MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Unidas Podemos quiere que se establezcan indicadores de costes de producción en la cadena alimentaria que sirvan de referencia para asegurar que los precios a los que venden agricultores y ganaderos cubran los costes efectivos de producción, y también asegurar la prohibición de la venta a pérdidas.
Así lo trasladarán en sus enmiendas al proyecto de ley de reforma de la Cadena Alimentaria que en estos momentos tramita en el Congreso y así se lo han comunicado en el grupo confederal a las organizaciones UPA, Asaja y COAG durante una reunión en la Cámara Baja.
La responsable parlamentaria de Agricultura de Podemos, Isa Franco, ha defendido que sea el Observatorio de Precios el que se encargue de publicar estos costes de referencia, y ha exigido que el último eslabón de la cadena, los grandes supermercados, puedan vender productos por debajo de su coste.
“Es poco transparente, no da una información real de lo que el producto cuesta y todas esas pérdidas terminan llevándose al eslabón más débil”, ha afirmado Franco, que ha lamentado que, pese a sus limitaciones legales, “se sigue haciendo venta a pérdidas”. “Es una cuestión que España, como país democrático, no lo puede consentir”, ha zanjado.
Irene de Miguel, responsable de Sector Primario en Podemos, ha defendido que esta ley debe dotar de mayor transparencia a la formación de precios, ante el reto de dar rentabilidad al trabajo agrícola, asegurar las oportunidades en el mundo rural y combatir la despoblación.
“No hace falta nada más que justicia, precios justos y reconocimiento del trabajo”, ha reivindicado, por su parte, el diputado Rafa Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, reclamando una prohibición efectiva de la venta a pérdidas. “Se habla muchísimo de la España vaciada, pero para eso es necesario generar tejido productivo y protegerlo”, ha abundado.
Por su parte, las organizaciones agrarias han agradecido a la salida de la reunión a Unidas Podemos su “sensibilidad” a la hora de trasladar varias de sus reivindicaciones al debate parlamentario de una ley que, esperan, sea “más efectiva y eficaz” en su protección al productor del campo.
Álvaro Arepa, de COAG, ha apostado por un registro de contratos como garantía a la hora de reconocer costes de producción, mientras que Montse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA ha expresado su deseo de que la ley “cierre de verdad unas normas de negociación” y permita “otra cultura de agricultura y ganadería” en España.
