red de contactos y a la gestión institucional del caso Epstein, en un contexto marcado por teorías conspirativas y acusaciones cruzadas entre partidos.

Unanimidad en el Senado

El Senado dio luz verde al texto la noche del 18 de noviembre de 2025, utilizando un procedimiento de consentimiento unánime que permite aprobar una iniciativa sin votación nominal si ningún senador se opone. Schumer comunicó desde el hemiciclo que «no ha habido objeciones», lo que certificó el respaldo de los cien senadores al proyecto.

La rapidez del trámite ha llamado la atención en Washington. Según fuentes citadas por medios estadounidenses, la Casa Blanca esperaba que el proceso en el Senado se prolongara más tiempo, dada la sensibilidad política del asunto y las implicaciones que podría tener la publicación de los archivos para figuras relevantes de ambos partidos.

Una Cámara casi unánime

Horas antes, la Cámara de Representantes había aprobado el mismo texto por 427 votos a favor y 1 en contra, superando con holgura la mayoría de dos tercios requerida bajo el procedimiento de “suspensión de reglas”. El único voto negativo fue el del republicano Clay Higgins, que justificó su posición alegando que la divulgación masiva de expedientes podría «revelar e infligir daños a miles de personas inocentes», como testigos o familiares mencionados en las investigaciones.

La votación cerró semanas de tensión interna en el Partido Republicano. El proyecto había llegado al pleno gracias a una moción de descarga impulsada por el republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna, apoyada por 214 demócratas y cuatro republicanos que desoyeron las presiones de la Casa Blanca para frenar la iniciativa. Entre estos últimos destacaron Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert y Nancy Mace, que se enfrentaron abiertamente al presidente.

Qué exige la nueva ley

El “Epstein Files Transparency Act” obliga al Departamento de Justicia a hacer «públicamente disponibles en un formato descargable y consultable» todos los documentos, comunicaciones y materiales de investigación relacionados con la persecución penal de Jeffrey Epstein, en un plazo de 30 días desde la entrada en vigor de la ley. El texto prevé que, si es necesario, se proceda a la desclasificación de expedientes para cumplir con este mandato.

Además, el Departamento de Justicia deberá remitir a los comités judiciales de la Cámara de Representantes y del Senado un listado sin censura de “cargos públicos y personas políticamente expuestas” mencionadas en los archivos. La ley establece que los documentos no podrán ser ocultados ni editados por razones de «sensibilidad política» o potencial «vergüenza» para las personas implicadas, si bien se mantiene la posibilidad de proteger información cuya publicación pueda perjudicar a víctimas o investigaciones en curso.

Trump cambia de postura

El recorrido del proyecto ha estado marcado por los giros de posición de Donald Trump. Tras meses de oposición y de presiones a congresistas republicanos para que no respaldaran la iniciativa, el presidente anunció el 17 de noviembre que apoyaba la liberación de los archivos y pidió a sus correligionarios que votaran a favor, asegurando que su Administración «no tiene nada que ocultar».

Este cambio se produjo después de que el apoyo bipartidista a la moción de descarga hiciera inevitable la votación en la Cámara. En paralelo, Trump ha instado al Departamento de Justicia a investigar presuntos vínculos de dirigentes demócratas con Epstein, mientras continúa defendiendo que buena parte de las sospechas que le afectan forman parte de una «fabricación» de sus adversarios políticos.

Presión de víctimas y clima de sospecha

La aprobación del texto responde en buena medida a la presión sostenida de supervivientes de abusos asociados a la red de Epstein y de sus representantes legales, que llevan años reclamando transparencia y acceso completo a la documentación oficial del caso. Para estas víctimas, la nueva ley representa un paso hacia el esclarecimiento de las responsabilidades políticas y empresariales que rodearon la actividad del financiero.

Desde la muerte de Epstein en una cárcel de Manhattan en 2019, oficialmente catalogada como suicidio, el caso ha alimentado numerosas teorías conspirativas sobre una supuesta red de protección institucional y un “listado de clientes” que incluiría a políticos, empresarios y celebridades de alto perfil. La publicación de los archivos podría aportar datos inéditos, pero también reavivar el debate sobre la gestión de las autoridades y la respuesta de la justicia estadounidense.

Próximos pasos y preguntas abiertas

Tras la aprobación unánime en el Senado, el proyecto queda a la espera de la firma de Donald Trump, que ha reiterado su intención de convertirlo en ley. En ese momento, el Departamento de Justicia dispondrá de un plazo limitado para organizar, revisar y publicar los miles de documentos implicados, al tiempo que informa de forma confidencial al Congreso sobre los nombres de responsables públicos mencionados en los expedientes.

El desenlace abre una nueva fase en el caso Epstein, en la que la transparencia prometida por el “Epstein Files Transparency Act” se medirá frente a las cautelas legales y las presiones políticas. La divulgación de los archivos puede ofrecer respuestas largamente reclamadas por las víctimas y por la opinión pública, pero también plantear nuevos interrogantes sobre la responsabilidad de las instituciones y de figuras de primer nivel en uno de los escándalos más sensibles de las últimas décadas. En ese equilibrio entre derecho a saber y protección de las personas afectadas se jugará, en los próximos meses, el impacto real de esta ley.