Sabotaje a gasolineras en Guadalajara revela una nueva fase de violencia salvaje tras la caída de mandos críticos del narcotráfico
México ha entrado en una espiral de violencia que ya no busca solo el control de las rutas de la droga, sino la parálisis total de la economía formal mediante el terrorismo de infraestructura. Durante las últimas horas, imágenes de cámaras de seguridad (CCTV) han captado el momento en que individuos vinculados al crimen organizado intentaron prender fuego a estaciones de servicio en Guadalajara, la segunda ciudad más importante del país. Aunque este intento específico falló en su ejecución técnica, la oleada de narcobloqueos, incendios de vehículos y ataques coordinados en el estado de Jalisco revela una estrategia de "tierra quemada" destinada a chantajear al Estado mexicano. Este hecho revela una vulnerabilidad extrema en la cadena de suministro energético, situando a la inversión extranjera y al comercio nacional en un escenario de riesgo sistémico que las autoridades parecen incapaces de contener.
El ataque a las gasolineras en Guadalajara no es un hecho aislado, sino la punta de lanza de una ofensiva contra el sistema de abastecimiento de combustible. Lo más grave de este movimiento es el cambio de objetivo: del enfrentamiento directo con las fuerzas del orden al sabotaje de puntos estratégicos para la movilidad ciudadana. El uso de combustible para incendiar estaciones de servicio busca generar un efecto multiplicador de pánico que obligue a la población a recluirse, logrando una parálisis económica de facto. El diagnóstico es inequívoco: los cárteles han descubierto que atacar el yugular energético de las ciudades es mucho más rentable políticamente que el combate frontal en las sierras.
Este hecho revela una sofisticación táctica preocupante. Al intentar convertir las gasolineras en bombas de gran escala, el crimen organizado busca saturar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad, que ya se encuentran desbordadas por los bloqueos en las principales autopistas del estado. La consecuencia es clara: el sentimiento de indefensión del sector empresarial ha alcanzado máximos históricos, justo cuando el país intenta posicionarse como el hub logístico alternativo a China mediante el nearshoring. La realidad de las llamas en Jalisco desmiente cualquier narrativa de pacificación y pone en duda la viabilidad de los contratos de inversión a largo plazo en la región.
Guadalajara: el epicentro del sabotaje
Las grabaciones de CCTV que circulan en redes sociales muestran a sujetos encapuchados rociando líquidos inflamables en las bombas de una estación de servicio en la zona metropolitana de Guadalajara. Aunque el sistema de seguridad de la planta evitó una explosión masiva, el mensaje ha calado hondo en la confianza del consumidor. Este intento de incendio es el síntoma de una respuesta coordinada tras la caída de figuras clave en la estructura de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El contraste con la seguridad habitual de la capital jalisciense resulta demoledor; Guadalajara ha pasado de ser el motor industrial del occidente mexicano a convertirse en el escenario de una insurgencia criminal de baja intensidad.
Lo más grave es que estos ataques se producen de forma simultánea a la quema de camiones de carga y autobuses de transporte público en más de diez puntos estratégicos de la red vial. La parálisis logística en Jalisco afecta directamente al flujo de mercancías hacia el puerto de Manzanillo y hacia la frontera con Estados Unidos, generando pérdidas que los analistas del sector privado ya estiman en más de 150 millones de dólares diarios por el cese de operaciones y el daño a la propiedad privada. El diagnóstico de los expertos en inteligencia es que estamos ante una maniobra de distracción para permitir la huida de mandos medios o para forzar una tregua con el Gobierno federal mediante la extorsión pública.
Terrorismo económico y parálisis logística
La táctica de los narcobloqueos ha mutado en una forma de terrorismo económico que asfixia a las medianas y grandes empresas por igual. Al cerrar las arterias de comunicación de Jalisco, los cárteles no solo impiden el movimiento de tropas, sino que detienen el suministro de bienes de consumo básico. Este hecho revela una debilidad estructural en la arquitectura de seguridad nacional: el Estado mexicano ha perdido el control de las carreteras, cediendo la soberanía de las vías de comunicación a grupos que imponen su propia "ley de peaje" mediante el fuego. El impacto en los precios es inmediato, alimentando una inflación regional que castiga a las clases más desfavorecidas.
