Alerta en EE.UU.: crece la amenaza yihadista y resurgen temores del 11-S

Las últimas veinticuatro horas han expuesto con claridad meridiana las líneas de fractura del orden internacional que vengo analizando sistemáticamente. Washington enfrenta un ataque terrorista que desnuda las consecuencias de políticas migratorias temerarias; las negociaciones sobre Ucrania revelan la naturaleza transaccional de la diplomacia trumpiana; el Indo-Pacífico atestigua cómo China redistribuye la presión geopolítica hacia objetivos manejables; y el Papa Leo XIV inicia una peregrinación a Oriente Medio en circunstancias que exigen más que gestos litúrgicos. No estamos ante anomalías aisladas, sino ante la consolidación de un nuevo paradigma en el que la fuerza, no el derecho, dicta los términos del juego.

1. ESTADOS UNIDOS: TERRORISMO YIHADISTA Y EL FANTASMA DEL 11-S**

Hechos

El 26 de noviembre, Rahmanullah Lakanwal, un nacional afgano de 29 años que ingresó a Estados Unidos en septiembre de 2021 durante el caótico puente aéreo de la Administración Biden desde Kabul, emboscó y disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que patrullaban cerca de la Casa Blanca. Los dos militares permanecen en estado crítico. Lakanwal, quien solicitó asilo en 2024 y lo obtuvo en abril de 2025 bajo la Administración Trump, también resultó herido y fue detenido. El FBI investiga el incidente como un posible acto de terrorismo internacional, aunque el móvil específico aún no se ha esclarecido públicamente. El presidente Trump calificó el ataque como “un acto de maldad, de odio y de terror”, ordenó la movilización de 500 efectivos adicionales de la Guardia Nacional a Washington, suspendió indefinidamente el procesamiento de solicitudes de inmigración de nacionales afganos, y anunció que su Administración revisará exhaustivamente a todos los afganos admitidos durante la gestión Biden.

Implicaciones

Este ataque no es una aberración estadística, sino la materialización de advertencias que han sido sistemáticamente ignoradas por sectores del establishment político estadounidense. El yihadismo, como he venido argumentando en mis libros y artículos, no fue derrotado; mutó. La Hidra de Lerna crece nuevas cabezas cuando se le cortan las anteriores. La precipitada retirada de Afganistán en agosto de 2021 no solo representó una derrota estratégica monumental para Occidente, sino que abrió las compuertas a un proceso de admisión masiva de refugiados afganos caracterizado por fallos críticos en los mecanismos de verificación (vetting) de seguridad, tal como documentó la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional en su informe de 2022.

La concesión de asilo a Lakanwal en abril de 2025, ya bajo la Administración Trump, revela que los problemas sistémicos en el escrutinio de solicitantes afganos no fueron corregidos con la llegada del nuevo gobierno, una admisión implícita pero devastadora para la narrativa de “seguridad primero” que abandera la Casa Blanca. Trump ha respondido con la contundencia que le caracteriza: suspensión total del procesamiento de solicitudes afganas, revisión masiva de admitidos durante la era Biden, y una retórica inequívoca sobre la migración como “la mayor amenaza a la seguridad nacional”. Sin embargo, el daño político es considerable. Los demócratas, desde Biden hasta Obama, han expresado su consternación, pero su responsabilidad en la génesis de esta crisis es indiscutible: fueron ellos quienes ejecutaron la retirada caótica y quienes carecieron de los protocolos de seguridad adecuados.

Más allá de la política doméstica estadounidense, este ataque confirma que el terrorismo yihadista sigue siendo una amenaza persistente y evolutiva. La narrativa simplista de que el yihadismo fue “derrotado” con la eliminación física de líderes como Osama bin Laden o Abu Bakr al-Baghdadi ignora la naturaleza ideológica y descentralizada de este fenómeno. El ataque también subraya el fracaso de las políticas migratorias que priorizan consideraciones humanitarias abstractas por encima de imperativos de seguridad nacional concretos. Estados Unidos, como he sostenido reiteradamente, tiene la obligación moral de proteger a quienes arriesgaron sus vidas colaborando con fuerzas estadounidenses en Afganistán, pero esa obligación no puede ejercerse a costa de la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. El equilibrio entre compasión y prudencia no es negociable.

Finalmente, el ataque refuerza la política trumpiana de militarización de ciudades estadounidenses bajo administraciones demócratas. La presencia de más de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en Washington ha sido objeto de críticas feroces de la alcaldesa Muriel Bowser y de grupos de derechos civiles, quienes denuncian que se trata de una medida autoritaria e inconstitucional. Sin embargo, este ataque, por irónico que parezca, valida parcialmente la lógica de Trump: si dos Guardias Nacionales desplegados preventivamente fueron atacados, ¿qué habría ocurrido sin su presencia? La respuesta es especulativa, pero políticamente Trump ha ganado munición invaluable para justificar su doctrina de “ley y orden”.

 2. UCRANIA: LA DIPLOMACIA TRANSACCIONAL Y EL PRAGMATISMO DE LA DESESPERACIÓN

Hechos

Volodymyr Zelensky declaró el 26 de noviembre que Ucrania está “lista para avanzar” en el plan de paz impulsado por la Casa Blanca, aunque enfatizó que discutirá personalmente con el presidente Trump los “puntos sensibles” del acuerdo. Según fuentes estadounidenses, Kiev ha aceptado “en principio” los términos del plan revisado, que redujo de 28 a aproximadamente 19 puntos tras las negociaciones de Ginebra del pasado fin de semana entre delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y los países europeos del E3 (Francia, Alemania, Reino Unido). El plan inicial, que fue duramente criticado por ser excesivamente favorable a Moscú, ha sido modificado para eliminar elementos como el retorno de Rusia al G8 y el uso de activos rusos congelados bajo control estadounidense en Europa. Sin embargo, el plan revisado aún contempla que Ucrania ceda territorios en el Donbás oriental, limite el tamaño de su ejército (aunque se incrementó de 600.000 a 800.000 efectivos respecto al borrador inicial), y renuncie formalmente a la adhesión a la OTAN.

