LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 (EUROPA PRESS)
Los transportistas de Canarias han decidido aplazar la manifestación que tenían previsto realizar en la jornada de este lunes, 28 de marzo, debido a las medidas acordadas tanto a nivel nacional con el Gobierno de España como a nivel autonómico con el Ejecutivo regional para ayudar a paliar los efectos de la crisis del combustible.
Así lo ha informado la Federación de Empresarios del Transporte (FET Canarias) en un comunicado tras la celebración en la tarde de ayer viernes de una reunión del sector en las islas.
Sobre los compromisos del Gobierno de Canarias, se incluye la bonificación del 100% del impuesto especial sobre carburantes de las islas, aplicable a empresas del transporte, con efectos desde el 1 de marzo hasta el mes de julio incluyendo la opción de que pueda ser prorrogada. Esta medida, ya firmada, supone una aportación presupuestaria de 5 millones de euros.
También existe un compromiso del Ejecutivo de actualización del Observatorio de Costes del Transporte de Canarias con los datos de marzo de 2022 en el plazo de un mes, ya que actualmente tiene datos de 2020.
De igual modo, se ha acordado la actualización de los precios de las rutas de transporte escolar según las cláusulas de IPC, así como la búsqueda de la estabilidad de los contratos; y la aprobación en el Parlamento canario de una enmienda que inste al Gobierno regional al reconocimiento en los contratos de transporte escolar de los conceptos económicos de costes reales actualizados.
Estas iniciativas autonómicas se suman los acuerdos adoptados a nivel español, tales como 20 céntimos de aportación para reducción del precio del combustible durante tres meses; o aportación por una sola vez de ayudas de 1.250 euros por camión, 950 euros por guagua, 500 euros por furgoneta y 300 por vehículo ligero –taxi, limusina, ambulancia…–.
Se estableció asimismo una ampliación del plazo de vencimiento de créditos ICO; una ampliación del presupuesto a 20 millones para ayudas al abandono de la actividad de transportistas mayores; y el desarrollo de una ley para garantizar la cobertura de costas mínimos de explotación en las subcontrataciones.
