La Corte Suprema emite una orden que permite al presidente Trump bloquear los fondos de SNAP

La Corte Suprema de Estados Unidos, mediante una orden expedida el 7 de noviembre de 2025, ha concedido a la administración de Donald Trump la posibilidad de no cumplir de inmediato con un fallo judicial que exigía el pago íntegro del programa SNAP a millones de beneficiarios. Esta medida, aunque temporal, abre una fuerte controversia política, social y humanitaria.

¿Qué ha decidido la Corte Suprema?

Una jueza asociada, Ketanji Brown Jackson, resolvió levantar de forma provisional un mandato de un tribunal inferior que obligaba al Departamento de Agricultura (USDA) a utilizar los fondos de contingencia para cubrir los pagos completos de SNAP para noviembre.
El fallo no resuelve el fondo del litigio, pero sí suspende temporalmente la ejecución urgente de esa orden, permitiendo que la administración posponga el desembolso hasta que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito se pronuncie.

El desencadenante es el cierre del Gobierno federal, que ha impedido la asignación normal de fondos para SNAP. Ante esa falta de recursos, la administración había anunciado que distribuiría solo una parte —aproximadamente el 65%— de los beneficios del programa.
Los demandantes —ciudades, estados y organizaciones sin ánimo de lucro— señalaron que suspender o reducir los pagos podría causar “irreparable daño” a decenas de millones de personas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué alcance tiene la orden?

• Esta medida no autoriza una suspensión indefinida del programa, solo concede más tiempo para que el proceso judicial continúe.

• Los pagos se encuentran en un limbo: algunos estados habían comenzado ya el proceso de distribución completa, otros estaban preparados para hacer solo parciales. La orden de la Corte genera incertidumbre para los beneficiarios.

• La administración argumenta que usar los fondos de contingencia pondría en riesgo otros programas de nutrición, como los comedores escolares.

Implicaciones políticas, sociales y económicas

• Para millones de beneficiarios (~42 millones de personas), la medida genera una amenaza real de demora o recorte en la asistencia alimentaria, lo que podría intensificar la inseguridad alimentaria y la tensión social.

• Desde el plano político, la decisión refuerza el poder de la administración Trump al permitirle mantener una mayor discreción sobre el gasto social durante el cierre del Gobierno.

• Socialmente, el símbolo de un programa clave como SNAP en litigio agudiza el debate sobre la responsabilidad del Estado frente a grupos vulnerables.

• Económicamente, la interrupción del flujo de pagos puede impactar en el consumo de las familias beneficiarias, lo que a su vez tiene efectos en el comercio minorista y en regiones con gran dependencia del programa.

¿Qué puede pasar ahora?

La apelación ante el Primer Circuito determinará si la administración deberá restablecer inmediatamente los pagos completos o puede seguir proporcionando solo beneficios limitados hasta que exista una financiación congresual. Mientras tanto, la Corte Suprema podría volverse a pronunciar sobre el fondo del asunto.
El escenario de incertidumbre se mantendrá hasta que el conflicto presupuestario del Gobierno se resuelva, ya que la prolongación del cierre impide la asignación tradicional de fondos para los programas sociales.