El Congreso aprueba mañana y remite al Senado la reforma de la Ley de Sociedades de Capital

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso tiene previsto aprobar este martes la reforma de la Ley de Sociedades de Capital impulsada por el Gobierno de coalición para fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.

La ponencia encargada de su tramitación cerró con tan solo una reunión su repaso a esta reforma, con aportaciones de prácticamente todos los grupos parlamentarios, por lo que es previsible que la norma se envíe al Senado con un alto grado de consenso.

Más de cincuenta enmiendas aprobadas de una sola tacada del PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, el PDeCAT y hasta una enmienda transaccional con Vox, que verá plasmada así una aportación en una ley del Gobierno de coalición negociada desde la vicepresidencia de Asuntos Económicos, que dirige Nadia Calviño.

REGULACIÓN DE LAS JUNTAS TELEMÁTICAS

Entre los cambios introducidos por los grupos está la regulación de las juntas de accionistas de las sociedades cotizadas de manera exclusivamente telemática, una posibilidad ya recogida en los primeros compases de pandemia y para la cual el PSOE propuso una regulación concreta, aunque con más requisitos para asegurar la interacción en tiempo real y una participación y seguimiento efectiva de la junta.

Por otro lado, también a propuesta del PSOE, se modifica la regulación sobre la política de remuneraciones, la información se propone sobre el número de acciones con voto doble existentes –deberá comunicarse a la CNMV cualquier cambio en plazo máximo de cuatro días– y también endurecer las condiciones de una OPA de exclusión.

POLÍTICA DE REMUNERACIÓN Y EXIGENCIAS DE INFORMACIÓN A LOS FONDOS

En lo que respecta a la política de remuneración, se busca clarificar que el consejo de administración tenga que proponer a la Junta su propuesta de cambio de política antes del cierre del ejercicio anual en el que acabe la política anterior, y también que se contemple expresamente que la Junta de accionistas pueda determinar que la nueva política se comience a aplicar de manera inmediata.

Por otro lado, también se rebajan a propuesta del PSOE las obligaciones de información sobre gobierno corporativo a los fondos de inversión, a los que se extiende el régimen simplificado, eximiéndoles así de la publicación de su informe anual de gobierno corporativo.

SE ENDURECEN LAS EXCLUSIONES DE BOLSA

Sobre las OPAs de exclusión, los grupos han acordado a propuesta del PSOE endurecer la posibilidad de que una sociedad saque de la negociación en Bolsa a una empresa, al elevar al 75% el capital necesario alcanzado en la operación.

Todo ello con el fin de evitar que un ofertante sitúe a los accionistas en la tesitura de tener que vender sus acciones ante la perspectiva de quedarse como propietarios de una sociedad no cotizada, independientemente del resultado de la oferta e incluso sin que llegue a alcanzar el 50% del capital.

OPERACIONES VINCULADAS Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Por otro lado, en virtud de un acuerdo con el PP y Vox, se ha incluido no considerar como operaciones vinculadas aquellas que realice una sociedad con sus sociedades dependientes o participadas siempre que ninguna parte vinculada a la sociedad tenga intereses en dichas entidades dependientes o participadas.

Asimismo, el proyecto de ley incorpora, a propuesta de Unidas Podemos, una modificación del Código de Buen Comercio, con el fin de incorporar a las obligaciones de información de las empresas los mecanismos y procedimientos con los que cuenta la empresa para promover la implicación de los trabajadores en la gestión de la compañía, en términos de información, consulta y participación.

En un inicio, el grupo confederal planteó que las sociedades con más de 50 trabajadores dispusieran de un plan para fomentar la implicación de los trabajadores, habilitando su acceso a un mínimo del 10% del capital social.

Sin embargo, el texto finalmente incluido, a través de un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, al que ha tenido acceso Europa Press, queda en desarrollar la regulación del estado de información no financiera para detallar qué mecanismos cuenta la empresa para este fin, sin obligar a contar con mecanismos de este tipo.

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