Se quedó con un total de 225.000 euros y lo ocultó a su cliente aludiendo a “una serie de avatares procesales”
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 6 años y 3 meses de prisión impuesta a un abogado laboralista que se apropió de los 225.000 euros de la indemnización por despido improcedente reconocida por la jurisdicción social a un cliente suyo.
En una sentencia, recogida por Europa Press, la Sala de lo Penal ratifica el fallo que condenaba al letrado por un delito continuado de apropiación indebida agravada por el valor de la defraudación –4 años y 3 meses de prisión y multa de 7.875 euros– y delito continuado de falsedad de documento oficial por particular –2 años de prisión y multa de 6.775 euros–. Además, condena al abogado a devolver 227.900 euros más intereses a su cliente.
Según los hechos probados de la sentencia de la Audiencia de Barcelona, posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la víctima contrató en 2012 los servicios profesionales del abogado laboralista acusado con el objeto de interponer una demanda por despido improcedente y extinción de contrato contra su empresa.
Los tribunales –primero el Juzgado de lo Social, después el TSJ catalán y finalmente el Supremo–ratificaron la improcedencia del despido y condenaron a la empresa a abonarle una indemnización de 202.213 euros.
Tras ganar firmeza la sentencia, el Juzgado expidió en octubre de 2015 mandamiento de devolución de los 202.213 euros –que había consignado la empresa para poder recurrir en apelación– a favor del trabajador, que entregó al abogado, y en diciembre del mismo año liquidó los intereses del principal de la indemnización, que ascendieron a 25.703,30 euros, expidiendo otro mandamiento de devolución por esa cuantía en favor del trabajador y con entrega al letrado.
“SE QUEDÓ CON LAS CANTIDADES OBTENIDAS”
El abogado ahora condenado, según recoge el relato de hechos, “se quedó con las cantidades obtenidas mediante los repetidos mandamientos, que cobró directamente o a través de otra u otras personas a las cuales encargó la gestión de cobro”.
Además, “a fin de retrasar cuanto pudiera la llegada al conocimiento de su cliente del cobro efectuado de las cantidades reconocidas a su favor en sentencia, (el acusado) explicó al mismo una serie de avatares procesales que presentó como impeditivos del pago, reforzando sus explicaciones mediante la entrega de fotocopias que decía eran de documentos procedentes del Juzgado de lo Social”.
Estos archivos, sin embargo, “no lo eran”, y las fotocopias, “confeccionadas por él u otra persona por encargo suyo, hacían referencia” a la supuesta presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con suspensión del pago de cantidades hasta la resolución del mismo.
DOCUMENTOS “PARA ENCUBRIR SU ACCIÓN”
El Supremo, en un fallo ponencia del magistrado Pablo Llarena, considera que la valoración de las pruebas realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es “correcta y razonable” cuando concluye que fue el acusado quien cobró los dos mandamientos de pago emitidos a favor de su cliente a la vista de la prueba documental.
El tribunal aclara, además, que, “no siendo el delito de falsedad un delito de propia mano, resulta irrelevante que fuera el recurrente quien abordó la confección material de las fotocopias o si encomendó la realización a otra persona”.
“La acreditación de que el acusado se apropió de los fondos pagados a su cliente, evidencia que los documentos (irreales según el testimonio prestado en el plenario por el Letrado de la Administración de Justicia) sólo servían para encubrir su acción, siendo plenamente razonable la inferencia de que hubo de ser él quien encomendó o abordó la realización de las fotocopias para justificar a su cliente por qué no debía entregarle los fondos”, detalla la sentencia.
Por ello, el Supremo rechaza el recurso del abogado condenado salvo en la pena de multa correspondiente al delito de falsedad documental, ya que la Audiencia impuso una cuantía –13 meses a razón de 25 euros de cuota diaria– que estaba por encima de lo pedido por el fiscal y la acusación particular, lo que vulneró el principio acusatorio. Así las cosas, impone pena de multa de 9 meses con cuota diaria de 25 euros por este delito, manteniendo el resto de condenas y pronunciamientos.
