Alerta en Europa por seguridad aérea

Nueva oleada de avistamientos de drones cierra aeropuertos en Dinamarca y reaviva el debate sobre la defensa contra amenazas baratas

La noche pasada el aeropuerto de Aalborg volvió a cerrar temporalmente tras la detección de drones en su espacio aéreo, en un episodio que se suma a cierres recientes en Copenhague y alarma en Oslo. Mientras las autoridades rastrean el origen de las incursiones, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió que derribar estos aparatos con misiles resulta insostenible desde el punto de vista económico y operativo, y reclamó soluciones tecnológicas y cooperativas para frenar lo que varios responsables califican ya de “ataques híbridos”.

Aalborg vivió anoche una tensión que ya se ha vuelto familiar en los controles de tráfico aéreo europeos: tras la aparición inesperada de objetos no identificados en su espacio, el aeropuerto —que además acoge infraestructura militar— cerró temporalmente provocando desvíos y cancelaciones hasta que, horas después, las operaciones pudieron reanudarse. Los incidentes no son aislados: esta semana varios aeropuertos daneses, incluido el de Copenhague, sufrieron interrupciones por avistamientos similares, y Oslo vivió un suceso análogo que llevó a la policía noruega a incautar un dron mientras investigaba si existía conexión entre episodios. Las autoridades escanean ahora la posibilidad de que se trate de una campaña coordinada que busca desestabilizar y sembrar miedo más que provocar daño directo.

La palabra “híbrido” ha aparecido con insistencia en las declaraciones oficiales. Para Dinamarca, la suma de incursiones sucesivas no es sólo un problema logístico sino una amenaza estratégica a la que hay que dar respuesta multilaterales: detectar, atribuir y neutralizar sin convertir un dron de bajo coste en una excusa para el empleo de armas desproporcionadas. Ese es precisamente el punto que expuso el secretario general de la OTAN: derribar unidades que pueden costar apenas unos miles de euros con misiles cuyo precio asciende a cientos de miles no es una solución sostenible ni escalable. Rutte subrayó que la Alianza aprende “rápidamente” de la experiencia en Ucrania y que la respuesta pasará por desplegar tecnologías alternativas, sistemas de detección y cooperación entre estados, antes que por la respuesta cinética masiva.

Esa reflexión encierra tanto un reto tecnológico como uno político. En el plano práctico, los países analizan medidas que van desde la mejora de radares y sensores específicos para pequeños drones hasta la creación de zonas de defensa tripulada o automatizada —lo que algunos medios han bautizado como una “muralla contra drones”— y la revisión de reglas que permitan a infraestructuras críticas neutralizar dispositivos sin vulnerar normativas nacionales. En el plano diplomático, las preguntas sobre procedencia y motivación dificultan una respuesta unívoca: atribuir cualquier suceso a un actor estatal exige pruebas que no siempre están al alcance en tiempo real, y la prudencia pública choca con la urgencia de proteger a civiles y aeronaves.

Mientras tanto, en la práctica del control aéreo se multiplican los costes económicos y reputacionales: desvíos, cancelaciones y cierres temporales afectan cadenas logísticas y confianza de viajeros y operadores, con el consiguiente impacto sobre aerolíneas y aeropuertos que ya operan en márgenes ajustados. Para los gestores, el dilema es tangible: ¿invertir en costosos sistemas de defensa especializados que quizás queden obsoletos pronto, o apostar por soluciones más versátiles y cooperativas que compartan información y recursos entre países? Europa está empezando a debatir ambas preguntas con mayor urgencia, mientras los ministros y expertos técnicos analizan paquetes financieros y legales que permitan afrontar este nuevo tipo de riesgo.

En lo inmediato, las prioridades son claras: localizar a los responsables, garantizar la seguridad de los vuelos y acelerar la implantación de medidas no cinéticas (bloqueo de enlaces, neutralización electrónica, detección avanzada) que minimicen el riesgo de escalada. Pero la lección política es también evidente: la guerra del siglo XXI se libra cada vez más en capas múltiples —física, cibernética, informativa— y la ocurrencia de drones sobre aeropuertos obliga a repensar la seguridad como un esfuerzo colectivo que combine inversión, regulación y voluntad diplomática. En ese cruce de técnica y política se decidirán tanto la continuidad operativa de aeropuertos como la capacidad de las democracias para imponer reglas efectivas frente a amenazas que han rebajado mucho su coste de producción y, por tanto, han aumentado su atractivo como herramienta de presión.