Paralelamente, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, sostuvo reuniones secretas en Abu Dhabi con representantes rusos el 26 de noviembre, en un esfuerzo por cerrar los detalles pendientes del acuerdo. Trump ha indicado que su enviado especial Steve Witkoff viajará a Moscú la próxima semana para reunirse con Vladimir Putin, y que espera organizar encuentros con ambos líderes, Zelensky y Putin, cuando el acuerdo esté “en sus etapas finales”. Sin embargo, Moscú ha declarado públicamente que aún no ha recibido una versión oficial actualizada del plan y que, en cualquier caso, rechaza hacer “grandes concesiones”. Informaciones filtradas a Bloomberg revelan que Witkoff, en conversaciones extraoficiales con representantes rusos, habría aconsejado a Moscú sobre cómo manejar las negociaciones para obtener el mejor resultado posible con Trump, una revelación explosiva que sugiere una coordinación inquietante entre el enviado presidencial estadounidense y el Kremlin.

Implicaciones

Estamos presenciando la consolidación de la “diplomacia transaccional dura” (hard transactional diplomacy) que viene definiendo la segunda presidencia de Trump. Las alianzas históricas ya no se asumen sobre la base de valores compartidos, sino que se renegocian trimestralmente en función de flujos de capital, garantías de seguridad cinética y alineamientos energéticos. Este paradigma, que he analizado en mis artículos en La Razón y El Debate, representa el abandono definitivo de las pretensiones del orden liberal basado en reglas que caracterizó la era posterior a la Guerra Fría.

El plan de paz para Ucrania no es, como Trump insiste en caracterizarlo, una “victoria para ambas partes”. Es una capitulación parcial disfrazada de pragmatismo. Ucrania se ve obligada a ceder territorios, limitar su capacidad militar y renunciar a la protección que le brindaría la membresía en la OTAN, todo ello bajo la amenaza explícita de perder el apoyo militar y financiero estadounidense. Trump ha dejado claro que si Kiev rechaza el acuerdo, Washington cortará la ayuda. Esta es la definición misma de diplomacia coercitiva, no de mediación imparcial.

La modificación del plan tras las negociaciones de Ginebra —eliminando elementos como el retorno de Rusia al G8 y aumentando el límite del ejército ucraniano— demuestra que la presión europea todavía tiene algún peso, pero no altera los fundamentos del acuerdo: Rusia consolida ganancias territoriales obtenidas por la fuerza, Ucrania pierde la perspectiva de integración euroatlántica, y Europa queda relegada al papel de comparsas que llegan tarde al escenario. El E3 ha logrado modificaciones cosméticas, pero no ha alterado la arquitectura estratégica del acuerdo.

La revelación de que Steve Witkoff habría aconsejado a Moscú sobre cómo negociar con Trump es absolutamente escandalosa. Si se confirma, constituiría una violación flagrante de los protocolos diplomáticos y plantearía interrogantes gravísimos sobre los conflictos de interés del enviado presidencial. Witkoff, un empresario inmobiliario sin experiencia diplomática previa, ha sido durante años socio comercial de Trump, lo que ya generaba dudas sobre su idoneidad para el cargo. Que además pueda estar actuando como asesor informal del Kremlin representa un nivel de conflicto de interés inaceptable. El Congreso debería investigar esta situación con urgencia, aunque dado el control republicano de ambas cámaras, es improbable que eso ocurra.

Desde la perspectiva de Zelensky, este es el momento más difícil de su presidencia. Enfrenta una elección imposible: aceptar un acuerdo humillante que traiciona los principios por los que Ucrania ha luchado durante casi cuatro años, o rechazarlo y perder el apoyo estadounidense, lo que probablemente conduciría a una derrota militar aún más devastadora. Zelensky ha optado por la primera opción, no porque crea que es justa, sino porque entiende que no tiene alternativa. Su lenguaje cuidadoso sobre discutir “puntos sensibles” con Trump es un intento desesperado de preservar algo de dignidad mientras capitula ante la presión estadounidense.

Para Rusia, este es un triunfo estratégico monumental. Putin consolida las ganancias territoriales obtenidas mediante la agresión militar, neutraliza la amenaza de una Ucrania alineada con la OTAN, y obtiene el reconocimiento implícito de que puede usar la fuerza para rediseñar fronteras sin enfrentar consecuencias existenciales. La declaración de Moscú de que no hará “grandes concesiones” no es retórica vacía; refleja la realidad de que Rusia está negociando desde una posición de fortaleza relativa. El Kremlin sabe que Trump necesita un “acuerdo” para poder declarar victoria antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos, y está explotando esa necesidad con maestría.

Para Europa, este episodio confirma su creciente irrelevancia estratégica. A pesar de haber invertido miles de millones de euros en ayuda militar y humanitaria para Ucrania, los europeos han sido marginados en el proceso de negociación. Trump ha tratado con Rusia directamente, relegando a los aliados europeos a un papel secundario. La modificación del plan tras Ginebra es un consuelo magro que no altera la dinámica fundamental: Washington y Moscú deciden, Europa observa. Esta realidad debería ser una llamada de atención brutal para las capitales europeas sobre la necesidad urgente de desarrollar capacidades estratégicas autónomas, pero dado el lastre de décadas de dependencia de la seguridad estadounidense, es improbable que Europa responda con la urgencia requerida.

