El Gobierno aprueba licitar el ‘macrocontrato’ de seguridad en edificios públicos por 86,5 millones

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha aprobado la celebración del contrato centralizado de servicios de seguridad integral y de auxiliares de control en edificios del sector público estatal, con un presupuesto base de licitación de 86,5 millones de euros, según se desprende de las referencias del Consejo de Ministros.

La cifra de 86,5 millones de euros incluye IVA. El importe neto del contrato es de 71,5 millones de euros, mientras que el valor estimado del mismo es de 166,1 millones de euros.

El contrato estará dividido en 10 lotes y el plazo de vigencia será de 24 meses, con fecha prevista de inicio desde el 1 de noviembre de 2021. Existe la posibilidad de ser prorrogado por un plazo máximo de otros 24 meses adicionales.

Aunque el Consejo de Ministros ha aprobado la celebración del contrato este martes, el anuncio previo de la licitación se publicó el pasado 17 de marzo en la plataforma de Contratación del Estado.

Las empresas que deseen participar en el concurso podrán optar a los 10 lotes ofertados, pero el Gobierno únicamente podrá adjudicar cuatro lotes a una misma empresa o conjunto de empresas.

El Ejecutivo ha impuesto una serie de condiciones especiales en este contrato: las empresas que se presenten al concurso tendrán que realizar, durante el ejercicio del contrato, acciones de sensibilización y formación en materia de igualdad y conciliación. También se requiere una acción de formación profesional en los 11 primeros meses de contrato y que se cumpla con la normativa actual de protección de datos.

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 131 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha acordado modificar los límites establecidos en artículo 47 la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. El Ejecutivo ha realizado esta modificación para permitir que el Ministerio de Consumo pueda alquilar el inmueble situado en la calle Alcalá, número 27 (Madrid), donde se ubicarán las dependencias del departamento.

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