Once muertos en un campo de fútbol en Salamanca sacuden Guanajuato (México)
La tarde de domingo terminó en masacre en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca (Guanajuato). Un grupo armado irrumpió en un campo de fútbol amateur y abrió fuego contra jugadores y espectadores, dejando 11 muertos —10 en el lugar y uno en el hospital— y al menos 12 heridos, entre ellos una mujer y un menor. El alcalde, César Prieto, ha descrito el ataque como parte de una “ola delictiva” y ha pedido ayuda directa a la presidenta Claudia Sheinbaum para contener la escalada de violencia. El Estado de Guanajuato, uno de los más industrializados del país, vuelve así a situarse en el centro del mapa de la inseguridad mexicana, marcado por la pugna entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Todo ello ocurre mientras el Gobierno federal presume de que en 2025 el país registró la tasa de homicidios más baja desde 2016, con 17,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, un discurso de mejora que choca frontalmente con imágenes como las de Salamanca.
La masacre tras un partido amateur
El ataque se produjo al término de un partido de fútbol entre equipos locales, cuando decenas de vecinos seguían todavía en torno al campo de tierra de Loma de Flores. Según el relato oficial, varios vehículos llegaron al recinto y los ocupantes comenzaron a disparar sin mediar palabra contra quienes permanecían en la cancha y sus alrededores.
El balance es demoledor: 11 personas fallecidas, 10 en el lugar y una más mientras recibía atención hospitalaria, y 12 heridos de diversa gravedad. Entre los heridos figuran una mujer y un menor, lo que subraya el carácter indiscriminado del ataque. Los testigos describen escenas de pánico, familias huyendo entre gritos y vehículos particulares reconvertidos en ambulancias improvisadas para evacuar a los heridos.
Las autoridades municipales han confirmado que no se había solicitado un dispositivo especial de seguridad para el encuentro, habitual en los fines de semana del municipio. El resultado es un escenario trágicamente conocido en buena parte de México: un evento comunitario convertido en campo de tiro por grupos armados, en un contexto de impunidad estructural.
Guanajuato, epicentro crónico de la violencia
El Estado de Guanajuato se ha consolidado en la última década como uno de los territorios más violentos de México, pese a ser también uno de los motores industriales del país, con un peso creciente en el sector automotriz y energético. La combinación de corredores logísticos, infraestructura energética y economías informales ha convertido la región en un botín estratégico para el crimen organizado.
Salamanca ya había saltado a los titulares en los últimos años por ataques en bares, establecimientos de ocio y zonas residenciales. En paralelo, la presencia de una importante refinería de Pemex la ha situado en el mapa del “huachicol”, el robo de combustible, una de las fuentes de financiación de las organizaciones criminales locales.
Aunque el Gobierno federal sostiene que los homicidios en Guanajuato se han reducido de forma notable —las cifras oficiales hablan de una caída cercana al 41% desde la llegada de Sheinbaum a la Presidencia—, la masacre de Loma de Flores ilustra que la violencia se ha replegado, pero no ha desaparecido. La consecuencia es clara: menos asesinatos no implica necesariamente una recuperación de la confianza ciudadana cuando ataques de este tipo siguen produciéndose en espacios públicos.
Cárteles en guerra: Santa Rosa de Lima contra Jalisco
Detrás de la estadística fría hay una disputa brutal por el control del territorio. Guanajuato es escenario desde hace años de una guerra soterrada —y a menudo abierta— entre el grupo local Santa Rosa de Lima y el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El primero, surgido al calor del negocio del robo de combustible, ha tejido redes con comunidades donde el empleo formal escasea y el dinero rápido del crimen resulta tentador. El segundo, con presencia en gran parte del país, busca consolidar corredores para el tráfico de drogas, armas y personas. La confrontación se traduce en ajustes de cuentas, secuestros, extorsiones y ataques masivos como el de Salamanca.