Finalmente, este acuerdo sienta un precedente peligrosísimo para el orden internacional. Si Rusia puede obtener ganancias territoriales permanentes mediante la agresión militar sin enfrentar consecuencias duraderas, ¿qué impide a otros actores revisonistas intentar estrategias similares? China observa con atención cómo Occidente responde a la agresión rusa en Ucrania, extrayendo lecciones sobre qué podría esperar si decide usar la fuerza contra Taiwan. La respuesta occidental a Ucrania no solo determina el futuro de ese país, sino que establece precedentes que resonarán en todo el sistema internacional durante décadas.

3. INDOPACÍFICO: CHINA REDISTRIBUYE LA PRESIÓN Y TOKIO ENFRENTA EL DILEMA IMPOSIBLE

Hechos

El presidente Trump mantuvo conversaciones telefónicas consecutivas el 25 de noviembre con el presidente chino Xi Jinping y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, en un esfuerzo por contener la crisis diplomática más grave entre Pekín y Tokio en años. La crisis se desencadenó cuando Takaichi declaró ante el Parlamento japonés a principios de noviembre que un hipotético ataque chino contra Taiwan podría constituir una “situación que amenaza la supervivencia” de Japón y justificar una respuesta militar japonesa. Estas declaraciones, las más explícitas jamás realizadas por un primer ministro japonés en ejercicio sobre Taiwan, provocaron una reacción furibunda de Pekín, que exigió la retractación de Takaichi y desató una campaña de presión económica contra Japón, incluyendo advertencias a ciudadanos chinos contra viajar a Japón y amenazas de restricciones contra productos del mar, películas y conciertos japoneses.

Según dos fuentes gubernamentales japonesas con conocimiento directo del asunto, Trump instó a Takaichi durante su conversación a evitar una mayor escalada de la disputa con China, aunque sin formular demandas específicas. La llamada de Trump con Takaichi se produjo inmediatamente después de su conversación con Xi, en la cual el líder chino enfatizó que el “retorno de Taiwan a China” es parte integral del orden internacional de posguerra, según el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Trump, por su parte, no mencionó Taiwan en su publicación en Truth Social tras la llamada con Xi, limitándose a declarar que las relaciones entre Estados Unidos y China son “muy buenas” y que eso también es “muy bueno para Japón, quien es nuestro querido y cercano aliado”.

China ha intensificado su presión sobre Japón más allá de la retórica diplomática. El Partido Comunista Chino publicó un editorial en el People’s Daily el 27 de noviembre instando a Estados Unidos a “contener a Japón” para prevenir “acciones para revivir el militarismo”, invocando la memoria de la Segunda Guerra Mundial cuando China y Estados Unidos compartían un enemigo común. China también ha protestado ante las Naciones Unidas y ha advertido que considerará cualquier despliegue japonés de misiles en islas cercanas a Taiwan como un intento deliberado de “crear tensión regional y provocar confrontación militar”. Por su parte, Japón rechaza las exigencias chinas de retractación, insiste en que su política sobre Taiwan no ha cambiado y defiende su preferencia por una resolución pacífica de la cuestión de Taiwan.

Implicaciones

Esta crisis representa una redistribución calculada de la presión geopolítica por parte de Pekín tras la tregua comercial alcanzada con Washington en la cumbre de Busan, Corea del Sur, en octubre. Como he argumentado consistentemente, China es un actor geopolítico de primer orden cuya estrategia responde a una lógica de gestión de riesgos jerárquica. Pekín ha “acordonado” (ring-fenced) estratégicamente a Estados Unidos en su aparato de política exterior, estabilizando esa relación para evitar una confrontación comercial que podría estrellar su economía, pero la presión no desaparece simplemente: se redistribuye hacia objetivos que Pekín juzga políticamente útiles y manejables.

Japón y Taiwan se han convertido en las válvulas de escape de una presión que Pekín no puede dirigir contra Washington sin poner en riesgo la tregua comercial. Esta estrategia no es nueva; China ha utilizado históricamente la coerción económica contra aliados estadounidenses —Corea del Sur y Australia son ejemplos recientes— sabiendo que Washington rara vez responde con el mismo nivel de compromiso que desplegaría si el objetivo fuera territorio estadounidense. Para Pekín, presionar a Japón tiene la ventaja añadida de explotar las sensibilidades históricas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, una narrativa que resuena tanto en China como en otras partes de Asia oriental, y que permite a Pekín presentarse como el defensor del “orden internacional de posguerra” frente al supuesto “militarismo japonés”.

Las declaraciones de Takaichi no surgieron del vacío. El debate de seguridad en Japón ha estado evolucionando durante una década, impulsado por el creciente poderío militar chino, las amenazas norcoreanas y la percepción de que Estados Unidos podría no estar dispuesto a arriesgar Los Ángeles para defender Tokio. La estrategia de “ambigüedad estratégica” que tanto Japón como Estados Unidos han mantenido tradicionalmente sobre Taiwan —evitando compromisos explícitos sobre intervención militar— ha sido erosionada por la realidad de que China se ha vuelto más asertiva y de que Taiwan es ahora geográfica y estratégicamente inseparable de la seguridad japonesa. Las islas más meridionales de Japón, como Yonaguni, están a menos de 110 kilómetros de Taiwan; un conflicto en el Estrecho de Taiwan inevitablemente afectaría a Japón.

Sin embargo, Takaichi ha cruzado una línea crítica al hacer explícito lo que antes era implícito. Su declaración de que un ataque chino a Taiwan podría justificar una respuesta militar japonesa representa la posición más firme adoptada públicamente por un primer ministro japonés en ejercicio. Esta claridad tiene ventajas estratégicas —aumenta la credibilidad de la disuasión japonesa y reduce la ambigüedad que podría invitar a cálculos erróneos por parte de Pekín— pero también tiene costos enormes. China ha respondido con furia porque entiende que cualquier normalización de la participación militar japonesa en una crisis de Taiwan complica dramáticamente los cálculos de Pekín sobre el uso de la fuerza.

