PSOE, Podemos y socios rechazan el plan de Vox para el alquiler con incentivos y contrario a la intervención

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV y EH-Bildu han adelantado este martes en el Congreso su rechazo a las propuestas de Vox para facilitar vivienda en régimen de alquiler a precios más asequibles, a través de incentivos y rechazando medidas de intervención como el control de precios, la penalización de viviendas vacías o la expropiación o cesión de viviendas.

En la iniciativa, que se votará este jueves en el Pleno, Vox propone fomentar la colaboración entre la Administración con entidades privadas para aumentar el parque de protección oficial y garantizar la autonomía de las partes en los contratos del alquiler. También incentivos, con más beneficios fiscales al propietario y créditos fiscales a promotores inmobiliarios que construyan o rehabiliten alquiler residencial para hogares con bajos niveles de renta.

Cristina Esteban Calonje, de Vox, ha señalado que la vivienda es “el activo de ahorro preferido” en España, con más de 5 millones de familias complementando ingresos con rentas de alquiler, y ha defendido que “la solución no pasa por más intervención, sino por estabilidad jurídica y más oferta”. Asimismo, ha acusado al Gobierno de “hacer apología de la ocupación y del robo”.

PARA EL PSOE, LA PROPUESTA ES LA DE “LOS PELOTAZOS URBANÍSTICOS”

Por parte del PSOE, su diputado Manuel Arribas ha argumentado que la iniciativa “llevaría a la España de los pelotazos urbanísticos que regaló las viviendas a los fondos buitre” y ha dicho que su opción pasa por “una España de derechos y no de privilegios”.

Pilar Garrido, de Unidas Podemos, ha recordado que la anterior crisis tuvo origen en “el estallido de una burbuja inmobiliaria fruto de un obsceno proceso de especulación” y que si la vivienda es un bien de primera necesidad no puede ser un activo financiero.

EL PP AVISA AL GOBIERNO QUE VA CON RETRASO: “SE LES PASA EL ARROZ”

Únicamente ha explicitado su apoyo a la iniciativa el PP, cuya portavoz de Vivienda, Ana María Zurita, ha acusado al Gobierno de actuar como “un patio de colegio”, sin llegar a acuerdos para impulsar la nueva Ley de Vivienda. “Se les va a pasar el arroz, se les va a quemar”, ha dicho.

No ha expresado su apoyo, pero sí ha rechazado la intervención pública el diputado Juan Ignacio López-Bas, que ha defendido en todo caso que entre septiembre de 2020 y el pasado mes de febrero los precios bajaron más en Madrid que en una Barcelona con control de precios (3,4% frente al 3%), algo que ha atribuido a un aumento de oferta del 1,7%, frente a la contracción de más del 10% en la capital catalana.

EN CATALUÑA Y PAÍS VASCO SE INTERVIENE, DEFIENDEN PNV Y PDeCAT

También Ferrán Bel, del PDeCAT, ha rechazado la regulación de precios, pero ha expresado su rechazo a la iniciativa en defensa a la capacidad de Cataluña para regular sobre vivienda, dadas las competencias transferidas.

El PNV, a través de su diputado Iñigo Barandiaran, ha criticado el “carácter ultraliberal y antisocial” de la iniciativa, llegando a relacionarla con “actitudes antidemocráticas”, y recordando que la ley vasca contempla la intervención a través de una medida como la penalización por tener vivienda vacía para aumentar la oferta.

José María Mazón, del PRC, ha señalado que la propia Constitución llama a impedir la especulación y, por tanto, considera una “obligación” intervenir en el mercado “cuando no es capaz de satisfacer necesidades sociales”.

ERC Y LA CUP LLAMAN AL PSOE A REGULAR EN LA NUEVA LEY

ERC y la CUP han cargado contra el PSOE por resistirse a esta regulación. Pilar Vallugera, de Esquerra, ha señalado que el Gobierno fue aupado por medidas como esta, mientras que la ‘cupera’ Mireia Vehí les ha espetado que “si legislan lo mismo que la derecha neoliberal es que están siendo muy cobardes con los de arriba y muy valientes con los de abajo”.

Finalmente, Joan Baldoví (Compromís) ha retado a “la derechita valiente” a recuperar los 3.000 pisos vendidos por la Comunidad de Madrid a Goldman Sachs y que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se niega a recuperar pese a la sentencia judicial que lo ordena.