MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) volverá a movilizarse el próximo 22 de junio ante la “negativa” del Ministerio de Hacienda y Función Pública a sentarse a negociar la subida salarial de los empleados públicos.
El sindicato augura un “otoño caliente” si no se atienden sus peticiones, pues los empleados públicos “arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 15%” desde que les rebajó el sueldo, en el año 2010.
“Esta negativa es intolerable. El Ministerio de Función Pública nos ha demostrado que tiene secuestrada la negociación salarial, y por eso, este 22 de junio, CSIF volverá a salir a la calle”, subraya la organización.
En concreto, el sindicato ha convocado concentraciones en toda España para esa jornada. En Madrid se celebrará frente al Ministerio de Hacienda y Función Pública, mientras que en el resto de España se llevarán a cabo en las puertas de las delegaciones de Gobierno.
“Llevamos solicitando desde el mes de marzo la apertura de la negociación, pero ante el mutismo de la ministra, hemos decidido continuar este proceso de movilizaciones”, argumenta CSIF en un comunicado.
El sindicato reclama a Hacienda un acuerdo plurianual que permita mitigar los efectos de la inflación sobre las nóminas de los trabajadores de las administraciones públicas.
“Los empleados públicos han dado sobradas muestras de compromiso y de sacrificio en los últimos años. Durante la pandemia hemos dado todo y más para que este país saliera adelante y trabajamos a diario para ofrecer un servicio público de calidad a nuestros ciudadanos, a pesar de las grandes dificultades que han tenido que asumir las plantillas del SEPE, la Seguridad Social, la Sanidad, la Educación, la Justicia o las Fuerzas de Seguridad”, denuncia.
Por todo ello, pide al Gobierno que adquiera “el mismo nivel de compromiso y de entrega” que han demostrado los funcionarios en los últimos años y adopte medidas para recuperar el poder adquisitivo perdido; corregir las desigualdades retributivas entre administraciones; actualizar las cuantías de la indemnización por razón de servicio; y adecuar los complementos de insularidad, entre otras medidas.
