Comey es acusado de obstrucción y mentir bajo juramento; Trump celebra la acusación como “justicia”
Desde Washington llega una noticia de alto voltaje político y jurídico: James Comey, quien dirigió el FBI entre 2013 y 2017, ha sido formalmente acusado por un gran jurado federal en Alexandria, Virginia, de dos delitos graves: obstrucción a un procedimiento del Congreso y hacer declaraciones falsas respecto a su testimonio ante el Comité Judicial del Senado en 2020. La Fiscalía sostiene que sus afirmaciones negando haber autorizado filtraciones al medio de comunicación “contradicen la evidencia” que apunta a una supuesta autorización previa.
El núcleo del caso está en aquel testimonio en el que Comey negó haber aprobado el uso de un agente anónimo del FBI como fuente en investigaciones filtradas a la prensa. La acusación sostiene que esa versión carece de veracidad ante documentos y testimonios que, según el fiscal, demuestran lo contrario. La llamada operación “Crossfire Hurricane”, que investigó las posibles relaciones entre la campaña de Trump en 2016 y agentes rusos, sirve como telón de fondo histórico del episodio.
El recurso del gobierno no es menor: los cargos se presentaron justo cuando expiraba el plazo legal —la prescripción— para procesar hechos derivados de ese testimonio de 2020. Además, la acusación llega poco después de una reorganización clave en la fiscalía de Virginia: el anterior fiscal Erik Siebert, que había decidido no avanzar con cargos contra Comey, se apartó, y su reemplazo, Lindsey Halligan —una exabogada de la Casa Blanca sin experiencia como fiscal federal— firmó la acusación presentada al gran jurado.
Comey respondió a las acusaciones mediante un video público difundido en sus redes. En él, afirma su inocencia, asegura que él y su familia siempre han sabido que enfrentarse a Trump implica costos, pero defienden su postura sin someterse. “Mi corazón está dolido por el Departamento de Justicia, pero tengo gran confianza en el sistema judicial federal. Soy inocente, hagamos un juicio”, dijo, y añadió: “No viviremos de rodillas ni deberían hacerlo otros”. En paralelo, su yerno, Troy Edwards Jr., presentó su renuncia como fiscal en Virginia, citando su lealtad a la Constitución como razón para apartarse del caso.
Del otro lado del ring político, Donald Trump no ocultó su satisfacción. Inmediatamente tras conocerse los cargos, tuiteó —o más bien publicó en Truth Social— declaraciones triunfalistas: para él, este caso marca “inicio de la rendición de cuentas” de Comey, a quien describió como uno de los seres más detestables y como figura que ha pecado contra la nación. Para Trump, este episodio encaja en su estrategia de percepciones: presentar a sus rivales institucionales como sujetos vulnerables y al sistema de justicia como una herramienta de limpieza política.
Este enfrentamiento judicial intempestivo alimenta fuertes inquietudes sobre la politización del Departamento de Justicia (DOJ). Figuras del propio oficio han expresado rechazo ante la acusación, calificándola de venganza política más que acción legal imparcial. Algunos aseguran que cargos similares no se habrían presentado si no mediara una presión presidencia sobre la estructura legal. En efecto, críticos del caso lo ven como un precedente peligroso: que exfuncionarios federales puedan ser perseguidos años después bajo presiones ideológicas.
El calendario procesal ahora apremia: se espera que Comey se entregue voluntariamente en los próximos días para su acusación formal (arraignment) y comparezca ante un tribunal federal. El escenario judicial lo colocará, nuevamente, en el centro del debate político y mediático, enfrentando una acusación que algunos expertos consideran débil o forzada, y otros presencia un vuelco electoral en ciernes.
En términos más amplios, este episodio confirma cuán permeable es hoy la línea entre política y justicia en Estados Unidos. Las acusaciones contra Comey, su defensa y la respuesta pública de Trump dibujan una batalla simbólica por el control narrativo del pasado investigativo y del poder institucional. Más allá de éste caso particular, la percepción que generará —sea de “venganza política” o de justicia tardía— tendrá impacto sobre la confianza ciudadana en las instituciones del país.