MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Facua-Consumidores en Acción ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional penas de tres años de prisión para los cuatro directivos de Iberdrola procesados por “inflar fraudulentamente” el precio de la electricidad a finales de 2013 y una multa de 107,5 millones de euros para la compañía.
El pasado 27 de junio, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la apertura de un juicio oral contra Iberdrola Generación y cuatro directivos a los que señala como responsables de un delito relativo al mercado y contra los consumidores por llevar a cabo un “artificio” en 2013 que sirvió para aumentar el precio de la energía, provocando un perjuicio de más de 107 millones de euros.
En un escrito de acusación remitido a la Audiencia Nacional, el fiscal Antonio Romeral se dirigió contra la filial de la energética y contra Á. C., director de Gestión de la Energía; G. R., responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; J. L. R., encargado de Gestión de Activos; y J. P., a cargo de Mercados a Corto Plazo y Generación Global.
Facua, que ejerce la acusación particular, ha explicado que los 107,5 millones de euros que solicita de multa a Iberdrola corresponden al “quíntuple de los beneficios que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estimó que había obtenido debido a dicha actuación”, es decir, 21,5 millones de euros.
Además de la sanción a la compañía, las asociación de consumidores pide penas de tres años de prisión y 18 meses de multa (con una cuota diaria de 400 euros) “por delitos contra el mercado y los consumidores cometidos en grado de autor” contra los cuatro directivos mencionados anteriormente.
PARALIZACIÓN DE CENTRALES HIDRÁULICAS
Según explica Facua, el caso arrancó en 2017, cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia contra Iberdrola al considerar que incurrió en un “delito contra el mercado y los consumidores” con la paralización de las centrales de los ríos Duero, Tajo y Sil, lo que le permitió obtener un “lucro ilícito” de unos 20 millones de euros.
“Facua ya se había dirigido en 2015 a la Fiscalía General del Estado, que le dio traslado a la Fiscalía de Vizcaya, la cual decidió archivarla”, detalla la organización.
Ese mismo año, la CNMC había multado a la eléctrica con 25 millones de euros por haber “inflado fraudulentamente” el precio de la electricidad al incrementar el precio de la oferta de sus centrales hidráulicas.
“Iberdrola recortó intencionadamente la producción de energía hidráulica, la más barata, para que entrara en el mercado mayorista de la electricidad -denominado ‘pool’- la procedente de los ciclos combinados (que utilizan gas para generar electricidad), que son mucho más caros y acaban marcando un precio final más alto”, añade Facua.
INCREMENTO “ARTIFICIAL” DEL PRECIO
La asociación apunta que en un auto fechado el pasado 26 de mayo, el magistrado del caso explicó que los hechos por los que se pretende juzgar a Iberdrola “se aprecian en su oferta de energía”.
“Así, se remite a los datos aportados por la CNMC: el aumento del precio en unos 7 euros y el perjuicio a la demanda de 105 millones durante el periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 23 diciembre de 2013”, agrega Facua.
