MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
Un 45,2% de los empresarios de medianas compañías en España desconoce que la elaboración y validación del informe del estado de información no financiera (EINF) por un auditor externo son obligatorios, según se desprende de la encuesta sobre Estados de información no financiera elaborada por Grant Thornton, que señala que este incumplimiento puede ser sancionado con multas de entre 1.200 y 60.000 euros.
El estudio apunta que estos empresarios “tienen todavía muchas dudas” sobre el EINF, “a pesar de que la ley que lo regula se aprobó en 2018, y de que su presentación es de obligado cumplimiento este año, también para compañías a partir de 250 empleados”. En este informe se ha analizado la percepción y el grado de conocimiento de 400 compañías medianas de entre 50 y 500 empleados con relación a la normativa de información no financiera.
El incremento de demandas sociales y el carácter obligatorio de la ley han favorecido un crecimiento de empresas que activan acciones a favor de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), “aunque no al ritmo esperado”, indica Grant Thornton. De esta forma, un 42,6% de las empresas encuestadas declara no saber qué son los EINF ni qué utilidad tienen, frente al 57,4% que asegura estar al corriente.
Además, un 40,6% asegura que todavía no recopilan indicadores de información no financiera. De entre las empresas que ya recopilan información relacionada con su actividad no financiera, un 26,7% asegura que la recoge sólo desde el último año, un 13,9% entre uno y tres años y el 18,8% desde hace más de tres años, es decir, antes de la entrada en vigor de la Ley 11/2018, que introduce la obligatoriedad de realizar estos informes para empresas de más de 250 empleados.
Por otro lado, un 43,2% de los directivos de las ‘mid market’ consultados asegura no presentar a estas alturas ningún estado de información no financiera o, en su defecto, una memoria de RSC. El 20,6% dice que la realizan desde el último año, el 17,6% desde hace dos años y un 18,6% desde hace más de tres años.
Sin embargo, Grant Thornton prevé que el compromiso de las medianas empresas con la información no financiera vaya en aumento durante los próximos ejercicios. Concretamente, un 19,4% de los directivos consultados aseguran que realizarán el informe este año, un 13,6% lo fija para dentro de dos años y sólo el 4,9% mantiene su compromiso para más allá de dos años. Solo el 5,8% de las empresas declara que no tiene previsto desarrollarlo nunca.
El socio del área de auditoria de la firma, Sergi Puig-Serra, señala que este nivel de conocimiento se debe sobre todo a “una cuestión de cultura empresarial”. “La mayor parte de las empresas, a excepción de las grandes cotizadas, no tienen la costumbre de trabajar con información no financiera y están llamadas a hacerlo de manera ágil y rigurosa. Para ello, sin duda, es necesario apostar por más formación, divulgación y, en definitiva, compromiso”, apuntó.
VISTOS COMO UN TRÁMITE BUROCRÁTICO
La utilidad de los estados de información no financiera es percibida todavía como un mero trámite burocrático. En concreto, un 90% de los empresarios en España aseguran que su finalidad es cumplir con la normativa vigente, un 34,7% reconocen que ayudan en la lucha contra el cambio climático, un 31,7% lo relaciona con mejoras en materia de gobierno corporativo y un 25,7% declaran que contribuyen a mejorar las políticas de diversidad de la compañía.
De entre las materias que los empresarios consideran debería abordar un estado de información no financiera, destacan las relacionadas con’compliance’ –cumplimiento normativo– y gobierno corporativo (74,3%), medioambiente (58,4%), cuestiones de personal (32,7%), acción social y beneficencia (25,7%) y derechos humanos (24,8%).
En cuanto a las principales trabas que se encuentran para elaborar los EINF, la encuesta de Grant Thornton destaca la falta de conocimiento sobre cómo hacerlo (32%), el hecho de que hasta ahora no se habían medido aspectos medioambientales y sociales (26% y 25% respectivamente), la poca relevancia que le concede la alta dirección a esta cuestión (25%) y el desconocimiento para medir aspectos relacionados con gobierno corporativo (16%).
El socio de consultoría de negocio de la firma, Jaime Romano, explica que estos resultados ponen de manifiesto la urgente necesidad de las medianas empresas de poner todo su esfuerzo por adaptarse a las exigencias legales. “Hace falta dotarlas de herramientas, conocimiento y metodologías precisas. Las empresas se someten a una relevante normativa que no contempla excepciones”, afirmó.
En la actualidad, las medianas empresas españolas focalizan sus esfuerzos de medición no financiera en los aspectos relacionados con la plantilla. Un 39,6% asegura registrar parámetros en relación con la paridad de género, brecha salarial entre hombres y mujeres (37,6%) y número de empleados discapacitados o en riesgo de exclusión (36,6%). En cuanto al medioambiente, el 30,7% asegura que miden ya el volumen de residuos reciclados; el 27,7%, el consumo de la energía renovable; y el 22%, los recursos económicos dedicados a la protección del medioambiente.
ASESORÍA EXTERNA
La complejidad que acarrea la elaboración del informe para muchas empresas las lleva a apoyarse en otras compañías externas para garantizar el correcto cumplimiento y optimizar los recursos disponibles. El 12,9% de los empresarios señalan que los informes de sus empresas los recopila un proveedor externo, frente al 65,3% que, pese a reconocer la dificultad en la preparación de este documento, no recurren a especialistas.