El dilema de Takaichi es que no puede retractarse sin sufrir un golpe político devastador en casa, donde sus índices de aprobación rondan el 70% precisamente porque los japoneses comparten su preocupación sobre China. Pero si no se retracta, la presión económica china continuará intensificándose, con potenciales costos significativos para la economía japonesa. Este es un dilema clásico de política exterior en el que no hay soluciones fáciles, solo elecciones entre opciones malas.

La intervención de Trump añade una capa adicional de complejidad. Al instar a Takaichi a evitar la escalada sin hacer demandas específicas, Trump está enviando señales contradictorias: por un lado reafirma la alianza con Japón, pero por otro evita respaldar públicamente la posición japonesa, lo que constituye una victoria táctica para Pekín. Si Xi cree que Trump ha acordado presionar a Tokio y no se materializa nada concreto, la disputa podría intensificarse aún más, potencialmente socavando la reciente reaproximación entre Estados Unidos y China. Al mismo tiempo, el silencio de la Casa Blanca sobre el conflicto China-Japón, en lugar de respaldar explícitamente a su aliado, ya es una victoria para Pekín.

La admiración de Trump por Takaichi, una nacionalista de línea dura que comparte muchas de sus posiciones sobre soberanía y seguridad, complica aún más las cosas. Trump no quiere alienar a un aliado que admira personalmente, pero tampoco quiere poner en peligro su tregua con Xi. Esta es la clásica trampa de la diplomacia transaccional: cuando se privilegian los acuerdos tácticos sobre los principios estratégicos, cada nuevo conflicto se convierte en un ejercicio de equilibrismo precario.

Para China, la satisfacción con que Trump llame a Xi “un gran líder” y la perspectiva de futuras reuniones puede ser suficiente por ahora, especialmente si Washington permanece en silencio sobre el conflicto China-Japón. Pero esta situación es insostenible a largo plazo. Japón es el aliado más importante de Estados Unidos en Asia, y permitir que Pekín lo coaccione económicamente sin consecuencias erosiona la credibilidad de los compromisos de seguridad estadounidenses en toda la región. Si Washington no está dispuesto a respaldar a Japón en una disputa sobre Taiwan, ¿por qué otros aliados y socios en el Indo-Pacífico deberían confiar en las garantías de seguridad estadounidenses?

Finalmente, esta crisis expone las limitaciones de la “diplomacia de cumbre” que Trump privilegia. Las conversaciones telefónicas entre líderes pueden aliviar tensiones momentáneas, pero no resuelven diferencias estructurales profundas sobre cuestiones como Taiwan. China considera a Taiwan como parte inalienable de su territorio y ha dejado claro que está dispuesta a usar la fuerza si es necesario para impedir la independencia permanente de la isla. Japón, por razones tanto estratégicas como ideológicas, no puede permanecer indiferente ante un cambio forzoso del statu quo en Taiwan. Y Estados Unidos, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca, tiene compromisos legales y morales con Taiwan bajo la Ley de Relaciones con Taiwan. Estas posiciones son fundamentalmente incompatibles, y ninguna cantidad de llamadas telefónicas presidenciales las conciliará. Lo más que puede esperarse es gestionar las tensiones para evitar un estallido en el corto plazo, pero la trayectoria de largo plazo apunta hacia una confrontación cada vez más probable.

4. MEDIO ORIENTE: EL PAPA LEO XIV Y LA DIPLOMACIA DE LA ESPERANZA EN TIERRA HOSTIL

Hechos

El Papa Leo XIV inició el 27 de noviembre su primer viaje apostólico al extranjero, una peregrinación de seis días a Turquía (27-30 de noviembre) y Líbano (30 de noviembre-2 de diciembre). El viaje, heredado de los planes del difunto Papa Francisco, tiene como objetivo principal conmemorar el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, donde se formuló el Credo Niceno, piedra angular de la fe cristiana. En Turquía, Leo XIV se reunirá con el presidente Recep Tayyip Erdogan en Ankara, visitará la Mezquita Azul en Estambul, y peregrinará junto al Patriarca Ecuménico Bartolomé I a Nicea (la actual Iznik), donde ambos líderes cristianos firmarán una declaración conjunta en un gesto visible de unidad cristiana.

La visita a Líbano, donde Leo XIV es el cuarto pontífice en visitar el país tras Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, busca revitalizar a una comunidad cristiana duramente golpeada y ofrecer solidaridad a todos los libaneses que aún exigen justicia por la devastadora explosión del puerto de Beirut en 2020, que dejó 218 muertos y más de 7.000 heridos. El Papa se reunirá con líderes políticos, celebrará una misa multitudinaria en el paseo marítimo de Beirut que se espera congregue a 100.000 personas, participará en un encuentro interreligioso con líderes musulmanes y drusos, y orará en silencio en el sitio de la explosión del puerto. Significativamente, Leo XIV no visitará el sur de Líbano, devastado por la guerra de 2024 entre Israel y Hezbollah y objetivo de intensificados ataques israelíes en las últimas semanas. Grupos cristianos del sur de Líbano habían presionado para que el Papa visitara la zona, pero consideraciones de seguridad impidieron la inclusión de esa región en el itinerario.

El contexto regional sigue siendo extremadamente volátil. El 23 de noviembre, solo cuatro días antes de la llegada del Papa, Israel lanzó un ataque aéreo en Beirut que mató al jefe de estado mayor de Hezbollah y a otras cuatro personas, hiriendo a 28. Pese a ello, los organizadores insisten en que Leo XIV estará seguro y que no se han adoptado medidas de seguridad extraordinarias, aunque no han aclarado si los vehículos del Papa están blindados. El Vaticano ha enfatizado que este viaje representa un llamado a la paz y la reconciliación en una región asolada por conflictos.