Aunque por ahora las autoridades no han atribuido oficialmente el ataque del campo de fútbol a un grupo concreto, la mecánica —un comando que llega en vehículos, dispara y huye— remite al patrón habitual de las vendettas entre cárteles. En palabras de un alto cargo de seguridad consultado por medios locales, “no se trata de un hecho aislado, sino de otra expresión de la disputa criminal por el corredor industrial de Guanajuato”. La sensación para los vecinos es inequívoca: viven en medio de una guerra que no han elegido.
Un ataque en plena ofensiva de Sheinbaum
La masacre llega en un momento políticamente delicado. El Ejecutivo de Claudia Sheinbaum había hecho bandera de la reducción progresiva de los homicidios a nivel nacional, con una tasa que, según datos oficiales, cayó en 2025 a 17,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, el nivel más bajo desde 2016.
En paralelo, la presidencia reivindica una ofensiva específica en Guanajuato, con al menos 45 detenidos identificados como objetivos prioritarios hasta septiembre del año pasado. Sin embargo, hechos como el ataque de Salamanca erosionan la narrativa de éxito y refuerzan el argumento de quienes sostienen que la estrategia, centrada en capturar cabecillas, no basta para desmantelar las estructuras financieras y territoriales de los cárteles.
El alcalde Prieto ha pedido públicamente apoyo federal y más presencia de la Guardia Nacional tras calificar el suceso como parte de una “ola criminal” que golpea a la ciudad. Su llamamiento, que resuena más allá de Guanajuato, remite a un debate de fondo: hasta qué punto el despliegue militarizado reduce la violencia o simplemente la desplaza de un municipio a otro.
Salamanca, ciudad atrapada entre refinería y crimen
Salamanca no es un municipio cualquiera. La ciudad alberga una de las refinerías estratégicas de Pemex, lo que la ha convertido en objetivo de redes de robo de hidrocarburos y en punto caliente de la economía criminal. El control de los accesos, oleoductos y rutas ha sido históricamente fuente de conflicto entre grupos armados y un foco de corrupción de autoridades locales.
La masacre del campo de fútbol se inscribe en una geografía de la violencia que incluye ataques previos a bares, negocios y celebraciones privadas en la ciudad y sus alrededores. En las últimas horas, los vecinos también han recordado que, apenas un día antes de la matanza, aparecieron cuatro bolsas con restos humanos en el mismo municipio, un mensaje mafioso que refuerza la idea de escalada.
El contraste con la imagen oficial de Guanajuato como polo industrial resulta demoledor. Mientras las grandes marcas automovilísticas anuncian inversiones multimillonarias en la región, barrios como Loma de Flores siguen careciendo de servicios básicos suficientes, espacios deportivos seguros y presencia constante del Estado. El resultado es un caldo de cultivo donde el crimen organizado se presenta, de facto, como la autoridad real en determinados horarios y zonas.
Víctimas, comunidad y el miedo a hablar
Más allá de las cifras, el ataque golpea de lleno el tejido social de Salamanca. El fútbol amateur es uno de los pocos espacios comunitarios donde conviven familias, jóvenes y veteranos sin otra aspiración que pasar la tarde. Que la violencia irrumpe precisamente ahí tiene un mensaje claro: nadie está fuera del alcance de los grupos armados.
En las primeras horas tras la masacre, las autoridades han evitado difundir identidades completas de las víctimas, pero se sabe que entre los fallecidos hay al menos varios jugadores habituales del torneo local y espectadores que acudieron con sus hijos al partido. Los testimonios recogidos por la prensa mexicana apuntan a un patrón repetido: “Nos dijeron que mejor no habláramos, que era peligroso comentar quiénes podrían ser los responsables”, relata un vecino bajo anonimato.
El miedo a la represalia funciona como un silencioso mecanismo de control social. Pocas personas se atreven a denunciar extorsiones, cobros de “cuota” o amenazas directas, por la percepción de que el Estado no puede —o no quiere— protegerlas. En este contexto, cada ataque masivo no sólo suma víctimas mortales, sino que ensancha la brecha de desconfianza entre la población y las instituciones.