La Cámara de EE.UU. frena por 219-211 los aranceles de Trump a Canadá
La política comercial de Donald Trump acaba de recibir su mayor correctivo institucional desde que regresó a la Casa Blanca. Por 219 votos frente a 211, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó una resolución para revocar los aranceles impuestos a las importaciones procedentes de Canadá. Seis republicanos se desmarcaron de su propio presidente, en plena precampaña para las legislativas de mitad de mandato, mientras solo un demócrata votó en contra. La iniciativa tiene un alcance práctico limitado: necesita el visto bueno del Senado y, sobre todo, superar un veto que Trump ya ha prometido ejercer.
Una rebelión inusual en la Cámara republicana
La resolución, impulsada por el demócrata neoyorquino Gregory Meeks, busca poner fin a la declaración de emergencia nacional con la que Trump justificó en 2025 los aranceles a Canadá. La votación, 219-211, refleja una fractura poco habitual en una Cámara controlada por los republicanos y hasta ahora alineada con la agenda proteccionista del presidente.
Los seis diputados que rompieron la disciplina de partido representan distritos moderados, muy expuestos al comercio con Canadá y a la industria manufacturera. Saben que defender aranceles impopulares en un contexto de inflación aún sensible para el votante medio puede costarles el escaño. De hecho, encuestas recientes sitúan el rechazo a la política arancelaria de Trump en torno al 60% de la opinión pública estadounidense.
El liderazgo republicano trató de frenar la rebelión. El speaker Mike Johnson intentó retrasar la votación alegando que el Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre los poderes de emergencia del presidente en materia comercial, pero la maniobra fracasó.
“No podemos convertir la palabra ‘emergencia’ en un cheque en blanco para rediseñar la política comercial del país”, resumía uno de los republicanos díscolos durante el debate, según fuentes presentes en el hemiciclo. La consecuencia es clara: por primera vez en esta legislatura, Trump comprueba que una parte de su propio partido está dispuesta a desafiarle en uno de los pilares de su discurso económico.
Un arancel del 35% que castiga a los hogares estadounidenses
Los aranceles cuestionados no son menores. Sobre la base de una orden ejecutiva firmada el 1 de febrero de 2025, la Administración Trump impuso un recargo inicial del 25% a la mayoría de los bienes canadienses, que posteriormente elevó al 35% para los productos no cubiertos por el acuerdo USMCA y al 10% para buena parte de las importaciones energéticas.
La Casa Blanca justificó estas medidas en una supuesta “emergencia” vinculada al tráfico de fentanilo a través de la frontera norte. Sin embargo, ni las autoridades estadounidenses ni las canadienses han aportado datos que vinculen de forma directa esas rutas de droga con el comercio legal entre ambos países.
Mientras tanto, los efectos económicos sí están documentados. Estudios citados en el propio Congreso apuntan a que más del 90% del coste de los aranceles lo soportan empresas y consumidores estadounidenses, y no los exportadores canadienses. El resultado es doble: encarecimiento de bienes básicos –desde alimentos procesados hasta materiales de construcción– y presión añadida sobre una inflación que la Reserva Federal trata de domar desde 2022.
El líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, lo resumió durante el debate: “Estamos gravando a las familias estadounidenses para castigar a un aliado que nos suministra energía, materias primas y estabilidad”. Detrás de la frase hay un diagnóstico inequívoco: el enemigo de esta política no es China, sino la renta disponible de los hogares estadounidenses.
Canadá, segundo socio comercial de EEUU en el punto de mira
La dureza de la ofensiva arancelaria contrasta con la realidad económica. En 2024, el comercio de bienes y servicios entre Estados Unidos y Canadá alcanzó unos 909.000 millones de dólares, lo que consolida a Canadá como segundo socio comercial de Washington, solo por detrás de México.
Cada día cruzan la frontera bienes y servicios por valor de unos 3.600 millones de dólares, sosteniendo millones de empleos a ambos lados y cadenas de suministro que funcionan como un mercado casi integrado en sectores como automoción, aeroespacial, agroalimentario o farmacéutico.
Además, Canadá suministra alrededor del 63% del crudo que importa Estados Unidos, frente al 38% de hace una década, según datos del propio Congreso estadounidense. Penalizar a ese proveedor con aranceles generalizados implica encarecer la energía para las refinerías y, por extensión, para el consumidor final.