Implicaciones

El viaje de Leo XIV a Turquía y Líbano representa un acto de valentía pastoral en circunstancias extremadamente difíciles. A diferencia de sus predecesores, que viajaban en contextos relativamente estables, Leo XIV llega a un Medio Oriente en llamas, donde las heridas de la guerra de Gaza, el conflicto entre Israel y Hezbollah, y las tensiones regionales más amplias permanecen abiertas y supurantes. Su decisión de proceder con el viaje pese a las amenazas de seguridad —incluyendo el ataque israelí en Beirut apenas días antes de su llegada— envía un mensaje claro: la Iglesia no abandona a sus hijos en momentos de crisis.

Sin embargo, es imperativo no caer en la tentación de romantizar este viaje como una solución a los problemas estructurales del Medio Oriente. La diplomacia pontificia tiene límites muy claros. El Papa puede ofrecer solidaridad moral, destacar el sufrimiento de las poblaciones civiles y hacer llamados emotivos a la paz, pero no puede alterar las dinámicas de poder que impulsan los conflictos regionales. Israel continuará sus operaciones contra Hezbollah independientemente de las exhortaciones papales. Irán seguirá apoyando a sus proxies. Y las potencias regionales continuarán compitiendo por influencia sin prestar mucha atención a las homilías vaticanas.

El componente ecuménico del viaje —la peregrinación conjunta con el Patriarca Bartolomé I a Nicea— es significativo desde una perspectiva histórica y teológica. El Cisma de Oriente de 1054 dividió al cristianismo entre las iglesias católica y ortodoxa, una fractura que persiste un milenio después. Los esfuerzos de los últimos papas por sanar esta división han avanzado lentamente, y la firma de una declaración conjunta en el sitio donde se formuló el Credo Niceno tiene un valor simbólico considerable. Sin embargo, las diferencias doctrinales y eclesiológicas entre católicos y ortodoxos siguen siendo profundas, especialmente sobre cuestiones como el primado papal y el filioque (la controversia sobre si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, o solo del Padre). El camino hacia la unidad cristiana será largo y arduo, y una visita papal, por importante que sea, no lo acortará significativamente.

En Líbano, el Papa enfrenta un desafío aún más complejo. El país está sumido en una crisis política, económica y social devastadora. La explosión del puerto de 2020 fue solo el síntoma más visible de un sistema político disfuncional caracterizado por el sectarismo, la corrupción endémica y la captura del Estado por parte de élites depredadoras. Cinco años después de la explosión, no se ha hecho justicia; las investigaciones han sido obstruidas sistemáticamente por las mismas élites responsables de la negligencia criminal que causó la tragedia. El Papa orará en el sitio de la explosión, pero las oraciones no traerán justicia a las víctimas ni responsabilizarán a los culpables. Solo la presión política sostenida, tanto interna como internacional, puede lograr eso, y hasta ahora esa presión ha sido insuficiente.

La comunidad cristiana libanesa, otrora vibrante y políticamente influyente, ha sido diezmada por décadas de guerra civil, inestabilidad y emigración masiva. Los cristianos representaban más del 50% de la población libanesa a mediados del siglo XX; hoy son aproximadamente el 30%, y esa proporción sigue disminuyendo. Muchos jóvenes cristianos libaneses ven poco futuro en su país y emigran en busca de oportunidades en Europa, América del Norte y el Golfo. El Papa buscará revitalizar el espíritu de esta comunidad, pero las palabras de aliento no crean empleos ni restauran la infraestructura destruida ni reforman un sistema político corrupto.

El encuentro interreligioso que el Papa sostendrá con líderes musulmanes y drusos en Beirut es loable y necesario. Líbano ha sido históricamente un modelo de convivencia religiosa en el Medio Oriente, y preservar ese modelo es crucial no solo para Líbano sino para toda la región. Sin embargo, la convivencia interreligiosa en Líbano siempre ha sido frágil, sujeta a tensiones políticas y a la interferencia de potencias externas. Hezbollah, una organización chiíta respaldada por Irán, domina amplias franjas del territorio libanés y tiene más poder militar que el ejército nacional. Su agenda no es la convivencia pacífica, sino el conflicto perpetuo con Israel y la imposición de su visión ideológica. El Papa puede dialogar con líderes religiosos musulmanes moderados, pero esos líderes no hablan por Hezbollah ni controlan su comportamiento.

La exclusión del sur de Líbano del itinerario papal es comprensible desde el punto de vista de la seguridad, pero también es problemática. El sur de Líbano ha sufrido desproporcionadamente en los conflictos con Israel, y la población cristiana de esa región se siente marginada y olvidada. Al no visitar el sur, el Papa, involuntariamente, refuerza esa percepción de abandono. Los organizadores argumentan que las consideraciones de seguridad hicieron imposible la visita, y es cierto que Israel continúa llevando a cabo ataques en el sur de Líbano, pero la decisión de excluir esa región del itinerario envía un mensaje no intencionado de que algunas víctimas merecen atención papal y otras no.

Finalmente, el viaje de Leo XIV debe entenderse en el contexto más amplio de su pontificado. Como el primer papa estadounidense de la historia, Leo XIV lleva consigo tanto las expectativas como los prejuicios asociados con su nacionalidad. Para muchos en el Medio Oriente, Estados Unidos es visto como un aliado inquebrantable de Israel y, por extensión, como cómplice de las políticas israelíes que han causado tanto sufrimiento a los palestinos y libaneses. Leo XIV deberá navegar cuidadosamente estas percepciones, enfatizando su rol como pastor universal y no como representante de intereses estadounidenses. Su credibilidad en la región dependerá de su capacidad para hablar con franqueza sobre las injusticias que afectan a todas las partes, incluida la ocupación israelí de territorios palestinos y las acciones de grupos como Hezbollah que perpetúan el ciclo de violencia.

