El PSOE plantea un programa de 1.400 millones destinado a proyectos para la transición industrial

En sus enmiendas a los Presupuestos propone también aumentar la financiación de la Agencia Tributaria ante sus nuevos cometidos

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El PSOE quiere incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 un programa de 1.400 millones de euros destinado a financiar proyectos estratégicos para la transición industrial, en el marco del Componente 12 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Así se recoge en una de las enmiendas que ha registrado el Grupo Socialista en el Congreso al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, a las que ha tenido acceso Europa Press.

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Según el hito 184 de la Decisión de Ejecución del Consejo acordada en el seno de la Unión Europea, se indica específicamente una concesión por el Ministerio de Industria de al menos 1.200 millones de euros a, por lo menos, 78 proyectos transformadores, incluidos los relacionados con Perte aprobados (tres como mínimo), que impliquen una transformación sustancial de la industria en términos de eficiencia energética, sostenibilidad y transformación digital.

“Con la enmienda propuesta se pretende la coherencia entre la naturaleza de las actuaciones a financiar de acuerdo al diseño del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en esta línea, inversión y componentes particulares, y su encuadre en el conjunto de la política presupuestaria”, defiende el PSOE.

800 MILLONES PARA EL PERTE CHIP

En otra enmienda, el PSOE también propone dar apoyo financiero a la nueva Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores con idea de que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales le facilite un préstamo de una dotación máxima de 800 millones de euros a tipo de interés cero y sin garantías.

La Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores es un grupo empresarial perteneciente a la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI). El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital regulará mediante resolución las condiciones, criterios y procedimientos de control que esta deberá establecer para la concesión de los correspondientes préstamos participativos.

El socio mayoritario del Gobierno indica que a través de estos recursos se impulsaría el desarrollo de las capacidades de diseño y producción de la industria de microelectrónica y semiconductores de España, durante el ejercicio de 2023, como parte de la estrategia ‘España Digital 2026’.

La gobernanza del Perte chip recae en un grupo de trabajo interministerial, cuyo papel de impulso y coordinación de las actuaciones recae en el Comisionado Especial del Proyecto de Microelectrónica y Semiconductores, que se instrumenta a través de la sociedad estatal previamente mencionada.

El Grupo Socialista define al Perte Chip como una iniciativa estratégica que busca desarrollar capacidades de diseño y producción de la industria de microelectrónica y semiconductores de España ed manera que se genere “un importante efecto multiplicador no solo en los sectores tecnológicos, sino en el conjunto de la economía española”.

MAYOR CONTROL PARA EVITAR CONFLICTO DE INTERÉS CON LOS FONDOS

En otra de sus propuestas, el PSOE propone reforzar los sistemas de control para evitar conflictos de interés en la ejecución del Plan de Resiliencia y el reparto de los fondos europeos, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo.

Así, añade una nueva disposición para aplicar el “análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés” a todos los empleados públicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones.

Y todos esos implicados deberán firmar declaraciones de ausencia de conflicto de interés (DACI) en los procedimientos de contratación o de concesión de subvenciones, detalla la propuesta.

USO DE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Por otro lado, la formación socialista plantea en otra enmienda parcial que los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social también puedan atender, puntualmente, otros fines de utilidad pública encomendados a otras administraciones públicas.

“Resulta oportuno prever que, sin perder su finalidad primordial, los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social también puedan atender, puntualmente, otros fines de utilidad pública encomendados a otras administraciones públicas”.

En su propuesta, el grupo admite que los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social puedan ser adscritos a otras administraciones públicas para el cumplimiento de fines de utilidad pública, pero recalcando que la Seguridad Social mantendría en todo caso la titularidad sobre los mismos.

La modificación normativa prevé que, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pueda autorizar el cambio de destino de los bienes adscritos a otras administraciones, siempre que, en coherencia con el objetivo de esta reforma, vayan a dedicarse a un fin de utilidad pública.

VENTAJAS A LAS PROVINCIAS DESPOBLADAS

En lo que respecta a otras enmiendas, el PSOE también plantea la reducción de cuotas a la Seguridad Social de empresas de Cuenca, Soria y Teruel, por estar catalogadas como escasamente pobladas.

El Grupo Socialista también ha registrado una enmienda para corregir la “insuficiencia del Presupuesto” en lo relativo a la financiación de la Agencia Tributaria.

El PSOE sostiene que la actividad de la Agencia Tributaria se ha intensificado en los últimos tiempos pues, además de desarrollar las actuaciones propias para la consecución de sus objetivos, le corresponde en buena medida la tramitación de las ayudas y medidas de carácter social que aprueba el Gobierno en el contexto económico actual.

“Con lo que es necesario que la insuficiencia del Presupuesto aprobado por las Cortes Generales se corrija lo antes posible en el tiempo, al objeto que ese déficit de financiación no influya negativamente en el desarrollo de la actividad de la Agencia Tributaria”, ha defendido la formación.

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