La Casa Blanca decide el futuro de las ‘stablecoins’ en EE UU

Una reunión que rompe la inercia regulatoria

La cita en la Casa Blanca no encaja en la categoría de reunión técnica o rutinaria. De Andrés insiste en que no se trata de una “cortina de humo” ni de otro episodio más en la batalla política de Washington, sino de un encuentro en el que convergen, por primera vez de forma tan explícita, tres vectores: seguridad financiera, competencia bancaria y transformación digital del dinero. La presencia de los principales actores del sector apunta a que el Ejecutivo es consciente de que la ventana de indefinición regulatoria se está cerrando.

En la práctica, el debate gira en torno a una cuestión sencilla de formular y difícil de responder: ¿seguirán las ‘stablecoins’ siendo un producto semiclandestino, tolerado pero no plenamente integrado, o pasarán a ocupar un espacio oficial dentro de la arquitectura del dólar? La consecuencia no es menor. Una regulación restrictiva podría relegar estas monedas a usos muy concretos, como el pago entre instituciones o la liquidación mayorista. Una norma más abierta, en cambio, permitiría que el ciudadano de a pie siguiera accediendo a rendimientos y servicios que hoy solo encuentra en el ecosistema cripto.

En el fondo, esta reunión marca el momento en que el poder político decide si el dólar tokenizado será una prolongación del viejo sistema bancario o el germen de uno nuevo.

Stablecoins frente a un modelo bancario agotado

El corazón del conflicto pasa por el papel de las ‘stablecoins’ como alternativa silenciosa al modelo bancario clásico. Estas monedas, respaldadas en su mayoría por deuda del Tesoro, han demostrado que es posible tokenizar el dólar y ponerlo a circular casi sin fricción por todo el mundo, con liquidez 24/7 y costes reducidos. Frente a un sistema bancario que opera aún con horarios, intermediarios y capas de burocracia, la propuesta resulta difícil de ignorar.

El análisis de De Andrés subraya que, en este escenario, se enfrentan dos grandes bloques: el de los bancos tradicionales, que ven cómo parte del ahorro se fuga hacia productos cripto, y el de los ‘exchanges’ como Coinbase, que se han posicionado como nuevas “cuentas” para una generación que ya no entiende el dinero sin su versión digital. La tensión se concentra, además, en una cuestión de legitimidad: mientras la banca se ampara en décadas de supervisión, los actores cripto argumentan que ofrecen transparencia en tiempo real y reservas auditables.

Este choque revela un diagnóstico incómodo para el sistema bancario: la digitalización del dinero avanza más rápido fuera de los bancos que dentro de ellos. Y la Casa Blanca debe decidir si frena ese movimiento o lo canaliza dentro del perímetro regulado.

El rendimiento que incomoda a la banca tradicional

Si algo ha acelerado el choque es el diferencial de rendimiento. Mientras las cuentas de ahorro tradicionales ofrecen en torno a un 3% anual en el mejor de los casos, determinadas estructuras ligadas a ‘stablecoins’ permiten alcanzar un 5% sin que el usuario asuma, aparentemente, un riesgo proporcionalmente mayor. La diferencia de dos puntos porcentuales puede parecer marginal sobre el papel, pero supone una brecha significativa cuando se proyecta sobre millones de dólares de ahorro.

Para la banca, este diferencial es una amenaza directa a su modelo de captación de depósitos. Si el cliente medio comprende que puede obtener más rendimiento sobre una representación digital del dólar que sobre el propio depósito en dólares, la lógica del negocio se tambalea. De ahí la presión sobre el regulador para que limite estos rendimientos a usos “muy específicos”, restringiendo su acceso al gran público o imponiendo requisitos tan exigentes que hagan menos atractivo el producto.