En resumen, el viaje del Papa Leo XIV a Turquía y Líbano es un gesto valiente y necesario de solidaridad con comunidades cristianas asediadas y con todos los pueblos del Medio Oriente que anhelan la paz. Sin embargo, no debemos esperar milagros. La diplomacia pontificia puede iluminar conciencias, ofrecer consuelo a los afligidos y recordar al mundo que hay principios morales que no pueden ser sacrificados en el altar del realismo político. Pero no puede, por sí sola, resolver conflictos arraigados en décadas de historia, alimentados por rivalidades geopolíticas profundas y sostenidos por actores que no reconocen autoridad moral alguna. El Papa puede plantar semillas de esperanza, pero que esas semillas germinen dependerá de la voluntad de líderes políticos y comunidades en toda la región de romper con los patrones destructivos del pasado y construir un futuro diferente.

5. TRAGEDIA EN HONG KONG: EL INCENDIO DE WANG FUK COURT

Hechos.

Un incendio masivo en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po (Hong Kong), ha dejado al menos 55 muertos y cerca de 300 desaparecidos, en lo que ya se considera uno de los peores desastres urbanos en la ciudad en décadas. El fuego se propagó con enorme rapidez a través del entramado de andamios de bambú y materiales aislantes utilizados en obras de reforma. La policía ha detenido a responsables de una empresa constructora a quienes acusa de “negligencia grave” por el uso de materiales inflamables y deficiencias en las medidas de seguridad. 

Implicaciones.

Hong Kong fue durante años símbolo de eficiencia y Estado de derecho bajo el esquema “un país, dos sistemas”. Hoy, tras la ofensiva autoritaria de Pekín y la imposición de la ley de seguridad nacional, el territorio combina represión política con deterioro regulatorio. El incendio desnuda la realidad de una ciudad con burbuja inmobiliaria extrema, edificios envejecidos y un sistema de supervisión en el que la connivencia entre promotores, contratistas y autoridades ha sido, con demasiada frecuencia, la norma.

Desde la perspectiva geopolítica, la tragedia afectará a la narrativa de la “modernidad armoniosa” que China quiere proyectar. Mientras Pekín sermonea a Japón y Occidente sobre seguridad y orden social, un desastre de esta magnitud, vinculado a corrupción y relajación de normas, recuerda que el modelo chino combina capacidad de control con opacidad, impunidad y desprecio por la responsabilidad individual. Para los mercados, el impacto directo será limitado, pero el episodio alimenta la desconfianza de una clase media hongkonesa ya traumatizada por la represión política, la pandemia y la erosión de libertades.

6. INDOPACÍFICO EN TENSIÓN: TAIWÁN SE REARMA, TRUMP PIDE CONTENCIÓN A JAPÓN Y PEKÍN AMENAZA

Hechos.

El gobierno de Taiwán ha anunciado un presupuesto suplementario de defensa de 40.000 millones de dólares para el periodo 2026‑2033, destinado a reforzar sus capacidades frente a la creciente presión militar china. Parte clave del paquete serán nuevas compras de armamento estadounidense; Taipéi ya ha iniciado conversaciones preliminares con el Pentágono y ha recibido información de precios y calendarios de entrega.  China, por su parte, ha advertido que “aplastará” cualquier intento extranjero de “interferir sobre Taiwán” y ha reaccionado con furia al plan japonés de desplegar misiles en islas cercanas al estrecho. 

En paralelo, se ha filtrado que el presidente Trump pidió a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, “no provocar” a China en relación con Taiwán, en una llamada posterior a su conversación con Xi Jinping. Tokio matiza que la versión estadounidense es “inexacta”, pero admite contactos al más alto nivel. 

Implicaciones.

Washington intenta jugar un delicado equilibrio: contener a China sin precipitar una crisis mayor en pleno proceso de negociación comercial y en medio de la guerra de Ucrania. El mensaje privado de Trump a Takaichi sugiere una prioridad clara: evitar pasos unilaterales de aliados que puedan desbaratar el difícil “entente” con Pekín sobre aranceles y estabilidad financiera. Para Japón, potencia democrática de primera línea, la sensación de que el paraguas estadounidense puede supeditar la seguridad regional a intereses de corto plazo en comercio y política interna es profundamente inquietante.

El rearme taiwanés va, en principio, en la dirección correcta: aumentar el coste de cualquier agresión china. Pero un esfuerzo presupuestario de este calibre sólo tendrá sentido si se acompaña de reformas profundas en reservistas, defensa territorial, resiliencia civil y coordinación real con Estados Unidos y aliados, incluidos Australia, Reino Unido y, en menor medida, la propia Unión Europea. El mensaje que debería salir de Occidente es claro: no habrá “Ucrania 2.0” en el estrecho de Taiwán porque el coste para Pekín sería prohibitivo. Por ahora, ese mensaje sigue siendo ambiguo, y Pekín explota esa ambigüedad con amenazas calculadas y maniobras militares provocadoras.

7. NIGERIA: TINUBU DECLARA EMERGENCIA DE SEGURIDAD Y ORDENA RECLUTAMIENTO MASIVO

Hechos.

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha declarado una “emergencia nacional de seguridad” tras una ola de matanzas y secuestros en varios estados del país. Ordena el reclutamiento de 20.000 nuevos agentes de policía –elevando sus efectivos a 50.000–, autoriza al ejército a incrementar filas y dispone la retirada de escoltas de políticos y VIP para destinarlos a zonas en conflicto, una vez recapacitados. Además, habilita los campos del Servicio Nacional de la Juventud como centros de entrenamiento y da luz verde al despliegue de guardas forestales contra grupos armados que operan desde bosques remotos. 

