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La Unión Europea anuncia un plan de rearme militar que implica una inversión de 800.000 millones de euros en el medio y largo plazo. Esta medida responde a la crisis de seguridad generada por la guerra en Ucrania y el aumento de tensiones con Rusia. Sin embargo, las críticas surgen al considerar que este gasto podría ser una excusa para aumentar la deuda pública y reforzar la integración política en Europa, debilitando la soberanía de los Estados miembros.
El plan incluye el uso de fondos de cohesión y préstamos del programa Next Generation EU, con la posibilidad de modificar las reglas fiscales para financiar inversiones militares. Aunque algunos países como Hungría se oponen, otros Estados miembros, como Francia y España, buscan maneras de impulsar este gasto.
El foco de la controversia radica en la industria militar, que se percibe como controlada por empresas estadounidenses disfrazadas bajo banderas europeas. Las críticas apuntan a que la inversión en defensa no genera crecimiento económico productivo, sino que beneficia a grandes corporaciones. Además, figuras clave de la Comisión Europea, como Ursula von der Leyen, están vinculadas a escándalos de corrupción relacionados con contratos de armamento.
El proceso de rearme se inserta en un contexto de crisis global, con la pandemia de COVID-19, la emergencia climática y la guerra en Ucrania como catalizadores de un aumento de la deuda y la centralización del poder en Bruselas. Este enfoque es visto por muchos como un paso hacia la pérdida de soberanía de los países europeos en favor de una burocracia europea más poderosa.