La ciudad de Los Ángeles vive una creciente crisis social y política tras una serie de redadas migratorias que han desencadenado protestas multitudinarias y un despliegue inédito de fuerzas federales. El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Alberto Carvalho, ordenó reforzar la seguridad en alrededor de 100 escuelas ante el temor de que agentes de inmigración interfieran con las ceremonias de graduación.
Mientras tanto, el gobierno federal, liderado por el presidente Donald Trump, insiste en que la situación está fuera de control. Un portavoz del Departamento de Defensa confirmó que marines del centro de operaciones de Twentynine Palms fueron movilizados tras recibir una alerta durante el fin de semana. El despliegue se produce en medio de una cuarta noche de enfrentamientos entre manifestantes y policías, a raíz de un aumento en las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han generado temor en las comunidades inmigrantes del sur de California.
El conflicto también ha escalado a nivel político. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha entablado una demanda contra la administración Trump por el uso de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles, calificando la medida de “anticonstitucional e innecesaria”. Trump, por su parte, sugirió públicamente que Newsom podría enfrentar arresto si interfiere con la aplicación de las leyes migratorias federales.
Durante el lunes, las manifestaciones se mantuvieron en gran parte pacíficas durante el día, aunque hacia la noche se tornaron más tensas con el uso de municiones no letales por parte de la policía y el lanzamiento de objetos por algunos manifestantes. Los incidentes se han concentrado en zonas puntuales del centro de Los Ángeles, mientras áreas como Hollywood Hills, Century City y Santa Mónica no han registrado disturbios.
Sin embargo, la tensión ha comenzado a extenderse más allá de la ciudad. En Santa Ana, condado de Orange, se reportaron enfrentamientos tras nuevas redadas. En San Francisco, las protestas resultaron en 148 arrestos y daños a la propiedad cerca de una oficina de ICE. El alcalde Daniel Lurie confirmó la destrucción de infraestructura pública y vandalismo a vehículos del sistema de transporte urbano.
La respuesta federal incluye el traspaso del control de la Guardia Nacional al Comando Norte del Ejército, orden emitida por Trump durante el fin de semana. California respondió con una demanda de 22 páginas presentada en un tribunal federal de San Francisco, en la que exige la reversión de esa decisión. La querella argumenta que desplegar más de 4000 soldados para controlar protestas sin evidencia de incapacidad de las autoridades locales representa una violación constitucional.
Trump, desde Truth Social, defendió la movilización como una “gran decisión” y desacreditó las afirmaciones sobre el carácter pacífico de las protestas. “Si no lo hubiéramos hecho, Los Ángeles habría sido completamente destruida”, escribió. También respaldó las declaraciones de su asesor Tom Homan, quien amenazó con arrestar a autoridades locales como Newsom y la alcaldesa Karen Bass si obstaculizan la labor de ICE.
Las tensiones también afectaron a empresas privadas. Waymo, filial de vehículos autónomos de Alphabet Inc., suspendió su servicio de transporte en el centro de Los Ángeles después de que algunos de sus autos fueran incendiados durante los disturbios. Equipos de limpieza retiraron los vehículos calcinados y la policía confirmó al menos 31 arrestos en las últimas horas. Cinco agentes resultaron heridos.
Las protestas no han cesado. El Departamento de Policía de Los Ángeles reportó al menos tres manifestaciones activas en el centro cívico y emitió alertas de tráfico. Helicópteros de noticias captaron a grupos de manifestantes bloqueando la autopista 101. En Grand Park, una protesta fue convocada por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, cuyo presidente, David Huerta, enfrenta ahora cargos federales por interferencia con la ley.
En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, entre 60 y 80 personas se manifestaron contra la prohibición de viajes impuesta por Trump. La protesta, organizada por el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, transcurrió sin incidentes.
La fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkins, expresó su respaldo a la comunidad inmigrante y aseguró que las políticas de ciudad santuario seguirán vigentes. “Nos mantenemos unidos con nuestra comunidad inmigrante en este momento”, afirmó.
Por su parte, las Naciones Unidas pidieron moderación y evitar la militarización de la situación. “Esperamos que todas las partes reduzcan la tensión”, declaró Farhan Haq, portavoz del secretario general.
La situación en California sigue escalando, con líneas cada vez más marcadas entre autoridades estatales, el gobierno federal y una ciudadanía dividida entre el miedo y la resistencia.