Implicaciones.

Nigeria es el gigante demográfico y económico de África, pero también el epicentro de un cóctel explosivo: insurgencias islamistas (Boko Haram y franquicias del Estado Islámico), bandolerismo rural, conflictos entre pastores y agricultores, crimen organizado y corrupción endémica. La decisión de Tinubu es un reconocimiento tardío de que el Estado ha perdido, en amplias zonas, el monopolio de la fuerza.

El refuerzo cuantitativo de fuerzas de seguridad puede ser necesario, pero no suficiente. Si no se aborda la corrupción dentro del propio aparato de seguridad, la colusión de políticos locales con bandas armadas y la falta de oportunidades económicas para una juventud masiva y frustrada, el “shock de seguridad” corre el riesgo de quedar en simple gesto. Para Europa –que tanto habla de “raíces de la migración irregular”– Nigeria es clave: un colapso mayor del orden interno tendría efectos directos en flujos migratorios hacia el Mediterráneo y en la expansión de redes yihadistas y de narcotráfico hacia el Sahel y el Atlántico. Una vez más, la UE mira desde la barrera, mientras Rusia, China y Turquía profundizan sus respectivas presencias en África.

8. GOLPE DE ESTADO EN GUINEA-BISÁU

Hechos.

Un grupo de altos mandos del ejército de Guinea‑Bisáu ha anunciado que ha depuesto al presidente Umaro Sissoco Embaló y suspendido el proceso electoral, alegando la necesidad de “clarificar la situación” antes de volver al orden constitucional. El anuncio llega en un país con larga historia de golpes, inestabilidad y fuerte penetración de redes de narcotráfico que lo han convertido en un auténtico narco‑Estado de tránsito hacia Europa. 

Implicaciones.

El golpe en Guinea‑Bisáu es un eslabón más de la cadena de regresión democrática en África occidental (Mali, Burkina Faso, Níger, Gabón…). La región se desliza hacia una constelación de juntas militares, muchas de ellas tolerantes con la presencia de grupos yihadistas mientras negocian su supervivencia con actores externos, desde Rusia (vía milicias tipo Wagner) hasta redes criminales latinoamericanas.

Para Europa, la relevancia va más allá de la estabilidad regional: Guinea‑Bisáu es punto crítico en la ruta de la cocaína latinoamericana hacia el Viejo Continente. Cada golpe, cada ruptura institucional, debilita aún más los mecanismos de control y hace más fácil el negocio de los cárteles. Es el ejemplo perfecto de cómo crimen organizado, corrupción y fragilidad estatal se alimentan mutuamente. Frente a ello, la respuesta europea sigue siendo retórica, fragmentada y tardía, mientras algunos gobiernos de la región juegan la carta del “anti‑occidentalismo” para justificar sus propios abusos.

9. VENEZUELA: CHOQUE CON SEIS AEROLÍNEAS EN PLENA ESCALADA CON EE. UU.

Hechos.

EL EXECRABLE régimen chavista narco-dictatorial y terrorista de Venezuela ha revocado los permisos de operación de seis grandes aerolíneas internacionales –Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol– por haber suspendido sus vuelos tras una advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos sobre la existencia de un “potencialmente peligroso entorno de seguridad” en el espacio aéreo venezolano. El régimen acusa a las compañías de “sumarse a acciones de terrorismo de Estado promovidas por Estados Unidos” y las sanciona por no reanudar vuelos dentro del plazo de 48 horas que dio el gobierno. 

Implicaciones.

El movimiento encaja con el patrón neocastrista del régimen de Maduro: escalada verbal, victimismo antiestadounidense y castigo a actores privados –en este caso aerolíneas, muchas de ellas europeas– con fines propagandísticos. En la práctica, los principales perjudicados son los propios venezolanos, que ven aún más restringidas sus posibilidades de viajar, comerciar o simplemente reunirse con sus familias.

Desde el punto de vista de seguridad, la advertencia de la FAA refleja preocupación por el incremento de actividad militar venezolana, incluida la presencia naval en el Caribe, en un contexto de acusaciones estadounidenses sobre el papel del régimen en el tráfico de drogas. La respuesta de Maduro eleva el riesgo de incidentes en el espacio aéreo y en aguas del Caribe, y complica todavía más cualquier perspectiva de transición ordenada en un país cuya diáspora masiva desestabiliza a toda la región. Que parte de la izquierda radical en Estados Unidos y Europa siga mirando a Caracas con indulgencia, cuando no complicidad, es una muestra más de la ceguera moral de cierto antiamericanismo selectivo.

10. PERÚ: 14 AÑOS DE CÁRCEL PARA EL EXPRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA, SEGURAMENTE EL PRESIDENTE QUE MÁS HA CONTRIBUIDO A LA POLARIZACIÓN EXTREMA DE LA SOCIEDAD PERUANA

Hechos.

Un tribunal peruano ha condenado al ex presidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión por aceptar sobornos de constructoras por valor de unos 676.000 dólares cuando era gobernador de la región de Moquegua (2011‑2014), a cambio de la adjudicación de obras públicas. La sentencia incluye además la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante nueve años. Vizcarra, que siempre se ha presentado como adalid anticorrupción, niega los cargos y denuncia “persecución política”, mientras sus abogados anuncian recurso. 

Implicaciones.

Perú se ha convertido en un laboratorio extremo de la patología política latinoamericana: casi todos sus presidentes recientes han sido investigados, procesados o encarcelados por corrupción. La condena a Vizcarra tiene una doble lectura. Por un lado, demuestra que, al menos en parte, la justicia es capaz de llevar ante los tribunales a las más altas autoridades por prácticas corruptas sistémicas. Por otro, refleja un sistema político tan fragmentado y polarizado que casi cualquier causa penal se lee en clave de vendetta entre facciones.

