La administración del presidente Donald Trump revocó la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) de la Universidad de Harvard, impidiendo que estudiantes extranjeros puedan matricularse en la institución y obligando a los actuales a transferirse para mantener su estatus legal. La medida, confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional, se produce tras una serie de demandas gubernamentales sobre la documentación de actividades consideradas “irregulares” en el campus.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que Harvard ha fallado en controlar un ambiente que, según afirma, se ha vuelto inseguro y hostil, especialmente hacia estudiantes judíos. En su carta, exigió que la universidad entregue en 72 horas registros disciplinarios, grabaciones de protestas y cualquier dato sobre incidentes ilegales relacionados con estudiantes internacionales en los últimos cinco años.
La universidad respondió calificando la revocación de ilegal y reafirmó su compromiso con la comunidad internacional, que representa el 27 % de su matrícula. Harvard ha iniciado acciones legales contra agencias federales por bloquear fondos y exigir transformaciones en sus políticas de admisión, contratación y gobernanza, todo en medio de crecientes presiones políticas.
El conflicto se intensifica con la amenaza del Congreso de revocar la exención fiscal de la universidad y con una nueva legislación que impone impuestos adicionales a su dotación de 53 mil millones de dólares. La administración ha congelado más de 2600 millones en financiación y estudia aplicar restricciones similares a otras instituciones académicas del país.
Además del impacto académico, la medida podría afectar a la economía de Massachusetts, donde Harvard desempeña un papel clave. Los estudiantes internacionales no sólo pagan altas matrículas, sino que también impulsan sectores como la salud, la biotecnología y los servicios.
Desde las protestas estudiantiles propalestinas tras el ataque de Hamás en 2023, Harvard ha estado en el centro del debate nacional sobre antisemitismo y libertad de expresión. Mientras tanto, líderes académicos y defensores de la educación advierten que esta acción pone en riesgo la autonomía universitaria y el intercambio global de conocimiento.
“Este es un ataque frontal contra la libertad académica”, dijo Robert Shireman, exfuncionario del Departamento de Educación. “Los académicos internacionales enriquecen enormemente a Estados Unidos. Cortar ese puente es una decisión política y peligrosa.”