MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM) ha pedido a los grupos parlamentarios presentar enmiendas para que la Ley Crea y Crece, anunciada este martes, exija una “comprobación fehaciente” a las empresas destinatarias de las ayudas de que cumplen con la ley de morosidad y que no valga únicamente con una declaración responsable.
Además, desde la PMCM se han felicitado porque la facturación electrónica vaya a permitir trazabilidad, pero también lo han considerado “insuficiente”.
“Si cuando pagas mal no te pasa nada, continuarás pagando mal, porque es lo que viene sucediendo continuamente”, han lamentado desde la Plataforma, que han descrito la morosidad como “uno de los mayores problemas que afectan a la supervivencia de las pymes”.
“Para que la ley sea eficaz y eficiente debería implementarse un régimen de sanción de incumplimiento”, ha recalcado el presidente de la PMCM, Antoni Cañete.
ENFADO POR LA AMPLIACIÓN DE ENMIENDAS AL RÉGIMEN SANCIONADOR
Por otra parte, desde la PMCM han lamentado que ya haya pasado más de un año desde que el Congreso aprobara por unanimidad sacar adelante el régimen sancionador. “Para agilizar el proceso dada la urgencia por la situación de las pymes, no tenían más que aprobar las enmiendas ya negociadas previamente para la Ley presentada con anterioridad, pero lo único que ha ocurrido han sido las numerosas ampliaciones del plazo de enmiendas, más de 40”, han denunciado.
Así pues, han tachado esta situación de “injustificable”, más aún si cabe teniendo en cuenta que fue aprobada “como acuerdo en la Comisión de Reconstrucción” y “tomada en consideración por todos los grupos parlamentarios”.
Todo ello ha llevado a la PMCM a augurar un empeoramiento de la situación financiera de las pymes. “En nuestro último análisis de las empresas del IBEX constatamos que el plazo medio de pago era de 191 días frente a los 60 legales. En cuanto a las AA.PP., vemos en los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda que los ayuntamientos pagan a una media de 70 días, en vez de a un máximo de 30 como marca la ley. Además, el ratio de las operaciones pendientes de pago del conjunto de los ayuntamientos a septiembre superaba los 142 días”, han destacado desde la Plataforma.
“Combatir la morosidad salva empresas. En la actualidad, medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos”, han destacado desde la Plataforma, quienes creen que “no salir de este bucle de impagos a proveedores de forma inminente podría llevarnos a una situación sin precedentes y con graves consecuencias para el tejido empresarial, con la consecuente desaparición de empresas”.
Por último, han recordado que retraso en los pagos “no se puede justificar de ninguna manera”, más si cabe en empresas que tienen liquidez. “Según las estimaciones realizadas por la PMcM sobre los datos de la CNMV referidos a 2020, las compañías cotizadas liquidaron sus facturas en un periodo medio de 200 días, triplicando el plazo legal permitido y aumentando 14 días respecto a 2019. Además, tenían en cartera 81.786 millones de euros sobrepasando los 60 días legales”, han sentenciado.
