¿Tiene sentido opositar hoy?: “Una IA aprobaría mejor que muchos opositores”
La escena es conocida y, sin embargo, rara vez se cuenta con honestidad: un opositor sale del examen con una sensación “muy mala”, como si todo el esfuerzo no hubiera servido. No habla de cansancio. Habla de identidad. “Me he olvidado de mi persona”, dice después de un año “absolutamente todo” y de casi cinco años de preparación. En la primera vuelta del examen se deja 30 preguntas sin contestar. Una barbaridad. No por falta de inteligencia, sino por un método que castiga la duda y premia el automatismo.
Tech & Law Abogados vincula esa vivencia con una crítica más profunda al modelo de selección pública: en 2026, sostienen, se sigue premiando “casi exclusivamente” lo que mejor hace una IA: memorizar y repetir. Y lo preocupante no es que las oposiciones sean duras —lo han sido siempre—, sino qué talento se queda fuera por el camino. La consecuencia es clara: el Estado puede estar eligiendo a quien mejor aguanta, no necesariamente a quien mejor decide.
Años de vida sacrificados
El núcleo del relato es brutal por su normalidad. Opositar se ha convertido en una forma de vida que exige aislamiento, renuncias y una vigilancia permanente de la culpa: cada descanso se paga. La salud mental aparece como daño colateral aceptado. “Ponen al límite su salud mental y casi nadie habla de esto”, denuncia Tech & Law. Y esa frase es más que un lamento: es la descripción de un sistema que funciona por desgaste.
Hay oposiciones que se preparan en 2 años. Otras se estiran a 4, 5 o 6. En ese tiempo, la persona se reduce a una rutina: estudio, test, repasos, simulacros. La vida se aplaza. La ansiedad se normaliza. El miedo a “perder el tiempo” convierte el descanso en traición. Y, cuando llega el examen, el cuerpo reacciona con una paradoja: cuanto más has invertido, más frágil te vuelves ante un mal resultado.
Este hecho revela la trampa: el sistema presume de meritocracia, pero opera como un filtro de resistencia psicológica. No selecciona solo conocimiento; selecciona la capacidad de soportar un entorno donde la identidad se congela.
El temario como laberinto jurídico
Tech & Law ilustra la presión con un ejemplo quirúrgico: el tema 35 de Derecho Penitenciario. La exposición reproduce el tipo de respuesta que el examen premia: norma, artículo, literalidad, encaje formal. Ley 39/2015, artículo 88: las resoluciones administrativas serán ejecutivas cuando pongan fin a la vía administrativa. En régimen disciplinario penitenciario, regla general: artículo 44.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, donde la interposición de recurso suspende la efectividad de la sanción.
No es una clase: es una radiografía. El opositor tiene que ser una impresora humana. No basta con entender; hay que recitar. No basta con el fondo; hay que acertar el marco exacto, el número exacto, la frase exacta. Se confunde precisión con excelencia.
La consecuencia es clara: el sistema mide lo que es fácilmente medible —memoria— y deja en penumbra lo difícil de medir —criterio, ética, escucha, decisión bajo presión—. Y lo más grave es que, en justicia, penitenciario o administración, lo que realmente diferencia a un buen profesional no suele ser la literalidad, sino la interpretación responsable.
El examen trampa y la sensación de fracaso
El opositor no dice “me salió regular”. Dice algo peor: fue “empezar a hacer el examen” y sentirse fuera. En la primera vuelta deja 30 preguntas sin contestar. Esa cifra no es un detalle; es el síntoma de una prueba diseñada para generar pánico estadístico: si dudas, pierdes. Si te paras, mueres. Si intentas razonar, te come el tiempo.
“Fue empezar a hacer el examen y la primera vuelta me dejé 30 preguntas sin contestar… con todo lo que he estado dedicando durante este año”, relata. Y remata con una confesión que debería ser titular: “Este año… me he olvidado de mi persona”.
Aquí aparece el punto ciego: el sistema no solo examina conocimiento. Examina cómo gestionas el miedo. Pero no mide la madurez emocional ni la ética, mide si puedes operar bajo un formato que penaliza el pensamiento complejo. El resultado es una selección sesgada: gana quien se adapta a la mecánica, no quien necesariamente sería mejor servidor público.
Y cuando el examen es “más complicado” que convocatorias anteriores, el daño psicológico se multiplica: la persona no siente que ha fallado un test. Siente que ha fallado su proyecto vital.
La paradoja de 2026: oposiciones que premian lo que hace una IA
La crítica más incómoda de Tech & Law apunta al corazón de la época: estamos eligiendo a quienes decidirán sobre conflictos humanos con un sistema que premia la repetición. En 2026, cuando la tecnología ya memoriza mejor, más rápido y sin fatiga, insistir en la memoria como principal corte es una contradicción estratégica.
No se pide eliminar la memoria. Se pide dejar de convertirla en el filtro casi único. Porque lo que diferencia a una buena jueza de una mala —dicen— no es recitar artículos: es criterio, ética, pensamiento crítico, capacidad de escucha y decisión bajo presión. Es decir, habilidades humanas de alto valor que el formato actual mide mal o directamente ignora.
El diagnóstico es inequívoco: si el examen es un concurso de memoria, el sistema está seleccionando perfiles optimizados para la memorización. Y eso deja fuera a candidatos con inteligencia contextual, vocación real o habilidades de mediación que no se traducen bien en test masivos.
En términos de Estado, esto tiene coste: no solo en talento perdido, sino en legitimidad.
El silencio institucional: cuando el desgaste se normaliza
Lo más grave es la normalización del sufrimiento. “Así es”, se oye. “Es lo que hay”. “Todos pasamos por ahí”. La cultura del sacrificio se convierte en coartada para no reformar. Y, mientras tanto, se instala una ética perversa: cuanto más te destruye, más “mereces” aprobar.
Ese marco no es neutral. Expulsa a quien no puede permitirse años de incertidumbre: personas con cargas familiares, con menos ahorro, con salud frágil, con trabajos precarios. El sistema presume de igualdad, pero premia la capacidad de resistir económicamente y psicológicamente durante largos periodos.
Además, el desgaste tiene un efecto secundario: crea profesionales que, tras años de presión, pueden llegar al puesto con una relación tóxica con el error, el descanso y la empatía. No por maldad, sino por aprendizaje: han sido entrenados para sobrevivir, no para escuchar.
La consecuencia es clara: la oposición no solo selecciona; también moldea. Y si el molde es la dureza sin medición de competencias humanas, el servicio público lo paga
El debate ya está en marcha, aunque siga fuera del foco. Si crecen estos relatos —abogados, opositores, formadores— el sistema puede enfrentarse a tres escenarios.
El primero: más maquillaje. Ajustes menores sin tocar el núcleo: temario igual, formato igual, cultura igual. El segundo: reforma gradual, incorporando evaluación de competencias, casos prácticos reales y entrevistas estructuradas que midan criterio y ética sin caer en arbitrariedades. El tercero: fractura social, con una oposición cada vez más elitista por coste temporal y emocional.
El fondo del asunto no es si las oposiciones deben ser exigentes. Deben serlo. La pregunta es qué exigencia es inteligente en 2026. Porque una cosa es seleccionar excelencia y otra seleccionar resistencia. Y confundirlas no es tradición: es un error de diseño.