El Reino Unido: Un agujero fiscal de £20.000 millones
Las finanzas públicas del Reino Unido afrontan un serio revés: la Office for Budget Responsibility (OBR) prepara una rebaja de aproximadamente 0,3 puntos porcentuales en la previsión de crecimiento de la productividad estructural británica. Tal ajuste podría provocar un deterioro de más de 20.000 millones de libras en las cuentas del sector público hacia 2029-30, advierten fuentes del Institute for Fiscal Studies (IFS) y medios financieros. Esta revisión sitúa a la ministra de Hacienda Rachel Reeves ante una encrucijada: solicitar más ingresos, recortar gastos o prolongar la rigidez fiscal en un entorno de crecimiento menguante.
La revisión que anticipa la OBR —la autoridad fiscal independiente del Reino Unido— supone un cambio relevante en el escenario económico británico. Según informa el diario Financial Times, la redacción al alza de la estimación de crecimiento de la productividad — clave para calibrar la evolución de los ingresos fiscales a medio plazo — se ha visto fuertemente rebajada: el recorte se situaría en torno a 0,3 puntos porcentuales.
Desde el IFS ya se había señalado que cada rebaja de 0,1 punto porcentual en la previsión de productividad incrementa el endeudamiento neto del sector público en unas 7.000 millones de libras para el ejercicio 2029-30. Por tanto, una reducción de 0,3 puntos implicaría una pérdida adicional de alrededor de 21.000 millones de libras.
Este escenario plantea un problema grave para Reeves: su Gobierno se marcó como objetivo que el presupuesto corriente (gastos de funcionamiento menos ingresos corrientes) estuviera en superávit en 2029-30, y que el endeudamiento neto (medido como “public sector net financial liabilities”) comenzara a caer como porcentaje del PIB en el mismo horizonte. Una revisión negativa de las expectativas de productividad reduce el denominador de crecimiento económico y, a su vez, eleva la ratio de deuda sobre PIB, empeorando el cumplimiento de esas reglas fiscales.
¿Por qué la productividad importa tanto?
La productividad estructural – es decir, la producción de bienes y servicios por hora trabajada – determina en gran parte la base sobre la que se recaudan impuestos: un crecimiento débil implica menores ingresos por impuestos y cotizaciones, lo que complica la financiación de servicios públicos como salud, educación o seguridad social. En el caso británico, la cuestión no es nueva: el propio Gobierno ha admitido que “la productividad ha sido muy deficiente” desde la crisis financiera y el Brexit.
La rebaja prevista por la OBR se suma así a otros factores de presión sobre las arcas públicas: crecientes costes de interés de la deuda, incertidumbre global, presiones demográficas y un entorno de bajo crecimiento. Según el IFS, la falta de margen de maniobra fiscal ya era estrecha antes de esta revisión.
¿Cuáles son los riesgos concretos para el Gobierno?
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Aumento de impuestos: Si los ingresos bajan y los gastos se mantienen, el Ejecutivo deberá buscar más recursos. Ya se especula con posibles alzas en el impuesto sobre la renta o un endurecimiento del “fiscal drag” (la congelación de tramos impositivos mientras los salarios crecen).
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Ajuste del gasto público: Si la línea no es subir impuestos, la alternativa obliga a recortes o a ralentizar inversiones, cosa que puede impactar en crecimiento futuro y popularidad política.
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Nueva pérdida de credibilidad fiscal: La erosión de la productividad, y con ella de las expectativas de ingresos, debilita la trayectoria hacia el cumplimiento de las reglas fiscales comprometidas, lo que puede aumentar el coste de financiación del Reino Unido y afectar a los mercados.
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Efecto en crecimiento y confianza: Un contexto de menor productividad suele traducirse en menor inversión privada, menor avance tecnológico y menor capacidad de crecimiento de los salarios reales, lo que a su vez alimenta el estancamiento.
¿Qué puede hacer la ministra Reeves?
Desde la redacción económica se detectan varias líneas de actuación:
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Presentar un presupuesto que reconozca claramente la nueva realidad de crecimiento, ajustar las previsiones de ingresos y gastos, y dar una hoja de ruta creíble para cerrar la brecha fiscal.
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Priorizar reformas estructurales destinadas a mejorar la productividad: digitalización, mejora de la infraestructura, impulso a la formación y a la innovación empresarial. Aquí reside la clave de un incremento sostenible de ingresos.
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Mantener la comunicación clara al mercado: si la rebaja de productividad es pública y debidamente explicada, será más fácil gestionar una subida progresiva de impuestos o extensión de plazos, sin provocar una crisis de confianza.
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Evaluar en qué medida el coste político de recortes de gasto o subidas impositivas compensa frente al riesgo de dejar la trayectoria fiscal sin control.
La advertencia ya está sobre la mesa: la rebaja de 0,3 puntos en la tasa tendencia de productividad británica implica un impacto negativo de entre £20.000 y £21.000 millones en las finanzas públicas del Reino Unido. Ese volumen equivale a varios años de inversiones públicas o a un cambio significativo en la recaudación fiscal. La ministra Rachel Reeves afronta un reto dual: contener el daño inmediato en la credibilidad financiera del país, y —al mismo tiempo— promover el cambio estructural que permita revertir la caída de productividad. En el tono profesional y cercano que caracteriza a Negocios TV, conviene destacar que lo que está en juego no es solo la contabilidad pública, sino la capacidad futura del Reino Unido para competir, crecer y financiar su modelo social.