MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas tiene abiertos seis expedientes tras sus fiscalizaciones a las mutuas, cinco de reintegro por alcance y uno por responsabilidad tributaria por regalos a sus empleados no tributados como salario.
Así lo manifestó la presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano, durante su comparecencia esta semana ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, en la que presentó una serie de fiscalizaciones a la Seguridad Social y a sus mutuas.
Respecto a las mutuas, Chicano presentó dos informes, uno sobre la gestión y control de los pagos efectuados a su personal y otro sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en el proceso de segregación de las mismas.
ESPECULACIÓN EN EL PROCESO DE VENTA DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN
En este proceso de venta de los servicios de prevención las mutuas, desarrollado en los años del primer Gobierno de Mariano Rajoy, el Tribunal detecta falta de control y especulación, acusando a esta Dirección General de no actuar diligentemente ni ejercer sus competencias.
Así, señala cómo varias sociedades se vendieron a directivos de las mismas mutuas y algunas fueron revendidas meses después, multiplicándose el precio. Una de ellas, la de Asepeyo (ASPY), fue vendida por 7 millones a una sociedad con cinco directivos de la firma para revenderse medio año después por 29,15 millones, cuatro veces más. La de Mutua Gallega (Mugatra), por su parte, duplicó su valor de venta en dos años, de 2,2 millones en a 5,2 millones.
De la venta de estos servicios de 19 mutuas, el Tribunal considera que tendría que haberse cuestionado la venta de seis de ellos, que una operación no debió ser autorizada por no contar con informe, y apunta indicios de relación de colaboración entre la valoradora de cuatro sociedades y la firma de auditoría de estas sociedades, lo que implicaría incompatibilidad.
REGALOS Y BENEFICIOS CON CARGO A LA SEGURIDAD SOCIAL
En lo que respecta a los gastos efectuados a su personal, revela retribuciones asociadas al aumento de clientes, lo que podría vulnerar la normativa, y cómo las mutuas cargan a sus presupuestos gastos como regalos, atención sanitaria, alquileres o matrículas universitarias, llegando a sobrepasar límites pactados.
En su fiscalización detecta la existencia de beneficios, como cestas de Navidad, regalos de Reyes, pago del IRPF de alquileres, asistencia sanitaria gratuita, todo ello con cargo a los Presupuestos de la Seguridad Social.
En sus conclusiones, apunta a la responsabilidad de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social porque “no ejerció adecuadamente la función de dirección y tutela al no haber adoptado medidas correctoras”. Así, diez mutuas realizaron pagos por importes fuera de los límites máximos de las retribuciones, sin que la Seguridad Social hubiera detectado esta posible incidencia ni, por tanto, solicitara una justificación.
“VISTO LO VISTO, TENDREMOS QUE SEGUIR INCIDIENDO”
Durante la presentación del informe, Chicano apuntó a una “debilidad normativa de toda su regulación” que, a su juicio, lo que la dejaba en una situación de “riesgo”, así como la gestión de dinero público desde un ámbito privado. Así, la presidenta explicaba que entre los criterios del Tribunal para priorizar focos de fiscalización se encontraba la debilidad normativa, la gestión de fondos públicos desde un ámbito privado o no público y el volumen de fondos.
“Sí que quizás es exagerada la función fiscalizadora sobre las mutuas, pero siendo así, fíjense lo que pasa. Si no fuera así, no sé lo que pasaría”, aseguró, ante la pregunta del portavoz del PP en la Comisión, Miguel Ángel Paniagua, que se había interesado por las razones por las que las mutuas concentraban este volumen de informes. “De momento, visto lo visto, yo creo que tendremos que seguir incidiendo en las mutuas”, concluyó Chicano.