Para la región, el caso refuerza una conclusión incómoda: ni la izquierda autoproclamada “progresista” ni la derecha tradicional han sido capaces de construir instituciones sólidas y respetuosas con el Estado de derecho. Muchos líderes se han servido del discurso anticorrupción como arma coyuntural, mientras mantenían intactas las redes clientelares. Sin una reforma profunda de partidos, financiación política y justicia, América Latina seguirá atrapada entre populismos de izquierda y derecha, y aventurerismos autoritarios que utilizan el hartazgo ciudadano como palanca.

11. MYANMAR: AMNISTÍA MASIVA ANTES DE UNAS ELECCIONES TACHADAS DE “FARSA”

Hechos.

La junta militar de Myanmar ha anunciado el perdón o la retirada de cargos contra 8.665 personas, con el argumento de permitirles votar en las próximas elecciones, que gobiernos occidentales y organizaciones de derechos humanos califican de “farsa”. Entre los beneficiados hay más de 3.000 personas condenadas bajo el artículo 505A del Código Penal, que penaliza comentarios considerados como generadores de miedo o propagadores de “noticias falsas”, y otras 5.580 personas con causas pendientes. No está claro cuántos presos políticos reales serán liberados ni cuándo. 

Implicaciones.

La junta intenta revestir de legitimidad electoral un régimen nacido de un golpe de Estado y responsable de crímenes masivos contra la población civil, especialmente contra minorías como la rohingya. La amnistía selectiva tiene varias funciones: aliviar la presión internacional, dividir a la oposición interna y ofrecer a algunos detenidos la falsa promesa de una “normalización” a cambio de silencio.

Es el tipo de maniobra que ciertos gobiernos autoritarios –desde Asia hasta América Latina– utilizan para simular aperturas controladas que no cuestionan el poder real de las Fuerzas Armadas y las élites económicas asociadas. Mientras tanto, la comunidad internacional se limita, en su mayoría, a declaraciones y sanciones simbólicas, sin una estrategia seria de apoyo a la sociedad civil y a las víctimas. Para los grandes vecinos de Myanmar –China e India– la prioridad sigue siendo la estabilidad y el acceso a recursos, no la democracia ni los derechos humanos.

SEMÁFORO DE RIESGOS

 RIESGO CRÍTICO - ATAQUE TERRORISTA EN WASHINGTON DC

- Probabilidad de nuevos ataques: ALTA. El perfil del atacante (refugiado afgano con vínculos potenciales a redes yihadistas) y el móvil aún no completamente esclarecido sugieren que pueden existir células durmientes adicionales.

- Riesgo de escalada: MUY ALTO. Trump ha anunciado revisiones exhaustivas de todos los refugiados afganos admitidos bajo Biden, lo que podría generar tensiones comunitarias y resistencia legal significativa.

- Impacto geopolítico: ALTO. Refuerza la narrativa trumpiana sobre inmigración como amenaza a la seguridad nacional; debilita políticamente a demócratas en vísperas de ciclo electoral 2026.

 RIESGO ELEVADO - NEGOCIACIONES DE PAZ EN UCRANIA

- Probabilidad de colapso del acuerdo: MODERADA-ALTA. Aunque Kiev ha aceptado “en principio”, las concesiones territoriales y la limitación militar podrían generar resistencia interna significativa en Ucrania.

- Riesgo de que Rusia rechace el acuerdo: MODERADO. Moscú ha declarado que no hará “grandes concesiones”, lo que podría indicar que busca extraer condiciones aún más favorables.

- Impacto geopolítico: MUY ALTO. Un acuerdo exitoso consolidaría ganancias territoriales rusas obtenidas por la fuerza, sentando un precedente peligroso; un colapso prolongaría el conflicto indefinidamente.

 RIESGO MODERADO-ALTO - CRISIS CHINA-JAPÓN-TAIWAN

- Probabilidad de escalada militar: BAJA-MODERADA a corto plazo. Ninguna de las partes quiere conflicto armado, pero incidentes no planeados (drones, interceptaciones) podrían salirse de control.

- Riesgo de intensificación de coerción económica: ALTO. China continuará aumentando la presión económica sobre Japón para forzar retractación de Takaichi.

- Impacto geopolítico: MUY ALTO. Cualquier crisis en el Estrecho de Taiwan arrastraría inevitablemente a Estados Unidos y podría escalar a conflicto regional de consecuencias catastróficas.

 RIESGO BAJO - VIAJE PAPAL A TURQUÍA Y LÍBANO

- Probabilidad de incidente de seguridad: BAJA. Pese a las preocupaciones, los protocolos de seguridad y la coordinación con gobiernos anfitriones reducen significativamente el riesgo.

- Riesgo de provocación deliberada: BAJO-MODERADO. Aunque grupos como Hezbollah o actores israelíes podrían aprovechar la visita para enviar mensajes políticos, es improbable que ataquen directamente al Papa.

- Impacto geopolítico: BAJO-MODERADO. El viaje tendrá significado simbólico y moral importante para comunidades cristianas, pero no alterará las dinámicas de poder regional de manera fundamental.

CONCLUSIÓN EDITORIAL

Este es el panorama de las últimas 24 horas: un mundo donde el fuego de Hong Kong, los disparos a pocos metros de la Casa Blanca y los hilos invisibles de las negociaciones sobre Ucrania forman parte de una misma crisis de liderazgo y de sentido en Occidente. Mientras las dictaduras –de Caracas a Moscú, de Naypyidaw a Teherán– se mueven con fría coherencia en defensa de sus intereses, las democracias parecen atrapadas entre la corrección política vacía, el populismo estridente y una preocupante falta de visión estratégica.