El ingreso mínimo vital crece mientras España pierde 60.000 empresas

El último balance sobre el ingreso mínimo vital (IMV) vuelve a poner en el centro del debate la relación entre política social y la salud del tejido empresarial español. Según datos recientes, casi 765.000 hogares perciben esta prestación, lo que supone más de 2,3 millones de beneficiarios en total. Un dato especialmente significativo es que el 41 % de los receptores son niños, niñas y adolescentes, lo que evidencia su impacto directo en la infancia y en la lucha contra la pobreza.

El incremento del 17,8 % respecto al año anterior confirma que cada vez más familias dependen de este apoyo estatal para sostener su día a día. Desde el Gobierno se subraya el papel del IMV como herramienta de cohesión social, aunque el debate se centra en si este subsidio está logrando ser una vía hacia la reinserción laboral o, por el contrario, se ha convertido en un mecanismo de dependencia.

A la par que crece el número de beneficiarios, las cifras empresariales dibujan un panorama inquietante. España ha perdido 60.000 empresas desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. El número de compañías activas se sitúa en 1.457.368 en junio, una caída que no se veía desde el golpe de la pandemia. Esta contracción del tejido empresarial se traduce en menos dinamismo, menos inversión y, en última instancia, menos capacidad para generar empleo.

El contraste es evidente: mientras aumenta el gasto en subsidios sociales, el ecosistema empresarial se reduce. El reto está en equilibrar ambos ejes —protección social y fortaleza económica— para garantizar que el IMV no sea un destino final, sino un puente hacia la inclusión laboral y una vida mejor.

La cuestión, en definitiva, no es solo celebrar la existencia de esta prestación, sino preguntarse cómo lograr que cada vez más familias puedan prescindir de ella gracias a un mercado laboral más sólido y un tejido productivo que crezca en lugar de contraerse