Confemetal anticipa que la deuda no se reducirá en 2021 ni en 2022, ante unos PGE “de espaldas” a la realidad

Pide que la ley de Formación Profesional cuente con el consenso del mundo empresarial

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) considera que la combinación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 de unos gastos en máximos históricos y menos ingresos de los previstos aboca a un mayor déficit público e impulsará la deuda pública, que alcanzó el 120% del PIB en 2020, y “no se reducirá ni en 2021 y ni en 2022”.

“Estos Presupuestos han renunciado a cualquier ambición de estabilizar y corregir desequilibrios, de reducir el gasto el estructural y racionalizar los ingresos, es decir renuncian a algunos de los que deberían ser sus principales objetivos”, ha lamentado la Confederación su Boletín Coyuntura Económica y Laboral correspondiente al mes den noviembre.

Según la Confederación, los nuevos Presupuestos parten de unas previsiones muy optimistas que ni siquiera la escalada de los precios energéticos, las dificultades de suministro de materias primas o componentes, y el repunte de la inflación han enfriado.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 parecen redactados sin considerar las cifras de Contabilidad Nacional relativas del tercer trimestre de 2021, de las que se desprende que la recuperación económica no está todavía consolidada y que el ritmo de crecimiento es mucho más moderado de lo que se podía prever.

El consenso de las previsiones sitúa el crecimiento para el conjunto de 2021 por debajo del 5%, y el cuadro macroeconómico del Gobierno que prevé un crecimiento del PIB del 6,5% para el presente año y del 7 para 2022, lo ignora y, con ello, distorsiona y compromete todas las previsiones de los Presupuestos.

Ante esta situación, la Confederación considera que los PGE de 2022 han sido elaborados “de espaldas” a la realidad económica y empresarial y alejados de las previsiones, análisis y recomendaciones. “Pueden convertirse, tristemente, en una oportunidad pérdida”, ha advertido la organización.

En este sentido, ha advertido del “riesgo fiscal” que suponen, lo que perjudicará la inversión y la creación de empleo y debilitará la recuperación que está todavía necesitada de impulsos que la refuercen. Además, considera que se verá perjudicada por el ajuste fiscal contemplado que recae en su mayor parte -en torno al 70%- sobre las empresas.

La relajación del rigor fiscal y la llegada de los fondos europeos han impulsado un gasto en máximos históricos lo que va a comprometer a medio plazo la sostenibilidad de las finanzas públicas y obligará en el futuro a una mayor presión fiscal.

PIDE CONSENSO PARA LA LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Tras la aprobación el pasado 7 de septiembre en Consejo de Ministros del Proyecto de Ley Orgánica de ordenación e integración de la formación profesional, Confemetal considera que debería realizarse un importante esfuerzo normativo y de pedagogía y cambio de mentalidad de todos los actores implicados, sectores empresariales incluidos.

“Los cambios propuestos exigen modificar o eliminar estructuras burocráticas muy arraigadas y ese proceso generara, inevitablemente, resistencias”, ha insistido la Confederación.

Además, cree que falta concreción en los instrumentos necesarios para que las reformas se puedan ver efectivamente implantadas, como en lo que respecta a la observación y el análisis permanente del sistema productivo y las demandas de la sociedad.

Por ello, apunta a que la compleja estructura territorial de competencias en este ámbito, exigirá para que la eficiencia sea un atributo del nuevo sistema que se implementen procedimientos, criterios y regulaciones análogas y similares en el conjunto de España.

“La Ley debe convertirse en palanca decisiva para mejorar el mercado laboral de nuestro país y, en consecuencia, su competitividad y sostenibilidad económica”, ha remarcado la organización.

Por ello, desde Confemetal han insistido en que es de especial trascendencia que se base en un consenso social parlamentario amplio que tenga en cuenta las necesidades reales de todos los actores implicados y permita generar estabilidad en el tiempo.

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