BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha explicado este miércoles que trabaja “sin descanso” para dar una respuesta a la propuesta de España y Portugal de poner un límite al precio del gas en el sistema de formación de precios del mercado mayorista de electricidad, un mecanismo que el Gobierno aprobó hace casi cuatro semanas pero sigue pendiente del visto bueno definitivo de Bruselas.
Así lo ha detallado el portavoz principal de la Comisión, Eric Mamer, en rueda de prensa desde Bruselas en la que ha indicado que “los servicios de la Comisión están trabajando sin descanso” para proporcionar una respuesta con la decisión del Ejecutivo comunitario “tan pronto como sea posible”.
En un paso más, Mamer ha matizado que no se puede tildar de “retraso” el tiempo de respuesta de la Comisión ya que no existía un plazo detallado para ello.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este mismo miércoles en el Congreso que está “convencido” de que Bruselas aprobará el plan presentado por España y Portugal, sin embargo, no ha aclarado cuándo, a pesar de que en las últimas semanas el Gobierno había dicho que esperaba una decisión “inminente”.
Así la Comisión se encuentra evaluando la notificación formal sobre el mecanismo temporal presentado por España y Portugal para limitar el precio del gas en el mercado de la electricidad y se encuentra actualmente en conversaciones con ambos Estados miembro, según ha complementado la portavoz de Competencia, Arianna Podesta.
“Es el procedimiento”, ha agregado Podesta que ha expuesto que el equipo de la Comisión Europea se encuentra evaluando que lo que se propone es compatible con la normativa comunitaria.
El principio de acuerdo anunciado en Bruselas el pasado 26 de abril por España y Portugal, que plantea limitar el precio del gas en el mercado mayorista de electricidad a una media de 50 euros/mWh en los próximos doce meses, necesita aún el visto bueno de los servicios de Competencia del Ejecutivo comunitario para que sea aprobado y los gobiernos puedan aplicarlo.
La Comisión Europea reclamó, a principios de mayo, el plan detallado con las medidas propuestas para limitar el precio del gas en el mercado mayorista de electricidad ibérico para poder evaluarlo y avisó a ambos gobiernos de que sin la “información esencial” que faltaba no podría concluir su examen definitivo para decidir si da luz verde a la medida. Una información que España y Portugal remitieron unos días después.
En un Consejo de Ministros extraordinario del pasado 13 de mayo, el Gobierno, aprobó el mecanismo para limitar el precio del gas para la generación eléctrica, si bien el procedimiento aún necesita el visto bueno del Ejecutivo Comunitario para que pueda ser implementado.
El acuerdo alcanzado con el Ejecutivo comunitario, y anunciado a finales del mes de abril, establece una duración de 12 meses, periodo durante el que se permitirá fijar el precio medio del gas en torno a esos 50 euros/MWh (comenzando por 40 euros para ir posteriormente subiendo hasta los 48,8 euros), frente al actual precio de referencia en el mercado de más de 100 euros/MWh -como en el caso del TTF holandés, de referencia en Europa-, con un precio que partirá de los 40 euros/MWh, durante seis meses.
En la configuración actual del mercado eléctrico, el gas determina el precio global de la electricidad cuando se utiliza, ya que todos los productores reciben el mismo precio por el mismo producto, la electricidad, cuando entra en la red.
En todo caso, el acuerdo rebaja las ambiciones de la propuesta inicial presentada por España y Portugal que contemplaba limitar a 30 euros/MWh el precio máximo del gas natural para la generación de electricidad –los ciclos combinados y las de cogeneración–, con el objetivo de abaratar la factura de la luz.
Ese tope a los 30 euros/MWh en el precio del gas para la generación de electricidad permitiría rebajar el precio medio del mercado mayorista de electricidad -el denominado ‘pool’ y que impacta en los contratos regulados (PVPC)- a la mitad de lo que actualmente se está registrando.
La propuesta, desde que fue remitida a Bruselas, ha contado con un fuerte rechazo por parte del sector eléctrico. De hecho, los operadores de los mercados eléctricos de España y Portugal advirtieron de los “importantes y relevantes impactos” que esta excepción ibérica’ puede ocasionar en los mercados a plazos de derivados ya contratados.
