NBIM y Calpers lideran el voto en contra por las indemnizaciones millonarias del anterior equipo directivo

El fondo soberano de Noruega, Norges Bank Investment Management (NBIM), ha anunciado su intención de votar en contra del informe de remuneración de Telefónica correspondiente a 2024, que se someterá a votación consultiva en la junta de accionistas del próximo 26 de marzo.

La decisión, publicada en la web del propio NBIM y recogida por Expansión, supone un nuevo toque de atención de los grandes inversores institucionales hacia la política retributiva de la operadora española, especialmente en lo relativo al anterior equipo directivo.

Aunque el informe no es vinculante, su rechazo puede enviar una señal clara de descontento por parte del accionariado internacional.

Indemnizaciones millonarias del anterior equipo directivo

El principal motivo del rechazo son las elevadas indemnizaciones abonadas al antiguo equipo directivo.

• El expresidente José María Álvarez-Pallete recibió 44 millones de euros.

• El exconsejero delegado Ángel Vilá percibió 33 millones de euros.

Estas cifras incluyen indemnizaciones equivalentes a cuatro años de sueldo, así como planes de pensiones y retribuciones a largo plazo, generando un fuerte rechazo entre los inversores.

Los asesores de voto ISS y Glass Lewis también han recomendado votar en contra del informe, señalando como problemas principales estas indemnizaciones, el elevado salario fijo del actual presidente, Marc Murtra, y la falta de transparencia en la retribución variable.

Críticas a la falta de transparencia retributiva

NBIM ha justificado su postura basándose en criterios de buen gobierno corporativo. El fondo considera que una parte sustancial del salario debería pagarse en acciones bloqueadas entre cinco y diez años, incluso en caso de salida del directivo.

Además, reclama mayor transparencia en la remuneración total, con el objetivo de evitar situaciones que considera “inaceptables”.

Este posicionamiento refleja la creciente presión de los inversores internacionales para que las empresas alineen la remuneración con el valor a largo plazo.

Presión de grandes fondos internacionales

NBIM cuenta con una participación cercana al 1,5% en Telefónica, pero su peso aumenta al coincidir con otros grandes inversores.

• Los fondos estadounidenses Calpers y Calstrs también votarán en contra, reforzando el voto de protesta.

• Asimismo, estos fondos se opondrán a la reelección como consejera de María Luisa García Blanco, por su papel en la comisión que aprobó las indemnizaciones del anterior equipo directivo.

Entre los principales accionistas destaca la SEPI, con un 10% del capital, que el año pasado optó por abstenerse en este punto. Otros accionistas relevantes son CriteriaCaixa, Saudi Telecom y BBVA, cuyo posicionamiento será clave para medir el alcance del rechazo.

Apoyo a la gestión actual y advertencias previas

NBIM sí respalda el resto de los puntos del orden del día, incluida la política de remuneración futura. Sin embargo, el fondo había mostrado su desacuerdo anteriormente al votar contra la ratificación de Marc Murtra como presidente ejecutivo, considerando que acumula demasiado poder.

El activismo de NBIM no se limita a Telefónica: el fondo ha anunciado que también votará en contra de varios consejeros en Naturgy, por considerar que falta independencia en el consejo.

Telefónica evita comentarios

Desde Negocios TV se consultó a Telefónica sobre esta situación, pero la compañía declinó hacer comentarios.

La votación del próximo 26 de marzo será clave para medir el nivel de rechazo a la retribución del anterior equipo directivo, y podría influir en futuras decisiones sobre gobierno corporativo y políticas de remuneración en la operadora española.

NBIM lidera un voto de protesta internacional contra Telefónica, junto a grandes fondos como Calpers y Calstrs, centrado en las indemnizaciones millonarias del equipo directivo anterior y la falta de transparencia en la retribución. La decisión de la junta del 26 de marzo será un indicador crucial del poder de los inversores institucionales en la política de remuneraciones de la compañía y podría marcar un precedente para el gobierno corporativo en España.