«No estamos ante simples actos de delincuencia, sino ante una estrategia deliberada de denegación de acceso y destrucción de activos productivos», señalan fuentes de la patronal mexicana. La consecuencia es un incremento exponencial en las primas de seguro para el transporte de carga, que en Jalisco han subido un 22% en el último semestre. Las empresas logísticas se ven obligadas a contratar escoltas privados y a invertir en sistemas de seguimiento satelital de alta gama, lo que eleva los costes operativos y reduce la competitividad de las exportaciones mexicanas. El diagnóstico es el de una economía de guerra donde el coste de seguridad está canibalizando los márgenes de beneficio del sector productivo.
El origen de la ineficiencia de seguridad
La pregunta que se hace el mercado es por qué las autoridades, a pesar del despliegue masivo de la Guardia Nacional, no logran anticiparse a estos actos de sabotaje. La respuesta reside en la ineficiencia crónica de los sistemas de inteligencia preventiva. A pesar de contar con tecnología de vigilancia y apoyo de agencias internacionales, el tiempo de reacción de las fuerzas federales ante los bloqueos y ataques a estaciones de servicio sigue superando los 45 minutos, tiempo más que suficiente para que los comandos criminales ejecuten el sabotaje y se retiren sin ser capturados.
Este hecho revela una falta de coordinación alarmante entre el nivel estatal y el federal. Mientras el Gobierno de Jalisco clama por un mayor respaldo, la estrategia centralizada desde Ciudad de México parece priorizar la contención política sobre la eficacia operativa. La consecuencia es una fragmentación de la autoridad que los cárteles explotan con maestría. «El diagnóstico es inequívoco: se ha permitido que el crimen organizado desarrolle una capacidad de movilización superior a la del propio Estado en zonas urbanas críticas», afirman analistas de defensa. El contraste con las promesas de seguridad del Ejecutivo resulta demoledor para la opinión pública, que observa cómo los búnkeres de lujo de Palm Beach sufren intentos de asalto mientras las calles de Guadalajara arden sin control.
Los datos que nadie quiere ver
Si analizamos las cifras, la magnitud de la crisis en Jalisco es abrumadora. En lo que va de 2026, el estado ha registrado un incremento del 18% en ataques a la propiedad privada vinculados al crimen organizado. Los narcobloqueos han pasado de ser eventos excepcionales a convertirse en una realidad semanal que afecta al 35% de las rutas comerciales que conectan el centro con el occidente del país. Estos datos revelan una erosión de la autoridad que no se puede maquillar con comunicados oficiales de «normalidad recuperada».
Además, el impacto en el sector energético es cuantificable: más de 40 estaciones de servicio en la región de los Altos de Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara han reportado amenazas de extorsión o intentos de sabotaje en el último trimestre. El riesgo de un desabastecimiento provocado por el miedo de los gasolineros a operar en zonas de conflicto es real. Si el suministro de combustible se detiene, la economía de Jalisco, que representa el 7,1% del PIB nacional, entraría en un colapso del que tardaría años en recuperarse. La consecuencia de ignorar estos indicadores es un efecto dominó que podría extenderse a estados vecinos como Guanajuato y Michoacán, consolidando un corredor de inestabilidad en el corazón industrial de México.
La presión de los Estados Unidos, especialmente ante las amenazas de Donald Trump de intervenir directamente en México para combatir a los «narcoterroristas», será el factor que determine la respuesta de la administración Sheinbaum. El éxito en la caída de «El Mencho» ha sido una victoria pírrica que ha dejado un vacío de poder que las facciones se disputan a sangre y fuego. El diagnóstico final es que Jalisco es hoy el laboratorio de una nueva guerra donde los activos de la economía real son los rehenes. La consecuencia para el inversor internacional es clara: México es un mercado de alta rentabilidad pero con una seguridad jurídica y física que hoy se encuentra en mínimos históricos.
Las llamas en las gasolineras de Jalisco son el certificado de defunción de una estrategia de seguridad basada en la evasión del conflicto. El diagnóstico es lapidario: el Estado ha permitido que el crimen organizado se convierta en un actor económico con capacidad de veto sobre el funcionamiento diario de la nación. Mientras las cámaras de CCTV sigan registrando la impunidad de los encapuchados en Guadalajara, la imagen de México como un destino seguro para el capital global seguirá consumiéndose en el mismo fuego que hoy asola las estaciones de servicio de Jalisco.