Lo más relevante es que el debate no gira solo en torno a la seguridad del instrumento, sino a la capacidad del sistema para aceptar que el ahorro del ciudadano pueda escapar de los canales tradicionales. La consecuencia es clara: si se cierra esa puerta, la banca conservará su posición dominante; si se mantiene abierta, la competencia entrará en territorio hasta ahora reservado a los grandes intermediarios.

Bancos a la defensiva, ‘exchanges’ al ataque

En este pulso, las posiciones están nítidamente trazadas. Los bancos tradicionales se sitúan a la defensiva, tratando de proteger su margen y su papel como intermediarios obligados en casi cualquier movimiento de dinero. Alertan de riesgos de estabilidad, de potenciales fugas de depósitos y de impacto sobre el crédito si una parte relevante del ahorro se refugia en instrumentos tokenizados.

En el lado opuesto, los ‘exchanges’ cripto reivindican su capacidad para ofrecer al usuario final servicios financieros directos, sin capas adicionales de intermediación. Argumentan que los rendimientos proceden de activos reales —fundamentalmente deuda del Tesoro— y que la tecnología de registro distribuido permite un control y una trazabilidad superiores a las del sistema bancario tradicional. Para ellos, la regulación que se decida en Washington definirá si el sector se consolida como parte estructural del sistema o queda relegado a un nicho.

Este hecho revela un choque que ya no es solo tecnológico, sino político. El Gobierno estadounidense se encuentra en la posición de árbitro entre dos industrias que aspiran a controlar el mismo activo: el ahorro del ciudadano. Y la decisión que adopte enviará una señal al resto del mundo sobre qué tipo de competencia financiera está dispuesto a tolerar el país emisor de la principal moneda de reserva global.

La deuda pública al otro lado de cada USDC

Más allá del debate entre bancos y ‘exchanges’, hay un elemento que el análisis de De Andrés coloca en el centro: cada USDC emitida implica una compra automática de deuda estadounidense. Es decir, por cada dólar tokenizado se adquiere, en la práctica, un activo del Tesoro. Este mecanismo convierte a las ‘stablecoins’ en una suerte de canal paralelo de financiación del Estado federal, pero articulado desde el sector privado.

El dato es políticamente difícil de ignorar. En un contexto de elevado endeudamiento, cualquier instrumento que sostenga la demanda de bonos del Tesoro resulta valioso. La cuestión, sin embargo, es si Washington está dispuesto a aceptar ese flujo de financiación a cambio de ceder parte del control directo sobre la circulación del dinero, que pasaría a estar parcialmente intermediado por plataformas privadas globales.

La paradoja es evidente: mientras una regulación excesivamente estricta podría proteger al sistema bancario, también podría limitar una fuente creciente de demanda para la propia deuda estadounidense. Y, al revés, una regulación demasiado laxa consolidaría un canal de financiación que escapa al perímetro de la banca tradicional y reforzaría el poder de los emisores de ‘stablecoins’.

La institucionalización que ya no tiene marcha atrás

La reunión en la Casa Blanca no se entiende sin la creciente institucionalización del sector cripto. De Andrés subraya que la entrada de gigantes financieros como Goldman Sachs marca un punto de no retorno. La firma gestiona en torno a 2,3 billones de dólares en activos cripto bajo su paraguas —según el relato del analista—, una cifra que ilustra cómo el mercado ha dejado de ser territorio exclusivo de minoristas especulativos.

Este proceso supone, en sus palabras, una “capitulación institucional”: las grandes entidades, tras años de recelo, han optado por integrarse en el negocio en lugar de combatirlo desde fuera. El mensaje implícito para los reguladores es contundente: ya no se trata de decidir si el fenómeno cripto debe existir, sino en qué condiciones debe operar y quién controla las reglas del juego.

Bitcoin, XRP y otras grandes criptomonedas han pasado, en este contexto, de ser vistas como apuestas arriesgadas a convertirse en activos cuya evolución se discute en reuniones de alto nivel político. El contraste con los primeros años del ecosistema, cuando el sector apenas era un pie de página en la agenda regulatoria, resulta demoledor.