VALENCIA, 5 (EUROPA PRESS)
Las organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana han convocado de forma conjunta movilizaciones en Alicante (12 de febrero), el puerto de Castelló (15 de febrero) y el puerto de València para denunciar “la crítica situación que sufre el sector agrario y reivindicar medidas a todas las administraciones”.
Se trata de un plan de acción conjunto organizado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Asaja Alicante, La Unió Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), con el apoyo de las Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, según han explicado en un comunicado.
Tras la primera fase de movilizaciones anunciada, y “en función de las reacciones de las distintas administraciones”, las entidades agrarias no descartan prolongar este calendario de acciones reivindicativas, que también se están produciendo en otras comunidades autónomas de España, en otros países europeos e incluso en Bruselas o en Estrasburgo, como está previsto próximamente.
Paralelamente, el sector ha pedido mantener reuniones para trasladar sus demandas a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y los subdelegados del Gobierno, por un lado, y con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y los consellers de Agricultura, José Luis Aguirre, y de Medio Ambiente, Salomé Pradas, por otra.
Las organizaciones agrarias y cooperativas valencianas alertan de que “la crisis de rentabilidad” de los agricultores y ganaderos “está acelerando el abandono de campos, provoca el despoblamiento del medio rural y el encarecimiento de los alimentos a los consumidores”.
Frente a esta situación, el sector agrario valenciano ha reivindicado reorientar las políticas europeas priorizando la agricultura europea y flexibilizando el Pacto Verde Europeo; reciprocidad en todos los nuevos acuerdos comerciales de la UE con terceros países, así como revisión y estudio de impacto de los acuerdos en vigor y reducción de la burocracia derivada de las políticas agrarias, especialmente a las pequeñas explotaciones; flexibilización del cuaderno digital de explotación.
También reclaman mayor control fitosanitario de las producciones procedentes de países terceros; medidas de apoyo a la adaptación de los cultivos al cambio climático; evitar la reducción de sustancias activas fitosanitarias mientras no existan alternativas eficaces probadas y el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria con prohibición expresa de venta a pérdidas.
Además, piden un plan de choque para aliviar la escalada de los costes de producción; una política y planificación hidrológica, soluciones al problema de falta de ayudas para paliar la sequía y que el Ministerio y Enesa acometan cambios estructurales en los seguros agrarios como herramienta básica de renta, etc.
