MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha valorado el “buen acuerdo” alcanzado en el seno del Gobierno de coalición, que incluye una nueva Ley de Vivienda y un tipo mínimo efectivo en el Impuesto de Sociedades del 15% para grandes empresas.
“Tenemos un buen acuerdo de Presupuestos para 2022, que incluye una nueva Ley de Vivienda y que las grandes empresas paguen lo que toca”, ha destacado Díaz a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, después de que Moncloa anunciara esta misma mañana el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para dar próximamente luz verde al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.
Además, Díaz ha ensalzado que, con ello, se demuestra que el Gobierno gobierna y la coalición goza de buena salud. “El nuevo país avanza con cooperación entre las fuerzas progresistas y perseverancia”, ha remarcado.
Este pacto permitirá al Gobierno aprobar próximamente sus cuentas, aunque no se llevarán al Consejo de Ministros de este martes. Fuentes de Moncloa ya señalaron la semana pasada que contaban con aprobarlas, como tarde, la segunda semana de octubre, para que diera tiempo a tenerlas vigentes en 2022.
BAJAR EL PRECIO DEL ALQUILER EN PISOS DE GRANDES PROPIETARIOS
El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sobre la ley de vivienda pauta la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios, en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado.
Asimismo, establece que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de “congelación de precios e incentivos fiscales”, de cara a poder también reducir el precio del arrendamiento.
Según han detallado fuentes de Unidas Podemos a Europa Press, se ha superado el principal escollo que se topó ayer la negociación con esas obligaciones para grandes propietarios, que quedarán definidos como aquellos que dispongan de 10 o más viviendas. De esta forma, han detallado que habrá retirada a grandes tenedores de “privilegios fiscales”.
Mientras, se establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos y la futura normativa también apuesta por el parque publico de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (de éste 30%, la mitad para alquiler social).
