La UE aprobará verificaciones de identidad para pagos en efectivo y criptoactivos: el nuevo umbral de 3 000 € y la prohibición de efectivo por encima de 10 000 €

La Comisión Europea y el Parlamento de la European Banking Authority (EBA) han avanzado en el diseño de una normativa que busca reforzar la trazabilidad de las transacciones monetarias para combatir la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Bajo este nuevo marco, los Estados miembros deberán exigir que:

• Toda transacción en efectivo que supere los 3 000 € implique un proceso de verificación de identidad para el pagador y el receptor.

• Las operaciones con criptomonedas, independientemente del importe, cuenten con mecanismo de identificación electrónico del usuario y registro del origen de los fondos.

• Los pagos en efectivo de más de 10 000 € queden directamente prohibidos, salvo excepciones muy justificadas.

El regulador europeo parte del análisis del impacto sistémico de las transacciones no identificadas, especialmente en un entorno donde los activos digitales y los pagos en efectivo sin control crecen exponencialmente. Según la regulación vigente para criptoactivos —la Regulation (EU) 2023/1114 (“MiCA”)— ya se exige que los prestadores de servicios de criptoactivos realicen la debida diligencia sobre sus clientes, aplicando medidas reforzadas en los casos de mayor riesgo.

¿Por qué estas medidas?
Una de las principales motivaciones es evitar que el pago en efectivo o las criptomonedas funcionen como canales opacos para ocultar actividades ilícitas. Los 3 000 € como umbral para identificación responden a análisis de riesgo que apuntan a que importes menores rara vez justifican engranajes criminales, mientras que los pagos por encima de 10 000 € ya representan un nivel de riesgo elevado y frecuente en operaciones de blanqueo.

En cuanto a las criptomonedas, la exigencia de identificación sin importar el importe se basa en que estos activos pueden desplazarse internacionalmente con facilidad y sin infraestructura bancaria tradicional, lo que los convierte en una pieza clave en las cadenas de valor delictivas.

Impactos esperados

• Para los ciudadanos y negocios: se intensificará la obligación de identificación en tiendas, cajeros o plataformas de criptoactivos. Los pagos en efectivo grandes quedarán restringidos y las plataformas de intercambio deberán recabar datos de cliente (KYC) incluso para micropagos con criptomonedas.

• Para los países miembros: deberán adaptar su normativa interna, instrumentos de supervisión y bases de datos de identificación. Las autoridades de supervisión financieras tendrán mayor acceso a registros de transacciones de criptoactivos y flujos de efectivo.

• Para el sector cripto: regímenes más estrictos de identidad y seguimiento podrían limitar el anonimato de ciertas monedas, dificultando la operativa de intercambios no regulados. Ya se han publicado borradores que plantean la prohibición de “wallets” anónimas desde 2027.

Desafíos y críticas
Algunas voces critican que estos umbrales puedan afectar al uso cotidiano del efectivo, especialmente en economías donde aún predomina. También se plantea la tensión entre protección de datos personales y los nuevos requisitos de identificación masiva. La implementación práctica —coordinación entre Estado, bancos, comercios y plataformas cripto— será clave.

Calendario previsto
Aunque el borrador aún no ha sido formalmente adoptado por todos los Estados miembros, se espera que los nuevos requisitos entren en vigor de forma gradual en los próximos 12 a 24 meses, dando margen para la adaptación legislativa y técnica.
La iniciativa de la UE representa un paso significativo hacia la digitalización y trazabilidad del dinero y los criptoactivos. Con el nuevo régimen de verificación para efectivo (desde 3 000 €), la prohibición para pagos superiores a 10 000 € y la identificación obligatoria para criptotransacciones, se afianza la voluntad europea de cerrar agujeros en el sistema financiero que facilitan actividades ilícitas. La medida redefine el equilibrio entre privacidad, libertad de pago y seguridad financiera en el ecosistema europeo.