Raquel Sánchez: la excepción ibérica “amortiguará” el coste en transportes junto al descuento en carburantes

ANTAS (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado este miércoles que la entrada en vigor de la ‘excepción ibérica’ contribuirá a “amortiguar en cierta manera” el “complejo” escenario que afronta el sector de los transportes, junto al descuento de 20 céntimos por litro de combustible a través de la prórroga del real decreto de medidas anticrisis que el Gobierno tiene intención de mantener.

Ante un panorama de “incertidumbres” derivado de la subida de la inflación, Sánchez ha afirmado ante los medios durante su vista a la empresa de transportes J. Cano en Antas (Almería) que el Gobierno “está actuando de manera decidida” con medidas que, si bien van dirigidas al conjunto de la ciudadanía, tienen una “importancia mayor en el sector de los transportistas, porque en su estructura de costes tiene una carga muy importante”, según ha dicho.

“Estamos analizando cuáles son las medidas que mantenemos o cuáles son las nuevas que incorporamos”, ha explicado en relación a las decisiones que contemplará el real decreto conforme a la “monitorización” que el Gobierno efectúa sobre el comportamiento del mercado, si bien ha ratificado que la intención del Ejecutivo es “mantener y prorrogar esa medida del descuento de los 20 céntimos”.

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Con ello ha defendido las iniciativas adoptadas para afrontar el alza de precios en los carburantes, “que afecta a todos los países”, con medidas “históricas” que “benefician al conjunto de la ciudadanía” y que, a su vez, han servido para “volcarse” con un sector que es “esencial para nuestra economía” y que contó además con un real decreto específico.

Sánchez confía en que la acción del Gobierno haga que el sector logístico sea cada vez “más robusto, más moderno” y que facilite la “descarbonización de la carretera” así como la digitalización del transporte, sentido en que espera presentar antes del 31 de julio un anteproyecto de ley que evite que “se trabaje a pérdidas”, “en unas condiciones de sostenibilidad” y a “un precio justo”.

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