MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El 91,5% de los afectados por la reforma concursal considera que la tramitación de concursos de microempresas sin la participación de profesionales independientes no agilizará los trámites, sino que, debido a los vacíos legales, provocará el efecto contrario del deseado, incrementando la judicialización de muchos procesos, según ha señalado la Asociación Nacional de Entidades Especializadas (ANEES).
La organización ha realizado una encuesta a diferentes operadores jurídicos, económicos y agentes de entornos concursales para conocer su opinión sobre aspectos clave del anteproyecto de Ley de reforma concursal, cuyo periodo de alegaciones concluyó el pasado 25 de agosto y actualmente se encuentra en manos del Consejo de Estado para la elaboración del informe.
La idea que subyace en la reforma legal desde la exposición de motivos es la de reducir la saturación de la Justicia y agilizar trámites.
En este sentido, el anteproyecto prevé que las micropymes, empresas de menos de 10 trabajadores que suponen el 94% del tejido empresarial español, puedan llevar a cabo procesos de restructuración y sistemas de cálculo de pagos online sin la figura de un administrador concursal.
En este sentido, más del 98% también considera que la ausencia de administrador concursal y entidades especializadas en las liquidaciones concursales no supondrá una reducción de la carga de trabajo que soportan los juzgados de lo mercantil y alertan, además, de la inseguridad jurídica que supone tanto para las empresas concursadas como para los proveedores afectados el hecho de no contar con el aval de un administrador concursal durante el proceso.
“Es un anteproyecto de ley que tiene por delante un largo recorrido legislativo y aún estamos a tiempo de que suponga realmente una mejora que aporte garantías a las empresas concursadas y a todos los agentes afectados por concursos” ha afirmado Alex Munné, presidente de ANEES y a su vez director de operaciones de IAG Auction.
“Esperamos que la ley no se convierta en un problema añadido a la problemática que ya representa para una empresa entrar en un concurso de acreedores”, ha concluido Munné.
LOS RIESGOS DE LA PLATAFORMA
El anteproyecto de ley de la Reforma concursal prevé la de creación de una plataforma electrónica pública de liquidación de bienes. Una propuesta que más del 80% de los operadores consultados considera que no supondrá una mejora en las cantidades que se obtienen con la venta de los activos de las empresas concursadas. Es más, el 96,2% de los encuestados alertan de que la liquidación que realice el deudor en su propio concurso puede generar fraudes en la venta de sus activos.
Datos del propio Ministerio de la Presidencia ponen de relieve que las subastas extrajudiciales de entidades especializadas superan el 90% de efectividad en las pujas, frente al 61% de las notariales y el 45% de las judiciales.
Entre enero de 2020 y enero de 2021, se llevaron a cabo 127.567 subastas judiciales de las que, según datos de la Administración de Justicia, solo el 45% (5.845) recibió pujas, mientras que las subastas de entidades especializadas recibieron ofertas en un 90,7% de ocasiones.
