MÉRIDA, 16 (EUROPA PRESS)
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha advertido este jueves de que el caso del aceite inmovilizado en Extremadura en relación con una alerta alimentaria, “no es una irregularidad administrativa, es una irregularidad penal”, y ha confiado en que “los responsables paguen por ello”.
Planas ha considerado que se trata de un “caso puntual que no podemos dejar pasar”, ya que el perjuicio por este asunto “no es solo para los consumidores, es para la imagen de un sector” que, según ha dicho, “trabaja muy bien”.
De esta forma se ha pronunciado Luis Planas, en una entrevista este jueves en Canal Extremadura, recogida por Europa Press, ante la alerta alimentaria declarada en once marcas de aceite de oliva, cuyos análisis indican que estaría compuesto por una mezcla de aceite lampante y otros refinados, y que han sido inmovilizados.
Según ha explicado Planas, el Gobierno está trabajando con la Junta de Extremadura, con la Junta de Andalucía y con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), ya que “es un fraude de consumo, pero que va más allá”, y ha confiado en que una vez concluidas las investigaciones, el Ministerio Fiscal “sea muy activo en relación con esta causa”, ya que “es un tema que no nos podemos permitir”.
Planas ha recorado que el Gobierno central aprobó en 2021 una norma “tremendamente estricta en materia de trazabilidad y de comercialización de aceites de oliva”, un sector en el que España es el país “lider” y el mayor productor, “en cantidad, pero también en calidad”.
Por eso, en España “no nos podemos permitir ninguna falla” en esta materia, ha asegurado el ministro, quien ha señalado que lo ocurrido en este caso “no es una irregularidad administrativa, es una irregularidad penal”.
“Cuando hablamos de alimentos de España, estamos hablando de seguridad, de trazabilidad y de calidad”, ha defendido el ministro de Agricultura, quien ha señalado que aunque “es un tema puntual, no podemos en absoluto dejarlo pasar”,
Por todo ello, el responsable “debe pagar por ello, porque el perjuicio no solo es para los consumidores, es también para la imagen de un sector que es muy honesto y que trabaja muy bien”, por lo que “merece ser protegido”.
