Pensionistas en el Congreso exigen auditar la Seguridad Social para comprobar la “deuda histórica” del Estado

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha exigido este miércoles en el Congreso auditar las cuentas de la Seguridad Social para comprobar la “deuda histórica no reconocida” del Estado con la ‘hucha de las pensiones’ y cifrar cuánto dinero del sistema público ha ido a financiar políticas públicas ajenas al mismo.

Para ello, han registrado en la Cámara 285.000 firmas, con el respaldo de Unidas Podemos, Esquerra Republicana, EH-Bildu, la CUP, Más País, el BNG y Compromís.

Tal y como denuncian en un escrito presentado en la Cámara, durante años los superávit en cotizaciones sociales registrados en la Seguridad Social no engrosaron el volumen de reservas, sino que fueron utilizados por los diferentes gobiernos para financiar políticas sociales.

Todo ello, contrario a la propia Ley General de la Seguridad Social, que establece que su patrimonio único es afecto a sus fines, distinto al del Estado, y que sus recursos pertenecen única y exclusivamente a los trabajadores cotizantes.

“Es urgente que una auditoría oficial determine el importe de esos saqueos para reponer la sostenibilidad del sistema cuestionada por los efectos de la política de los gobiernos”, aseveran en su escrito, criticando que muchas de las exigencias de recortes de las pensiones proceden precisamente en unas cuentas que ahora afloran ‘números rojos’, pero que no sería así sin esos “saqueos previos y manipulaciones contables”.

Es más, algunos cálculos presentados ante la Comisión del Pacto de Toledo llegan a cuantificar en hasta 519.104 millones de euros la acumulación de recursos en cotizaciones sociales que se han empleado para fines ajenas al pago de las pensiones, por lo que defienden que “el sistema es sostenible y, por tanto, no están justificadas las reformas realizadas ni las que anuncian Banco de España, la AIReF o la OCDE”.

Tampoco los préstamos que, apostillan, se han aprobado para financiar el déficit de la Seguridad Social desde los Presupuestos Generales del Estado, ya que aumentan el pasivo del sistema cuando en el pasado el Estado se sirvió del excedente para financiar otras políticas.