MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La plataforma sindical de la Inspección de Trabajo se ha concentrado este jueves ante la Dirección General de Función Pública para protestar por la falta de medios en el organismo como parte de la segunda fase de movilizaciones que han emprendido CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess para denunciar la situación “caótica” del organismo.
En declaraciones a la prensa, Miguel Ángel Montero, responsable de CSIF en la Inspección de Trabajo, ha culpado a Hacienda de que este conflicto vaya a desembocar en una huelga indefinida a partir del 26 de junio por incumplir lo acordado con los sindicatos.
Así, Montero ha denunciado que Hacienda no quiere implementar las medidas acordadas en el año 2021 con las organizaciones sindicales para reforzar el sistema de la Inspección de Trabajo, que actualmente cuenta con 3.000 efectivos “para garantizar los derechos laborales de todos los ciudadanos de este país”.
Montero ha señalado que la última oferta realizada por Hacienda es “ridícula, indigna y miserable” y ha destacado que el Ministerio de Trabajo y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha apoyado las reivindicaciones de los sindicatos.
“No depende de ellos, sino de la rama de la parte política del PSOE del Gobierno. El Ministerio de Trabajo se ha volcado con nosotros, por lo cual toda la culpa, toda la responsabilidad, es del Ministerio de Hacienda, dígase Partido Socialista Obrero Español”, ha afirmado el responsable sindical.
Ante esta situación, Montero se ha reafirmado en la necesidad de dar continuidad a las medidas de presión que están llevando a cabo los sindicatos y que culminarán en una huelga indefinida a partir del 26 de junio “por respeto a la dignidad de los compañeros de la Inspección de Trabajo y a la de los trabajadores de este país”.
“Se merecen una Inspección de Trabajo que defienda sus derechos laborales como debe ser, no una Inspección de Trabajo en servicios mínimos constantemente”, ha subrayado.
CHOQUE ENTRE TRABAJO Y HACIENDA
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, comunicó ayer a la plataforma sindical que el Ministerio de Hacienda no va a llevar a cabo una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la Inspección. Según los sindicatos, esta negativa se debe a que Hacienda quiere evitar “reivindicaciones en cadena en otros ámbitos de la Administración General del Estado”.
Sin embargo, otras fuentes apuntan a que tras esta decisión de Hacienda se esconden motivos políticos, pues a falta de pocos días para las elecciones municipales, señalan que sólo se está dando solución a asuntos que afectan a ministerios que no son de Unidas Podemos, como ha pasado con los problemas de personal en Justicia y Seguridad Social.
En cualquier caso, la situación ha provocado un “profundo malestar” en el Ministerio de Trabajo, que acusa a Hacienda de incumplir un acuerdo con los sindicatos que habría supuesto la incorporación de 790 profesionales más a la Inspección y un cambio, a mejor, en la estructura del organismo.
Frente a esta versión, desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública se aseguró a Europa Press que sigue trabajando “con normalidad” con el Ministerio de Trabajo “con el objetivo de ampliar el número de efectivos de la Inspección”.
De hecho, las mismas fuentes argumentan que Función Pública ha autorizado un incremento de 781 efectivos para inspectores y subinspectores de Trabajo, así como una productividad extraordinaria de seis millones de euros. Esta mejora retributiva se suma al acuerdo salarial ya suscrito, que supone un aumento del sueldo para este año del 2,5%, y que puede llegar a un alza del 9,8% en el periodo 2022-2024.
Desde el Ministerio de María Jesús Montero también recuerdan que la ley de Función Pública, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados, establece el horizonte de desarrollo profesional que la Inspección de Trabajo había reclamado.
Las organizaciones sindicales argumentan que la anterior Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Inspección data de hace más de 20 años, por lo que es necesario dar cumplimiento a la que se acordó con los sindicatos e incorporar de manera inmediata los 500 efectivos que se habían prometido de manera urgente y progresivamente el resto de personal comprometido.
La plantilla de la Inspección está compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores y el resto, personal de estructura, que deben atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.
