Han expuesto de nuevo sus conclusiones sobre la situación patrimonial de la aerolínea tras un fallo técnico en el careo de enero
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Los peritos del ‘caso Plus Ultra’ –los que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)– han ratificado este martes sus conclusiones en un careo ante la juez que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a la aerolínea, por lo que se mantienen las diferencias sobre la situación patrimonial de la compañía.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que ambos equipos han ratificado sus informes y las conclusiones que defendieron ya ante la magistrada el pasado 18 de enero. Todos han tenido que acudir de nuevo a los Juzgados de Plaza de Castilla para exponer sus análisis a raíz de un fallo técnico en el careo anterior.
Aunque han mantenido la misma línea que en el encuentro de enero, en esta ocasión ha habido más “zascas”, según han indicado fuentes presentes en el careo. El debate se ha ceñido a los puntos controvertidos: si Plus Ultra estaba en causa de disolución o no, si los prestamos participados salvaban esa situación de insolvencia y si uno de los aviones que usaba la compañía se vendió o era un arrendamiento.
En el careo, que ha durado dos horas y media aproximadamente, los peritos han respondido a preguntas de la magistrada Esperanza Collazos, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, PP y Vox.
PERITOS DEL JUZGADO HABLAN DE “CRISIS”
Según las fuentes consultadas, los peritos independientes han insistido en que Plus Ultra se encontraba en “causa de disolución” al momento de recibir la ayuda aprobada por el Ejecutivo.
En concreto, han ratificado el documento de 499 folios en el que explicaron que existían “dudas más que razonables” sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública.
Asimismo, han subrayado la existencia del préstamo participativo con la entidad panameña Panacorp, suscrito en 2017, por importe de 7,5 millones de dólares, equivalente en el momento de su firma a 6,3 millones de euros. Y han avisado de nuevo de las provisiones derivadas de dos procedimientos judiciales relativos a Plus Ultra.
PERITOS DE LA SEPI DEFIENDEN LA AYUDA
Por su parte, los peritos de Deloitte y Daiwa Corporate Advisor –firmantes del informe encargado por la SEPI en el marco del análisis del fondo de ayuda a la solvencia– han mantenido sus conclusiones de que la empresa “no estaba en crisis”. Así han reiterado su opinión favorable para otorgar la ayuda, según señalaron fuentes del procedimiento a Europa Press.
En declaraciones a la prensa a la salida del juzgado, la vicesecretaria nacional jurídica de Vox, Marta Castro, ha mostrado su oposición a estas conclusiones y ha asegurado que “si no existiese la operación de maquillaje de cuentas con crédito participativo”, la aerolínea posiblemente tendría que haber sido resuelta “por un concurso de acreedores”.
VOX PEDIRÁ LA DECLARACIÓN DE PLUS ULTRA
En este sentido, la vicesecretaria jurídica de Vox ha insistido en que “la profundidad del perito judicial ha demostrado que ya en la fecha de análisis Plus Ultra era una empresa en crisis” y que, por ende, “no podía tener acceso a esta ayuda”. Así las cosas, ha asegurado que “hay que practicar algunas pruebas” porque, a su juicio, “quedan muchísimas dudas que trascienden la irregularidad administrativa”.
Castro ha avanzado ya que desde la formación, que ejerce la acusación popular en el procedimiento, pedirán a la juez que cite a declarar al representante legal de Plus Ultra “para que explique los intríngulis de las operaciones contables y societarias que llevaron a que se pudiera presentar como posible candidato”. Y ha insistido en que es necesario realizar dicha testifical antes de que la magistrada se pronuncie sobre la petición de archivo que hizo la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la propia aerolínea.
Cuando se dio a conocer que la juez repetiría el careo, Plus Ultra emitió un comunicado en que el lamentaba esta decisión al considerar que el resultado se vería “irremediablemente condicionado” por la sesión del pasado 18 de enero. Insistieron en que esta situación suponía mantener abierto el procedimiento judicial, algo que “daña gravemente la reputación e intereses comerciales de la aerolínea”.
