Un tribunal federal de comercio en Estados Unidos declaró ilegales la mayoría de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, en un fallo que representa un duro golpe a uno de los pilares clave de su agenda económica. La decisión unánime fue emitida por un panel de tres jueces de la Corte de Comercio Internacional, con sede en Manhattan, quienes se alinearon con los argumentos de estados liderados por demócratas y pequeños negocios que acusaron a Trump de invocar de manera indebida una ley de emergencia nacional para justificar los gravámenes.
El fallo afecta a los aranceles globales uniformes, a las tasas elevadas contra China y a las medidas relacionadas con el tráfico de fentanilo aplicadas a México, Canadá y el propio gigante asiático. No se verán afectados otros aranceles impuestos bajo diferentes legislaciones, como las conocidas Secciones 232 y 301, que amparan los gravámenes sobre el acero, aluminio y automóviles.
Aunque la corte dio al gobierno un plazo de diez días para “ejecutar” la orden, no especificó qué acciones debe tomar para deshacer los aranceles. Mientras tanto, el Departamento de Justicia ya presentó una apelación ante el Tribunal Federal de Apelaciones, y se anticipa que el caso podría llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, dado su enorme impacto en el comercio global.
Revés judicial y reacción del mercado
La decisión judicial llega en medio de una oleada de demandas que desafían los límites del poder ejecutivo ejercido por Trump durante su mandato. Otras acciones legales en curso cuestionan su despido masivo de empleados públicos, sus restricciones al derecho de ciudadanía por nacimiento y sus recortes presupuestarios sin aval del Congreso.
Los mercados financieros reaccionaron de inmediato al fallo. Los futuros del índice Nasdaq 100 subieron hasta un 2,1%, el dólar se fortaleció y el yen japonés cayó. La sentencia también representa una victoria definitiva en primera instancia para los demandantes, ya que se emitió como un juicio sumario, sin necesidad de juicio oral.
Los jueces rechazaron el argumento del gobierno de que Trump tenía autoridad para imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), diseñada originalmente para controlar transacciones financieras durante crisis. En su defensa, Trump había invocado déficits comerciales persistentes y el narcotráfico en la frontera como emergencias nacionales. Sin embargo, el panel determinó que estas justificaciones no cumplían con los requisitos de la ley.
Argumentos legales y reacción política
La corte subrayó que el propio gobierno admitió en audiencias que el objetivo principal de los aranceles era “presionar” a otros países para lograr mejores acuerdos, lo cual evidencia que la medida estaba orientada más a la política exterior que a una emergencia real. “El argumento del gobierno sobre ejercer presión implica, en efecto, que el impacto directo de los aranceles es simplemente castigar a los países destinatarios”, escribió el tribunal, integrado por jueces designados por Trump, Obama y Reagan.
Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, criticó el fallo y aseguró que “no corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar una emergencia nacional”. Afirmó que los déficits comerciales prolongados son una amenaza que ha perjudicado a trabajadores y comunidades, debilitando la base industrial de defensa del país.
Mientras tanto, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, celebró la sentencia y advirtió que los aranceles representaban “un aumento masivo de impuestos para familias trabajadoras y negocios estadounidenses”, con efectos negativos en la inflación y el empleo.
Contexto legal y futuro del caso
La Corte de Comercio Internacional es un tribunal especializado dentro del sistema judicial federal, creado por el Congreso para atender disputas comerciales, incluidos casos de aranceles. Cualquier apelación sigue el mismo camino que una sentencia de tribunal distrital, primero en el Tribunal Federal de Apelaciones y potencialmente en la Corte Suprema.
El caso fue impulsado por una coalición de estados y organizaciones como el Liberty Justice Center, un grupo legal conservador que representa a pequeñas empresas. Argumentaron que los déficits comerciales no representan ni una emergencia ni una amenaza inusual, y que, incluso si lo fueran, la ley no permite imponer aranceles generalizados por esa causa.
Las causas judiciales en cuestión son V.O.S. Selections v. Trump, 25-cv-00066, y Oregon v. Trump, 25-cv-00077, actualmente radicadas en la Corte de Comercio Internacional en Manhattan.