El Consejo de Estado envía hoy a Economía su dictamen sobre la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Estado tiene previsto enviar esta tarde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital su dictamen sobre el anteproyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, según informaron fuentes del órgano consultivo a Europa Press.

Economía está pendiente de recibir el informe del Consejo de Estado para que el proyecto de ley pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros en segunda vuelta y arrancar su tramitación parlamentaria.

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero es una de las reformas prioritarias del departamento que dirige Nadia Calviño. Para agilizar el proceso, el Consejo de Ministros acordó la semana pasada solicitar a comisión permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente sobre el anteproyecto de ley, no más tarde del día 17 de noviembre de 2022.

Fuentes del Consejo de Estado confirmaron que el dictamen forma parte del orden del día de la comisión permanente de este jueves, que ya se encuentra reunida. Previsiblemente, esta misma tarde el Ministerio de Asuntos Económicos recibirá el dictamen que finalmente haya aprobado la comisión.

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero supondrá la puesta en marcha de un mecanismo que unificará los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

La futura figura resolverá las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la respuesta que le hayan dado los servicios de atención al cliente de sus entidades financieras.

Estará dotada de autonomía e independencia y sus resoluciones serán vinculantes para las entidades financieras cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros. Este mecanismo, además, será gratuito para los clientes y se financiará con una tasa de 250 euros que las entidades tendrán que pagar por cada reclamación admitida.