Alerta roja en EE.UU.: más de 100 bases militares contaminan el agua potable y el Pentágono frena la limpieza
Estados Unidos enfrenta una grave crisis ambiental y sanitaria tras revelarse que más de un centenar de bases militares están contaminando el agua potable y los suelos con sustancias químicas altamente tóxicas. A pesar de las evidencias científicas y las presiones de la comunidad, el Departamento de Defensa (DOD) ha retrasado los planes de limpieza de las PFAS, generando indignación y alarma entre las autoridades locales y los grupos medioambientales.
La contaminación provocada por las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) —conocidas popularmente como “químicos eternos” por su resistencia a la degradación— se ha convertido en un problema de salud pública nacional en Estados Unidos. Estas sustancias, presentes en la espuma contra incendios utilizada en bases militares y aeropuertos, se filtran al agua subterránea y permanecen durante décadas sin descomponerse, afectando a comunidades enteras cercanas a las instalaciones del ejército.
Informes recientes de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y del Pentágono confirman que los niveles de PFAS detectados en algunas bases superan en más de 30 veces los límites de seguridad recomendados. Sin embargo, el Departamento de Defensa anunció un retraso en los programas de descontaminación, argumentando la necesidad de realizar estudios adicionales “para garantizar la eficacia y sostenibilidad de los procesos de limpieza”.
El aplazamiento ha desatado fuertes críticas. El senador demócrata Tom Carper, presidente del Comité de Medio Ambiente del Senado, calificó la decisión como “una irresponsabilidad institucional que pone en riesgo la salud de millones de estadounidenses”. En su opinión, “el Pentágono tiene recursos suficientes para actuar de inmediato, pero elige no hacerlo”.
Entre las bases afectadas se encuentran instalaciones clave como Andrews (Maryland), Camp Pendleton (California), Fort Bragg (Carolina del Norte) y Eglin (Florida), donde se detectaron concentraciones elevadas de PFAS en fuentes de agua potable. Estas sustancias han sido vinculadas por numerosos estudios científicos con problemas hormonales, cáncer, infertilidad, daños hepáticos y trastornos inmunológicos.
Organizaciones medioambientales como Environmental Working Group (EWG) y Sierra Club exigen al gobierno federal que acelere la limpieza y establezca responsabilidades legales claras. “El Pentágono no puede seguir actuando como si estuviera por encima de la ley ambiental”, denunció Melanie Benesh, directora de política pública del EWG. “Cada día de retraso aumenta el riesgo de exposición para miles de familias y veteranos.”
De acuerdo con un informe publicado por The Intercept, la contaminación por PFAS afecta actualmente a más de 400 sitios militares y comunidades vecinas, incluyendo escuelas y hospitales cercanos a las bases. En muchos casos, el agua del grifo excede los límites de seguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Departamento de Defensa, por su parte, sostiene que está comprometido con la eliminación progresiva de las espumas que contienen PFAS y con la búsqueda de alternativas más seguras. No obstante, reconoce que la sustitución completa podría tardar hasta 2035, una cifra que los expertos consideran inaceptable.
Mientras tanto, varios estados, como Michigan, Colorado y Nueva York, han iniciado demandas contra el gobierno federal y las empresas fabricantes de estas sustancias, como 3M y DuPont, acusándolas de ocultar durante décadas los riesgos asociados a los compuestos químicos.
La situación amenaza con transformarse en uno de los mayores escándalos medioambientales de la historia reciente de Estados Unidos, comparable a las crisis del plomo en el agua de Flint o del vertido tóxico de Love Canal.