El plazo de consulta pública del anteproyecto de ley finaliza este lunes 6 de septiembre
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) considera que el anteproyecto de ley ‘Crea y Crece’ sobre creación y crecimiento de empresas es una “cortina de humo” para decir ante la Unión Europea que se han tomado medidas para combatir la morosidad.
A un día de que finalice el plazo de consulta pública de dicho anteproyecto, el presidente de la Plataforma contra la Morosidad, Antoni Cañete, ha criticado en una entrevista con Europa Press que, aunque esta ley tiene “un buen titular” al indicar que las empresas que incumplan los pagos de la ley de morosidad no podrán acceder a subvenciones públicas, alude a una simple “declaración responsable” para acreditarlo.
“Con la modificación de la ley de subvenciones, nos parece bien que esté sujeto al cumplimiento de la ley de morosidad, pero la comprobación de que la están cumpliendo no debería ser una declaración responsable, sino que se cumplan unos determinados requisitos y se certifiquen”, ha señalado.
Y es que la morosidad, según ha avisado Cañete, es el elemento más importante de cierre de empresas y de pérdida de puestos de trabajo. En la crisis anterior, una de cada tres empresas y puestos de trabajo se perdieron por culpa de la morosidad. “Cuando las empresas tardan en cobrar o se amplían los plazos de pago el problema es que no tienen liquidez. Es como quitarles el oxígeno”, ha apuntado.
Otra medida fundamental que la ley impulsa es la adopción de la factura electrónica, modificando la normativa actual y ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos entre ellas. Esta medida permitirá obtener información fiable y ágil para conocer los plazos efectivos de pago, con el objetivo de reducir la morosidad de manera eficaz.
Sobre este asunto, la Plataforma considera que la implantación de la factura electrónica a todas las pymes es “positiva” y además va a suponer un gran avance para el control de los periodos de pago en el país. Sin embargo, ha alertado de que la redacción del anteproyecto no asegura que se vayan a producir reducción de costes ni de cargas administrativas para pymes y autónomos. “Muy al contrario, creemos que empeorarán”, han avisado.
DENUNCIAN SU FALTA DE REPRESENTACIÓN EN LA LEY
También Cañete ha lamentado que se eliminará el artículo de la Ley de Morosidad en el que la PMcM tenía legitimidad para este tipo de temas de morosidad, diciendo que crearán un Observatorio que liderará el Consejo Estatal de la Pyme. “Denunciamos que la PMcM no tenga la representación donde se hable de morosidad: esto es un claro ejemplo de dejar las gallinas delante del zorro”, ha criticado.
Respecto a la modificación de la ley de contratos del sector público, la PMcM propone que el subcontratista tenga la capacidad de impugnar los contratos, que no sea solo una potestad de los contratistas y la Administración Pública.
AVISO DE LA UE A ESPAÑA POR LA ALTA MOROSIDAD DEL SECTOR PÚBLICO
El pasado mes de junio, la Comisión Europea lazó un últimátum de dos meses a España para que reduzca los “excesivos” retrasos que existen en los pagos por parte de comunidades autónomas y municipios a sus proveedores del sector privado y evitar así que el asunto acabe en el Tribunal de Justicia de la UE (TUE).
Ante esto, el Gobierno mostró su compromiso con los plazos de la directiva de morosidad y remitió el 10 de agosto un informe a la Comisión sobre las líneas de actuación a seguir para corregir los plazos de pago, según ha informado Cañete.
El presidente de la Plataforma ha asegurado que desde la entidad acaban de reunirse con la Unión Europea, quien les ha comentado que está analizando exhaustivamente la documentación que les envió el Ministerio que encabeza María Jesús Montero.
EL PROBLEMA CON LOS PERIODOS DE PAGO DE LAS AAPP
Según ha denunciado Cañete, el año pasado se incrementaron los plazos de pago de las administraciones públicas a las empresas, algo “inexplicable” en un periodo tan difícil por la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19. “Las empresas han sufrido la falta de liquidez y han tenido que recurrir a los créditos del ICO para afrontar la situación”, ha apuntado el presidente de la Plataforma.
Lo que reclama Cañete es que las administraciones públicas españolas cumplan con el plazo de pago máximo de 30 días fijado en una directiva europea, ya que actualmente hay “unos 600 Ayuntamientos” que incumplen esta cuestión. Como ejemplo, Cañete ha señalado que un ayuntamiento de Asturias tiene una media de pago de 1.000 días. “Es algo inexplicable cuando hablamos de una administración pública”, ha denunciado Cañete, aunque también ha puesto en valor que otros, como el de Barcelona, cumplen con la legalidad de los plazos.
QUE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL CONTROLE LOS RETRASOS
Por ello, la solución que proponen desde la Plataforma es que la Administración Central controle a las entidades que retrasan el pago de las deudas con sus proveedores. “Que las administraciones públicas no cumplan con la ley es algo difícil de explicar”, ha lamentado Cañete. La Plataforma ha sido citada próximamente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para explicarles las acciones que desde el Gobierno quieren llevan a cabo en materia de morosidad.
De su lado, también ha denunciado que las empresas cotizadas triplican el plazo legal de pago. En concreto, las compañías del sector no financiero del Ibex 35 liquidaron sus facturas en un periodo medio de 191 días en 2020, triplicando el plazo legal permitido y establecido en 60 días, y aumentando 15 días más respecto a 2019, según el último análisis de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad realizado con los balances de las compañías y de los datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
