Un tribunal federal de apelaciones otorgó al presidente Donald Trump un respiro temporal frente a un fallo que amenazaba con desmantelar buena parte de su ambiciosa política arancelaria. La decisión brinda algo de oxígeno a una Casa Blanca que enfrenta crecientes limitaciones legales para reformar el comercio global a su manera.
La administración celebró la orden del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal como una validación a su intención de impugnar con firmeza el fallo emitido por el Tribunal de Comercio Internacional, que había anulado partes esenciales de los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).
Desde la Casa Blanca se insistió en que, si la vía judicial falla, Trump aún tiene otras herramientas legales para imponer aranceles. Sin embargo, estas alternativas son más complejas, lentas y menos flexibles para ejercer presión en negociaciones con otros países. Algunas requieren meses de trámite y otras tienen límites en duración y alcance.
Trump reaccionó con vehemencia en redes sociales, calificando de “horrible y política” la decisión inicial. Aseguró que exigir aprobación del Congreso para sus aranceles “destruiría por completo el poder presidencial”. “Esperemos que la Corte Suprema revierta esta amenaza para el país, ¡rápido y con firmeza!”, escribió.
A pesar de esta suspensión provisional, la posibilidad de que el tribunal confirme el fallo original y anule definitivamente la política arancelaria de Trump genera gran incertidumbre en la Casa Blanca. Un segundo juez federal también declaró ilegales ciertos aranceles, aunque limitó su decisión a una empresa demandante y dio 14 días al Departamento de Justicia para apelar.
La secretaria de prensa Karoline Leavitt advirtió que el país no puede funcionar si “presidentes ven sus negociaciones comerciales y diplomáticas saboteadas por jueces activistas”. Agregó que “la Corte Suprema debe poner fin a esto por el bien de la Constitución”.
El fallo original habría dado apenas 10 días al gobierno para desmantelar los aranceles, pero la nueva orden fija un calendario de alegatos hasta el 9 de junio. Si se concede una suspensión más prolongada —o si la Corte Suprema acepta el caso—, las tarifas podrían seguir vigentes durante meses.
Aunque el equipo de Trump mostró confianza, el fallo representa uno de los mayores reveses de su segundo mandato. La tasa arancelaria efectiva de EE. UU. podría caer del 27% a menos del 6%, según cálculos de Bloomberg Economics, un desplome que podría frenar su agenda económica y afectar el crecimiento.
La incertidumbre legal llega en un momento delicado para la economía global, ya sacudida por la imprevisibilidad de Trump en política comercial. También podría debilitar su poder de negociación en acuerdos pendientes.
El fallo bloqueó tarifas sobre México, Canadá, China y otros socios clave. Trump justificó su uso de la IEEPA por la crisis del fentanilo y los déficits comerciales, pero el tribunal consideró que sobrepasó sus facultades.
Mientras evalúan alternativas, en la Casa Blanca admiten que otras herramientas legales requieren tiempo. “Hay opciones que tomarían meses y ya fueron utilizadas por otras administraciones, pero no planeamos usarlas ahora”, dijo Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional.
No obstante, ya han comenzado a usar otras vías legales como la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial para aplicar tarifas a productos como acero, aluminio, vehículos y autopartes. Se investigan también semiconductores, minerales críticos, productos farmacéuticos y aeronaves.
Peter Navarro, asesor comercial, aseguró que el plan arancelario de Trump “sigue vivo y saludable” y prometió que se implementará para proteger empleos y fábricas estadounidenses. También adelantó que el representante comercial Jamieson Greer evaluará nuevas estrategias en breve.
Otra alternativa sería la Sección 122, que permite aranceles de hasta el 15%, pero por un máximo de 150 días, algo que el propio Navarro considera insuficiente. También está la Sección 301, usada anteriormente contra China, que permite al presidente actuar contra prácticas comerciales desleales.
Acudir al Congreso sería una última opción, pero implicaría demoras y posibles rechazos, especialmente en un Capitolio dividido. Además, consumiría tiempo legislativo clave para otras prioridades, como nombramientos o recortes fiscales.
“En otras palabras, cientos de políticos sentados en Washington durante semanas, incluso meses, debatiendo qué cobrar a países que nos tratan injustamente”, criticó Trump.