El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la concesión de ayudas directas de hasta 200.000 euros para autónomos y empresas especialmente afectados por la pandemia que hayan perdido al menos un 30 % de sus ingresos en 2020, unos fondos que tendrán que destinar a pagar gastos fijos y deudas.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha explicado en la rueda de prensa tras el Consejo extraordinario que las ayudas están destinadas a negocios especialmente afectados por la pandemia, como la hostelería, la restauración, el comercio al por mayor y minorista, sectores auxiliares del transporte o relacionados con la cultura.
Estas ayudas ascienden a 7.000 millones de euros, de los que 2.000 millones están reservados a Baleares y Canarias, por ser las regiones más afectadas, mientras que los 5.000 millones restantes irán al resto de comunidades autónomas.
El importe de la ayuda varía en función del tipo de empresa, de manera que los autónomos que cotizan en el régimen de estimación objetiva en el IPRF podrán optar a una cantidad fija de 3.000 euros, mientras que el resto de autónomos y empresas podrán solicitar un rango de entre 4.000 y 200.000 euros.
En cualquier caso, el importe de las ayudas ascenderá a un máximo del 40 % de la caída adicional de ingresos sufrida por la pandemia para micropymes y autónomos, mientras que ese porcentaje se reduce al 20 % en el caso del resto de empresas.
Las ayudas tienen carácter finalista, de manera que se tienen que utilizar para pagar las deudas contraídas desde marzo de 2020, como pago a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o deuda financiera.
La concesión de las ayudas estará ligada al mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022, así como a otros requisitos, incluyendo la prohibición de reparto de dividendos y aumento de retribuciones del personal directivo.
Las empresas también deberán estar al día del pago de obligaciones tributarias y no operar en paraísos fiscales.
Las ayudas serán gestionadas por las comunidades autónomas y la asignación de los fondos se realizará siguiendo los mismos criterios que los utilizados para el REACT-EU: impacto de la pandemia en la riqueza de la comunidades autónomas, impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que el decreto impone al Gobierno un plazo de un mes y diez días para tener formalizada la orden de reparto de esos 7.000 millones a las autonomías, así como para tener firmados los convenios con cada una de ellas para formalizar la transferencia.
Tanto Montero como Calviño han confiado en que una vez reciban esas trasferencias las comunidades hagan llegar las ayudas a empresas y autónomos “lo antes posible”.
El Gobierno aprueba una línea de 3.000 millones para reestructurar deudas
El Consejo de Ministros ha acordado extender hasta el 31 de diciembre el plazo para solicitar préstamos con aval del ICO, una medida adoptada poco después de la declaración de la pandemia y que ha permitido a los bancos conceder más de 121.000 millones a autónomos y pymes.
Según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, estas medidas extraordinarias se incluyen en el real decreto-ley aprobado este viernes con 11.000 millones de euros en ayudas directas a empresas.
En el caso concreto de la nueva línea para la reestructuración de deuda financiera con aval del Estado, dotada con 3.000 millones, podrán recurrir a ella aquellas empresas que previamente recibieron préstamos con avales del ICO para sortear la crisis.
Todas estas empresas tienen encima de la mesa desde noviembre la posibilidad de extender hasta dos años el periodo de carencia del pago del principal y hasta ocho años el plazo de devolución de los préstamos, pero el Ejecutivo ha decidido ir más allá.