Este hecho revela la paradoja central de la estrategia de Trump: en nombre de la seguridad económica y energética, se está golpeando precisamente a quien aporta estabilidad y previsibilidad a la economía norteamericana. Convertir a Canadá en objetivo preferente de una guerra arancelaria equivale a disparar contra el pilar central del mercado norteamericano, alertan varias patronales de ambos países.
La amenaza del 100% y la sombra de China
La votación en la Cámara llega apenas dos semanas después de que Trump amenazara con imponer un arancel del 100% a todos los productos canadienses si Ottawa sigue adelante con un acuerdo comercial con China.
En un mensaje en su red social, el presidente advirtió de que Canadá se convertiría en un “puerto de descarga” para que Pekín sortee los controles estadounidenses, y aseguró que “China devorará a Canadá” si el país se acerca demasiado a la potencia asiática.
La amenaza se produce después de que el primer ministro canadiense Mark Carney cerrara con Pekín un acuerdo para rebajar aranceles a vehículos eléctricos chinos a cambio de alivio para exportaciones agrícolas canadienses. Aunque Ottawa insiste en que no está negociando un tratado de libre comercio completo con China, la reacción de Washington ha sido inmediata y desproporcionada: la escalada retórica ha disparado la prima de riesgo política asociada a cualquier inversión que dependa de la integración norteamericana.
La consecuencia es clara: el conflicto deja de ser bilateral y se convierte en un aviso al resto de aliados. Si Trump está dispuesto a amenazar con un 100% de arancel a un socio tan integrado como Canadá, ningún país con superávit comercial con Estados Unidos puede sentirse a salvo.
Qué está en juego: empleo, inflación y confianza inversora
Más allá de la batalla institucional, el choque tiene una dimensión macroeconómica evidente. Las cifras internas del propio Gobierno estadounidense muestran que, pese al aumento de la protección, el empleo manufacturero sigue por debajo de los niveles previos a 2023, con más de 70.000 puestos industriales menos que antes de la nueva oleada de aranceles.
Al mismo tiempo, los mercados financieros reaccionan a cada gesto de tensión. La reciente amenaza del 100% a Canadá contribuyó a que el oro superara los 5.100 dólares por onza y la plata marcase máximos históricos, en un síntoma de búsqueda de refugio ante el riesgo de una nueva guerra comercial global.
Para los inversores, el problema no es solo el nivel de los aranceles, sino la imprevisibilidad. Empresas con cadenas de suministro a caballo entre Canadá y Estados Unidos —desde la automoción hasta la química— se ven obligadas a replantear inversiones, seguros de cambio y decisiones de capacidad productiva a medio plazo. El encarecimiento de importaciones clave puede añadir varias décimas de punto a la inflación estadounidense en 2026, complicando la hoja de ruta de la Reserva Federal para bajar tipos.
El contraste con otras regiones resulta demoledor: mientras la Unión Europea intenta blindar marcos regulatorios estables para atraer inversiones estratégicas, la primera economía del mundo envía la señal de que su política comercial puede reescribirse por tuit y decreto de emergencia.
La batalla por recuperar el control del comercio en el Congreso
En el fondo, la votación de esta semana es un capítulo más de una batalla institucional que va más allá de Canadá. Desde hace años, el Congreso debate cómo limitar el uso de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) para justificar aranceles generalizados sin pasar por el legislativo. Los tribunales ya han comenzado a poner freno: en 2025, la Corte de Comercio Internacional dictaminó que las llamadas “tarifas del Día de la Liberación” de Trump excedían las facultades que le concede la ley de emergencias económicas.
En paralelo, se tramita la llamada Trade Review Act, destinada a reforzar la supervisión del Congreso sobre cualquier subida arancelaria superior al 15% o vigente más de 150 días. La resolución sobre Canadá se apoya en otro resorte legal: la posibilidad de que las cámaras rescindan una declaración de emergencia nacional mediante una votación simple.
Si el Senado ratifica el texto —algo aún incierto—, Trump estará obligado a usar el veto para mantener sus aranceles. Desde el punto de vista político, eso le situará en la posición incómoda de defender, en plena campaña, un impuesto implícito sobre el consumo en nombre de una “mano dura” que muchos economistas consideran contraproducente.