La presidenta de la Comisión de Spanair considera que se deben señalar las responsabilidades políticas

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comisión de Investigación del accidente JK5022 de Spanair, Meri Pita, ha señalado que el dictamen de dicha comisión tiene que señalar las responsabilidades políticas sobre el accidente, es decir, a «aquellos responsables de las entidades públicas que estaban al frente de la cadena de seguridad».

La diputada de Unidas Podemos ha respondido de esta manera durante una entrevista emitida este sábado en el programa ‘Parlamento’ de RNE, en la que ha sido cuestionada sobre el voto particular en contra del Grupo Parlamentario Socialista, al considerar que este establece responsabilidades que son competencia de la Justicia.

Pita ha subrayado que el dictamen no entra «para nada» en el campo jurisdiccional, sino que habla de «responsabilidad política», por lo que se cita «toda la cadena» de responsables antes, durante y después del accidente, que se produjo el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Madrid-Barajas, con 154 fallecidos y 18 supervivientes.

La diputada ha insistido en que «ha sido muy duro escuchar en vivo y en directo» a los supervivientes y a los equipos de emergencia que participaron en la tragedia, por lo que «no tiene sentido que la comisión de investigación no señale al menos responsabilidades».

No obstante, ha señalado que la novena recomendación del dictamen pasa por trasladar a la Fiscalía toda la documentación, que sería quien determine si puede haber algún elemento dolo o penal.

El dictamen responsabiliza del «fallo sistémico» que provocó el accidente a diferentes cargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento en 2008, dirigido en aquel momento por la exministra Magdalena Álvarez, atribuyendo la tragedia a una «correlación de factores causantes que concluyen en el trágico accidente».

En concreto, recoge que el fallo sistémico que provocó el accidente es una responsabilidad de los encargados del comprobar el correcto funcionamiento del sistema a través de los medios del Estado y establece un listado de hasta 18 cargos que en 2008 asumían puestos de responsabilidad, tanto en el Ministerio de Fomento como en la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC), Aena y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), entre otros.

Entre ellos se encuentra el entonces secretario general de Transportes y secretario de Estado, Luis Fernando Palao; el director general de Aviación Civil, Manuel Bautista; el jefe de Gabinete de la ministra Álvarez, Antonio Fernández; y Manuel Azuaga, presidente de Aena entre 2004 y 2008.

El dictamen añade que, «más allá de las responsabilidades civiles, penales o morales», en una democracia «debe plantearse con normalidad la responsabilidad política en un sentido fuerte, aquella en la que los gobernantes deben responder por todo aquello que tiene que ver con lo que efectivamente gobiernan»

Por ello, el GPS ha decidido emitir su voto particular en contra del dictamen al considerar que tanto la conclusión X, que establece estas responsabilidades, como la novena recomendación, –sobre las que solicitó informe al letrado– suponen una «grave vulneración de la ley» y pueden ser contrarias al derecho.

Los grupos tienen hasta el próximo martes para emitir sus votos y posteriormente será trasladado a la Mesa del Congreso para ser elevado a Pleno.

«UNA SERIE DE HECHOS CONCATENADOS QUE ACABAN EN TRAGEDIA»

Sobre la Comisión, Pita ha resaltado que, a través de los 48 comparecientes y la «ingente» cantidad de documentación aportada, se concluye que se produjo «una sucesión de errores concatenados» para que ocurriera el accidente.

La presidenta de la Comisión ha valorado que el dictamen «ha sido satisfactorio», con el voto favorable de todos los grupos, a excepción del GPS.

En las conclusiones, el dictamen señala que la compañía Spanair ya sufría por entonces las «serias dificultades económicas» que provocaron su quiebra en 2011, mientras que el Reglamento Europeo dispone que es necesario que las compañías aéreas operen «con criterios de buena gestión económica» para garantizar la seguridad. La compañía también habría recibido «sin mediar inspección» la prórroga del Certificado de Aeronavegabilidad para el avión siniestrado por parte de la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC).

El documento también recoge la actuación tanto de los técnicos de mantenimiento de Spanair, que solucionaron el problema inicial del avión «sin averiguar qué estaba originando la avería», como la de los pilotos, que «presionados por el compromiso» de puntualidad de la aerolínea, así como por el ERE presentando por Spanair días antes, no chequearon de manera correcta el sistema de despegue del avión.

Todo ello, sumado al fallo de la alarma TOWS, que no advirtió de la configuración incorrecta, un problema detectado hasta en 72 ocasiones en otros aviones y que Boeing «no ha podido o no ha querido acreditar las causas de estos fallos».

Asimismo, el dictamen considera que el plan de emergencia de Aena en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no funcionó correctamente, activándose de manera tardía el día del siniestro. Por ello, señala que en el accidente de Spanair fallaron «todas las barreras de seguridad».

Entre las recomendaciones, el dictamen detalla una serie de puntos que la Comisión considera que deberían trasladarse al Ministerio Fiscal. Entre ellos, que tanto la DGAC como la CIAIAC no hayan enviado documentación solicitada por la Comisión; la reclamación a Boeing de los datos técnicos del MD82 que no fueron facilitados; el posible delito de revelación de secretos de Estado por las filtraciones en las comunicaciones por parte del Ministerio de Fomento, y comprobar si el trato de la aseguradora Mapfre a las víctimas y familiares se ajustó a la normativa europea e internacional.

Asimismo, otras de las recomendaciones plantean la creación de un órgano multimodal de investigación y prevención de accidentes con víctimas múltiples; que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana elabore un informe que recoja las diversas acciones preventivas y correctivas que han sido llevadas a cabo por parte de las instituciones públicas involucradas en la seguridad aeronáutica después de ocurrido el siniestro el 20 de agosto de 2008; y que se revisen los protocolos de asistencia sanitaria o de administraciones autonómicas y locales, compañías aéreas, Protección Civil y Aena, además de realizarse simulacros para garantizar la seguridad en accidentes aéreos.

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