Trump autoriza un segundo ataque a embarcaciones venezolanas: EE. UU. mata a tres “narcoterroristas” en aguas internacionales

En un nuevo capítulo de la escalada entre Estados Unidos y Venezuela, Donald Trump anunció el lunes otro ataque militar (o “kinetic strike”) en aguas internacionales dirigido a un barco supuestamente vinculado al narcotráfico venezolano, en lo que calificó como una operación necesaria para frenar el envío de drogas que matan en territorio estadounidense. 

Según el presidente norteamericano, la embarcación transportaba sustancias ilegales hacia EE. UU., y en el ataque fallecieron tres hombres identificados como narcotraficantes o “narcoterroristas”. Trump advirtió que quien transporte drogas letales hacia Estados Unidos será perseguido hasta donde sea posible. 

Este incidente se suma al ataque ocurrido el pasado 2 de septiembre, cuando una embarcación venezolana fue bombardeada en el sur del Caribe. Ese episodio dejó 11 muertos y fue atribuido también al cartel Tren de Aragua, organización que el gobierno estadounidense ha calificado como un grupo terrorista.

La versión oficial de Washington señala que las acciones se desarrollan bajo jurisdicción internacional (aguas internacionales) y en cumplimiento de lo que considera un derecho legítimo para proteger su territorio frente al tráfico de drogas. Sin embargo, varias voces han puesto en duda la veracidad de la inteligencia que sustenta las acusaciones, la identificación de los fallecidos como miembros de organizaciones criminales, la existencia de pruebas claras de transporte de narcóticos, y además se ha cuestionado la legalidad internacional de usar fuerza militar en estos casos sin coordinación ni acuerdo bilateral. 

Caracas, por su parte, rechaza categóricamente las imputaciones. El gobierno venezolano ha manifestado que ninguno de los 11 muertos del primer ataque pertenecía al Tren de Aragua, y que la embarcación no estaba en curso de un traslado de drogas, sino que se encontraba regresando a puerto al momento del bombardeo. También cuestionan la autenticidad de los videos presentados por EE. UU. como prueba. 

Las repercusiones diplomáticas ya se sienten. Nicolás Maduro ha calificado estas operaciones de agresión militar, afirmando que violan la soberanía de Venezuela y que no favorecen la cooperación contra el narcotráfico, sino que profundizan una narrativa de hostilidad. En Washington, algunos congresistas y organizaciones de derechos humanos expresan inquietudes respecto al debido proceso, al riesgo de matar inocentes y al alcance legal del poder presidencial para autorizar acciones militares fuera de zonas de guerra tradicionales. 

El suceso, además, se desarrolla en medio de un significativo aumento del despliegue militar estadounidense en la región del Caribe Sur, con buques de guerra, vigilancia aérea y otras capacidades operativas, algo que refuerza la percepción de que EE. UU. está adoptando una política más agresiva frente al narcotráfico, al tiempo que tensiona aún más sus relaciones con países latinoamericanos afectados. 

No obstante, persiste la incógnita sobre si estas operaciones cumplirán con las normas del derecho internacional y si se podrán verificar de forma independiente las afirmaciones de ambas partes. Mientras tanto, los distintos actores se preparan para la escalada política, mediática y diplomática de lo que parece ser una estrategia sostenida de EE. UU. para enfrentar redes delictivas transnacionales, aunque con múltiples riesgos colaterales.